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La Procuraduría General de la República advirtió que podría ser inconstitucional, el Ministerio de Haciendo mostró su oposición por no estar alineado con otras políticas de Gobierno en materia fiscal y la Contraloría cuestionó una serie de omisiones que afectarían a los usuarios.
Esas son solo algunas de las reacciones con que chocó la iniciativa del Gobierno para regular los servicios de transporte que operan mediante plataformas electrónicas, presentada a finales de enero.
El proyecto denominado Reforma al Sistema de Transporte Remunerado de Personas y Regulación de las Empresas de Plataformas Tecnológicas de Transporte (Expediente 21.228) tampoco fue bien recibido por las propias empresas aludidas, como Uber, ni los taxistas. Incluso los diputados de la fracción oficialista lo calificaron de “insalvable”.
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Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes, defiende el texto, sobre todo porque to ma en cuenta el aspecto social, yt asegura que las debilidades señaladas son producto de la presión que recibió de parte de los diputados para presentar una proyecto de ley.
“Nosotros iniciamos el gobierno con un problema que se había agudizado, porque esto se debió haber atendido mucho tiempo atrás (...) tuvimos un diálogo muy intenso con los operadores de taxis, y tratamos de hacerlos comprender de que la mejor manera de resolver el problema, por el hecho de que había un servicio que se daba ilegalmente, pero estaba consolidado, era trabajando en un texto que permitiera la convivencia de una manera justa.
“Y cuando llegamos a un punto donde ellos estaban aceptando, la Asamblea decide que ellos retomarán el tema y nos lo quita de las manos. Ahí es donde nos vemos en la obligación de trabajar en un texto sin que tuviéramos la posibilidad de socializarlo, de llamar a audiencias de buscar las opiniones, de participar a los usuarios, porque eso hubiera tomado un plazo mucho más largo y la Asamblea me puso un mes y yo tuve que buscar dos extensiones y al final me dijeron ‘ya tiene que entregarlo’”, aseguró Méndez Mata en una entrevista con La Nación, la semana anterior.
El jerarca reconoció que si bien no contó con información técnica para sustentar el texto, tuvieron asistencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para conocer lo que se había hecho en otros países en busca de soluciones.
Además, dijo, a su criterio no se debe ver el tema de Uber sin prestar atención al problema social, que buscan atender con el fondo de movilidad planteado en proyecto de ley.
“Yo no tengo la menor duda de que ese sector (los taxistas) ha sufrido, por más que no sea el más popular. no tengo la menor duda de que han tenido un impacto económico social muy fuerte.
“Se trata de algo justo, porque sino, vamos a tener el problema en las calles hoy y siempre y no hemos visto lo peor, porque si no se atiende el problema social de 20.000 familias que posiblemente dependen y viven de la operación de los taxis, si no atendemos ese problema social y creemos que simplemente lo que tenemos que hacer es atender el problema de Uber sin mirar a ese lado social, es una forma equivocada”, aseguró el jerarca.
Las principales debilidades señaladas por los diversos sectores recaen en la falta de sustento técnico a la hora de fijar rubros, como el canon anual que deben pagar los conductores o la multa propuesta para Uber por haber empezado a operar (y mantenerse durante casi cuatro años) de manera ilegal, así como la creación de un fondo de movilidad para ayudar a los taxistas que han visto afectada su actividad.
Para Méndez Mata, los “principios” que establecieron en el texto son “absolutamente válidos” y su rechazo por parte de los diversos sectores se da porque no se ha logrado comprender cómo funciona el transporte público.
“El transporte público está funcionando al revés, tenemos 5.500 buses brindando servicios regulados, 12.500 buses y busetas de servicios especiales –más del doble– y 50.000 taxis, cuando el taxi es un servicio complementario porque es individual, y más bien las voces en la Asamblea dicen que hay que quitarle los límites y uno escucha a quienes son dueños de plataforma que quieren operar con más libertad”, dijo el jerarca.
Oposición
Para Paola Vega, diputada del Partido Acción Ciudadana y quien formó parte de la Comisión de Asuntos Económicos (donde es analizada la iniciativa) el proyecto del ejecutivo es “insalvable”, pues a su criterio el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) no entendió las necesidades que había en esa materia.
“No ayuda ni al gremio de taxistas ni a Uber, todo el mundo lo cuestionó, no hubo una sola audiencia que hablara bien del proyecto. En nuestro caso estaríamos haciendo un nuevo texto”, dijo Vega.
La legisladora señaló como algunas debilidades, la existencia de montos “desproporcionados” que pueden caer en vicios de inconstitucionalidad, además dijo, se quiere “taxificar” a Uber.
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“Establece multas, sanciones de manera retroactiva que no tienen justificación de ser, entorpeciendo la operación de Uber, al mismo tiempo crea una especie de canon que debería financiar el fondo de movilidad, pero también estaría financiando temas de asistencia social, lo cual entraría en un conflicto de competencias tremenda”, explicó.
Vega aseguró que tampoco tiene razón de ser el establecer límite al número de vehículos.
Ella considera que las explicaciones del ministro sobre la supuesta premura para elaborar el texto, “no son de recibo”.
“No es una justificación, hubo mucho tiempo, más de medio año para poder hacerlo, hubo la anuencia en la Comisión para colaborar y ellos lo defendieron como un texto blindado y preciso”, manifestó.
Por su parte, el diputado socialcristiano Pablo Heriberto Abarca, quien presidía el foro legislativo , cree que el proyecto requiere una cirugía mayor, que posiblemente no la va a soportar.
“No hay sustento técnico para una serie de tarifas y de montos que se están estableciendo, se está defectuando la naturaleza del Consejo de Transporte Público (CTP), administrando fondos para básicamente ser un imas (entidad de ayudas) y mantiene al servicio de plataforma como un servicio público pero no deja claro cuál es su característica”, dijo Abarca.
En tanto, el viceministro de Hacienda Nogui Acosta, también durante su comparecencia ante los diputados de Asuntos Económicos, manifestó la oposición de ese ministerio.
La mayor preocupación tiene que ver con el impuesto de 3% para el fondo de movilidad, pues va en contra de la lucha contra la desconcentración de órganos ministeriales.
"Con el proyecto de ley crearíamos un fondo con personería jurídica y con la posibilidad nuevamente de salirse de la regulación que hoy queremos hacer a través de los presupuestos.
“Por otra parte nos parece que este fondo tiene una serie de funciones y características que no son contestes con la actividad propia del CTP, nos parece que no corresponde al Consejo analizar la situación socioeconómica de los beneficiaros del fondo”, dijo Acosta.
Además también mencionó contradicciones sobre las rentas cobradas, pues dijo se establece un impuesto de 8,5% sobre remesas en el exterior, pero parte de esos dineros regresan al país en el pago que se hace a los conductores y que se gravarían con el impuesto de renta, por lo que habría doble tributación.
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Sin datos
Méndez Mata insistió que el proyecto se puede modificar y según dijo lo que buscaba con los montos establecidos era saldar una deuda, pues durante mucho tiempo se ha brindado un servicio, que según la empresa ha significado el traslado de una cantidad de recursos “sorprendente” y sobre los cuales no se ha pagado impuestos al país.
Además, sostuvo que también busca formalizar el empleo de los 22.000 conductores que la empresa dice tener registrados, pues actualmente no se les exige el pago de cargas sociales.
El jerarca insistió en que la falta de sustento técnico señalada por los diputados se da por la negativa de la empresa a suministrar datos.
“¿Es cierto que hay 22.000 choferes? No sé, nadie lo sabe, ellos no dan respuesta”, agregó.
Esa afirmación, fue refutada por la representante de Uber el pasado 23 de abril.
Durante su comparecencia, Zoraida Rodríguez, directora de Relaciones Gubernamentales y Políticas Públicas para Centroamérica y Caribe de Uber, aseguró que desde la llegada de la empresa al país han buscado acercamientos con el Gobierno para lograr una “regulación apropiada”.
“En este Gobierno no nos fue contestada ninguna de nuestras solicitudes de cita, con relación a la información, nosotros hemos entregado información a Hacienda con lo que nos solicitaron” manifestó durante su intervención.
De acuerdo con Rodríguez, declarar Uber como un servicio público, “desnaturaliza el espíritu de la actividad” y tendría consecuencias para el servicio pues comprometería las medidas de seguridad ya que los socios no podrían negarse a brindar un servicio por razones de seguridad.
Además calificó la multa mencionada como una medida “arbitraria” y la tarifa de inscripción para otras plataformas, fijada en ¢45 millones, como un límite a emprendimientos nacionales.
Sobre el límite de socios, la representante de Uber dijo que el Gobierno desconoce la realidad social de que ya existen 22.000 socios y si se limita la oferta, no solo se privaría a esas personas de generar ingresos, sino que encarece el servicio.
El ministro de Obras Públicas aseguró que no se desligará del tema y dará un plazo para ver las observaciones que hagan los diputados.
