La Superintendencia de Pensiones (Supén) lanzó una nueva alerta a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por la forma como administra el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
La entidad fiscalizadora advirtió sobre la alta concentración de las inversiones de la reserva del IVM en bonos de deuda del Gobierno, lo cual expone al fondo a un riesgo por la situación fiscal del país. Por lo cual, estimó “conveniente” diversificar el portafolio para bajar la exposición.
Actualmente, la reserva del IVM —el régimen con mayor número de cotizantes y pensionados del país— presenta una alta concentración en emisiones del sector público, especialmente del Ministerio de Hacienda.
Al 31 de mayo del 2025, último dato disponible ante la ausencia de estados financieros por la implementación del nuevo sistema contable ERP-SAP, la CCSS reportaba inversiones por ¢2,6 billones. De ese monto, el 76% —¢2 billones— estaba invertido en bonos del Gobierno Central.
Ante consultas de La Nación sobre esta distribución, la entidad supervisora indicó que, desde un criterio técnico, resulta recomendable avanzar hacia una mayor variedad de instrumentos, de acuerdo con el perfil de riesgo del fondo y su situación actuarial.
“La Supén ha señalado de forma consistente la importancia de la diversificación para reducir riesgos. Una alta concentración en títulos del Gobierno expone al régimen al llamado ‘riesgo país’; es decir, a la situación fiscal y económica del propio Estado”, señaló la entidad mediante su oficina de prensa.
“Por esa razón, en el ámbito de los fondos complementarios (...) se establecen trayectorias graduales hacia una menor concentración. Aunque el IVM no está sujeto a esa normativa, desde una perspectiva técnica se considera conveniente avanzar hacia una mayor diversificación, en función de su apetito de riesgo y su situación actuarial“, señaló la institución supervisora.
La situación señalada por la Superintendencia ocurre en un contexto en que el Gobierno Central mantiene una deuda con el IVM de ¢778.291 millones en cuotas estatales, según los estados financieros del régimen.
La Nación solicitó a la Supén sus recomendaciones para diversificar la actual composición del portafolio del IVM, con el fin de reducir la exposición a bonos del Gobierno y mitigar el denominado “riesgo país” derivado de esa concentración.
De igual forma, se enviaron consultas a la CCSS sobre los señalamientos de la Supén, las razones para privilegiar inversiones en deuda pública y la eventual existencia de planes para ampliar la variedad de instrumentos en su cartera.
Al cierre de edición, ambas respuestas permanecían en trámite.
Diversificar ayuda, pero no resuelve problema
Pese al planteamiento de la Supén, el exsuperintendente de Pensiones, Edgar Robles, manifestó a La Nación que una mayor diversificación, aunque podría elevar los rendimientos del fondo, no resolvería el problema estructural de sostenibilidad del régimen.
“Los rendimientos de la reserva pueden mejorar mucho. Sin embargo, ello no va a solucionar ni cercanamente el problema de sostenibilidad que tiene el régimen, pues lo dejaron desmejorar por muchos años. A como está el régimen, los rendimientos cada vez serán menos relevantes, pues el IVM está en un periodo de desacumulación de la reserva”, señaló.
Actualmente, el régimen del IVM afronta crecientes presiones financieras por los atrasos del Estado en el pago de sus cuotas.
Al cierre del 2025, la Gerencia de Pensiones debió destinar la totalidad de los rendimientos de las inversiones —unos ¢250.000 millones— y tomar ¢50.000 millones adicionales de la reserva para cubrir pensiones y aguinaldos de los 393.000 beneficiarios.
El gerente de Pensiones de la CCSS, Jaime Barrantes, no descartó que la institución deba recurrir otra vez al fondo, pues aunque el Ministerio de Hacienda presupuestó más recursos para el 2026, persiste un faltante cercano a ¢10.000 millones.
A ello se suma una deuda de ¢68.000 millones que el Estado debía girar por orden judicial, a más tardar, en el 2025 y que aún permanece pendiente.
Barrantes advirtió de que, si el gobierno no cancela lo adeudado y se consumen nuevamente los intereses generados por las inversiones, sería necesario utilizar la reserva para cubrir los saldos.
En ese sentido, Javier Cascante, exsuperintendente de Supén, explicó que el esquema ideal del IVM contempla financiar las jubilaciones con las cuotas obrero-patronales y, a la vez, nutrir la reserva para que funcione como respaldo ante contingencias actuariales.
Sin embargo, al utilizar no solo los intereses del fondo, sino también el capital acumulado, el régimen se expone a una situación delicada, con menores rendimientos en el tiempo.
Aunque una mayor diversificación podría aliviar la presión, Cascante advirtió de que el trasfondo obedece a un problema estructural de diseño.
Estructura de inversión del fondo
Los estados financieros con corte a mayo del 2025 revelan que más del 85% de los recursos de la reserva del IVM se encuentran invertidos en instrumentos de deuda pública, tanto del Gobierno Central como de otras entidades estatales.
El mayor peso (76%) corresponde a títulos emitidos por el Ministerio de Hacienda, con ¢2 billones. Le siguen ¢275.577 millones colocados en el resto del sector público y Banco Central de Costa Rica con ¢107.094 millones.
En contraste, la participación del sector privado asciende a ¢156.336 millones y otros instrumentos concentran ¢93.274 millones.
Además, en mayo del 2025 el IVM realizó dos inversiones en bonos del Tesoro de Estados Unidos que, en conjunto, alcanzaron ¢5.000 millones ($10 millones). Se trata de las primeras operaciones en el exterior en la historia del régimen, casi una década después de que la Junta Directiva de la CCSS autorizara dicho mecanismo.
A nivel general, según el más reciente informe sobre la evolución del Sistema Financiero Nacional (SFN), presentado el 12 de febrero por la Supén, los activos del Sistema Nacional de Pensiones alcanzaron el 55% del producto interno bruto (PIB), tras crecer un 11,9% entre el 2024 y el 2025.
Durante ese periodo, predominó la colocación en el sector público, con ¢17 billones, equivalentes al 66,7% del total. Le siguieron las inversiones en el exterior, por ¢6,8 billones (26,7%), y en el sector privado, por ¢1,7 billones (6,7%).
En comparación con el 2024, la Supén indicó que la composición del portafolio muestra un menor peso relativo en deuda pública y un mayor dinamismo en instrumentos internacionales, mientras que la participación privada disminuyó.