El presidente Rodrigo Chaves desautorizó públicamente al ministro de Hacienda interino, Luis Antonio Molina, tal como el expresidente Carlos Alvarado lo hizo con él hace cinco años. La forma fue un tanto diferente, pero el tema de fondo es el mismo.
La mañana del 26 de marzo del 2020, siendo ministro de Hacienda, Chaves anunció que el gobierno propondría un impuesto solidario a los salarios privados y públicos para apoyar a quienes habían perdido sus empleos por la pandemia.
El hoy mandatario precisó que el tributo se cobraría a los sueldos de ¢500.000 en adelante, empezando con una tasa del 5% que subiría conforme más alto fuese el sueldo. La entonces jerarca de Planificación, Pilar Garrido, agregó que el porcentaje máximo sería de un 25%.
A la 1:36 p. m. de ese mismo día, después de que empezaron a surgir críticas en redes sociales, Carlos Alvarado desmintió a su ministro de Hacienda mediante una publicación en Twitter (hoy X). “El gobierno no presentará ningún proyecto que ponga impuesto a salarios de ¢500.000”, dijo.
En el 2022, ya en campaña electoral, cuando le sacaron lo sucedido con el tributo a los salarios, Chaves dijo que la idea había sido de Alvarado. También, declaró estar en contra de aumentar impuestos, aunque en el 2020 también había propuesto subir el IVA a un 15% argumentando que Costa Rica tiene una de las tasas más bajas de América Latina.
Ya en el poder, en el 2023, Rodrigo Chaves propuso una reforma de impuestos que no recibió apoyo de los diputados, la cual incluía subir el IVA a los boletos de avión y a implementos médicos como sillas de ruedas, lentes de contacto y prótesis, así como subir a un 30% el impuesto de renta a micro, pequeñas y medianas empresas.
Esa fue la ocasión en que dijo que esperaba un “recibimiento apoteósico”. El planteamiento naufragó y, desde entonces, persisten las tensiones presupuestarias por falta de recursos para seguridad, salarios de educadores y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), entre muchas otras necesidades.
De regreso al 2025, el pasado martes 14 de octubre, el ministro de Hacienda interino, Luis Antonio Molina, conversó con diputados sobre posibles fuentes ingresos para cubrir necesidades insatisfechas. Lo hizo durante una sesión de la Comisión de Asuntos Hacendarios.
“Hay un montón de ingresos que están; el problema es que son discusiones muy serias. ¿Cuál es la otra cédula grande que está exonerada del impuesto sobre la renta en este país? El aguinaldo. ¿Quién va a presentar un proyecto de ley para ponerle renta al aguinaldo o al salario escolar? Eso es plata que ya está ahí“, dijo.
Agregó: ”¿Este país va a tomar la discusión de si va a gravar zonas francas? Yo no sé; esa es una discusión grande".
A la mañana siguiente, el PLN y el candidato Álvaro Ramos se opusieron a la posibilidad de gravar el aguinaldo y el salario escolar, aunque el ministro no lo planteó explícitamente.
Chaves, entonces, regañó públicamente al jerarca de Hacienda en una conferencia en Casa Presidencial. Dijo que le “jaló las orejas” por tratar de hablar demasiado “florido”.
“Nadie lo tiene tratando de sonar elegante, aquí es claridad. Ya le jalé las orejas duro anoche por teléfono y hoy se las estoy jalando en público”, continuó, al tiempo que negó que el gobierno vaya a proponer impuestos al aguinaldo, el salario escolar y las zonas francas.
Se acerca una nueva campaña electoral y los impuestos no sientan bien para buscar votos, a pesar de que la recaudación de impuestos se desacelera.
Esta no es la primera vez que se discute la opción de cobrar impuesto al salario escolar, por ejemplo. Si bien la situación económica del Gobierno mejoró tras la reforma fiscal del 2018 (un tema que Carlos Alvarado sí planteó en campaña electoral), Costa Rica sigue teniendo una situación muy restringida en la que se debe mucho, existen múltiples necesidades y los recursos no alcanzan.
Quizá ambos ministros, el del 2020 y el del 2025, lo que hicieron fue sugerir soluciones para mejorar los ingresos en circunstancias distintas, al menos abrir el debate, pero ambos fueron desautorizados. Lo dijo el del 2025: “El problema es que son discusiones muy serias”.
P. D./ Esta semana Chaves también contradijo a la ministra de Salud y vicepresidenta de la República, Mary Munive, quien había defendido ante la Sala Constitucional la norma técnica sobre el aborto terapéutico. El mandatario la derogó y promulgó una nueva, en ausencia de Munive, después de prometérselo a un grupo de pastores evangélicos. Grupos provida celebraron que se desautorizara a la ministra.