Corrillos Políticos

En Corrillos Políticos: Cambios en renta global, casas de lujo y empleo público

El presidente Carlos Alvarado y Elian Villegas, ministro de Hacienda, consideran "valiosa" la propuesta de cobrar un impuesto a las utilidades de las grande sempresas y a los salarios públicos y privados. Sin embargo, ambos coinciden en que la iniciativa requiere ajustes. Foto: Roberto Carlos Sánchez, Presidencia.

En un contexto de alta fricción política y de cálculos electorales, el Gobierno comete errores que abren espacio a la confusión en torno a los proyectos de agenda de ajuste fiscal. Los gremios, entonces, aprovechan para montar un combo de oposiciones que les permita atacar su principal objetivo: la reforma al empleo público.

Un grupo conformado por la Uccaep, sindicatos públicos, cooperativas, colegios profesionales y otras organizaciones le solicitó al presidente Carlos Alvarado frenar la agenda acordada con el FMI durante un mes, alegando su oposición a proyectos como empleo público, renta global e impuesto a casas de lujo.

Aplaudidos por el diputado y precandidato del PUSC, Pedro Muñoz, los gremios demandan un nuevo proceso diálogo “en aras de la paz social” y argumentan que los proyectos “carecen de la visión estratégica e integral imprescindible para impulsar el desarrollo económico y social, como lo establece la Constitución Política”.

Un nuevo proceso de diálogo suena a algo interminable después de todo lo ocurrido el año pasado:

-Acto 1: El Gobierno presentó una propuesta de ajuste fiscal recargada en impuestos que fue rechazada por sectores políticos y civiles.

-Acto 2: Tras retirar su primera propuesta para el FMI, el Gobierno convocó a un diálogo auspiciado por el Estado de la Nación.

-Acto 3: La Uccaep y la ANEP se rehusaron a participar en el diálogo alegando que tenían otro foro con la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, con lo que el diálogo no fructificó.

-Acto 4: Apoyado por el presidente legislativo Eduardo Cruickshank, Casa Presidencial creó un nuevo espacio de diálogo multisectorial en el que sí participaron la Unión de Cámaras, sindicatos y muchos otros sectores, pero no los diputados.

-Acto 5: Del diálogo multisectorial ahí salieron acuerdos.

-Acto 6: El Gobierno tomó la base surgida del diálogo, negoció con el FMI y pactó un acuerdo de ajuste fiscal. Se desecharon ideas como subir el IVA, vender instituciones o gravar transacciones bancarias.

-Acto 7: Ahora, gremios y al menos un diputado demandan un nuevo diálogo.

¿Qué más vendrá?

La Uccaep argumenta que el proyecto de empleo público, que está en trámite desde el 2019 y que se acerca a sus etapas finales en el Congreso, “podría poner problemas de fondo”, pero no mencionó ninguno. A su vez, los rectores de las universidades públicas solicitaron una reunión de urgencia con los diputados para exponer su oposición al plan.

Otras organizaciones, como la Cámara de Comercio, abogan por la aprobación de los proyectos al señalar que “la etapa de diagnóstico de la situación país pasó y se invirtieron horas en la mesa de diálogo multisectorial para lograr un consenso y buscar una salida a la crisis fiscal por la que atraviesa Costa Rica”.

Reacción presidencial

A la Uccaep, sindicatos y demás gremios el presidente Alvarado les respondió que no habrá pausa. Afirmó que acceder a la petición significaría que no habría acuerdo con el FMI, el país entraría en crisis y se frenaría el desarrollo.

El Fondo Monetario estableció un plazo de cinco meses para que Costa Rica apruebe los proyectos incluidos en el programa de ajuste fiscal. El tiempo expira en junio.

El mandatario, a su vez, elevó el tono y dijo que no frenaría la agenda “a costa de que usen la mentira”.

El jueves 4 de febrero, en Casa Presidencial, Alvarado dijo: “¿Pueden esperar las cosas que son para proteger al país? No. Se puede hablar en el camino, se pueden resolver cosas, pero lo bueno no puede esperar porque esperar sería irresponsable con un país. ¿Eso significa que no se habla? ¿No se dialoga? No. Se habla y dialoga, pero no a costas de algo que pone en riesgo a Costa Rica. No a costas de que usen la mentira como herramienta, diciendo que vamos a cerrar instituciones y privatizarlas, que vamos a privatizar el agua y otras cosas”.

Luego, elevó aún más el tono: “Estamos entre los que usan eso para proteger a grupos específicos que, perdón, no, no son los pobres. No son los pobres a los que están protegiendo. Están protegiendo a quienes tienen recursos, a quienes tienen intereses corporativos. A esos son los que están protegiendo”.

“Y que no son capaces, siendo los que tienen más, de ponerse la mano en el corazón, ver que estamos en una crisis y saber que hay que aportar”, dijo el presidente.

Ante la negativa presidencial, los gremios buscan ahora el apoyo de los diputados para frenar la agenda. Para este lunes 8 de febrero, tienen prevista una primera reunión con Liberación Nacional (PLN).

En tanto, ya sea por intención o por error en la técnica legislativa, el Gobierno comete errores en los proyectos de ley que forman parte de la agenda con el FMI, lo que abre espacio para la debilidad y la desconfianza política.

Tal es el caso, en el plan de renta global, de un articulado que habría gravado con impuesto de renta las pensiones complementarias, tanto las del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) como las voluntarias.

Lo mismo ocurre con el proyecto de reforma al impuesto a las casas de lujo, cuya ambigüedad no permite a los expertos concluir, como quisiera Hacienda, que el plan no gravará la totalidad de los terrenos en donde se ubiquen construcciones de más de ¢150 millones, sino solo el espacio construido.

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, argumenta que está dispuesto a hacer las correcciones necesarias: “Hay muchas situaciones que uno no necesariamente se las imagina cuando está redactando el proyecto, porque son las situaciones más concretas que son precisamente para las cuales el proceso legislativo viene a enriquecer el proyecto”.

Villegas agregó que, si es necesario, también se dejaría en claro que el tributo no aplicaría en el caso de terrenos amplios, cuyo valor pueda superar los ¢150 millones, pero que tengan una construcción sencilla valorada en menos de ese monto.

Enhorabuena llega la voluntad de corregir en la Asamblea Legislativa, pero un proceso político de ajuste fiscal requiere de planteamientos sólidos y convincentes, aunque sean dolorosos, sobre todo para un Gobierno con una bancada legislativa pequeña; bancada que, por cierto, tendrá que mostrar coherencia con el Ejecutivo.

De otra manera, cualquiera podría pensar que estamos ante una estrategia de tanteo de la opinión pública en cada proyecto.

La situación llegó al grado de que el Gobierno presentó un nuevo proyecto de renta global en menos de un mes.

Repasemos algunos de los cambios de este texto, así como los ajustes que los diputados le hicieron al plan de empleo público en la Comisión de Gobierno y Administración:

Renta global:

La nueva versión del proyecto contiene los siguientes cambios:

-Se aclara explícitamente que las pensiones complementarias, tanto las del ROP como las voluntarias, están exentas del impuesto de renta. Lea más aquí

-Se excluyen cinco condiciones con las cuales las personas habrían podido atenuar su pago de impuesto sobre la renta. Se trata de descuentos que sí estaban contemplados en la versión inicial de la reforma, como tener padres dependientes, pagar alquiler de casa o intereses de una hipoteca de primera vivienda. Solo se mantendrán las deducciones por hijos y cónyuge. Lea más aquí

-Se eliminó la idea de reducirles el impuesto de renta a las empresas con ganancias iguales o superiores a los ¢109 millones anuales, de un 30% a un 27,5%. Lea más aquí

-Se desiste de la idea de cobrar impuesto de renta sobre las ganancias que personas y empresas residentes en Costa Rica puedan generar en el exterior. Lea más aquí

-En el caso de las ganancias de capital o ganancias patrimoniales obtenidas por la transmisión de la vivienda habitual, se establece una exoneración total, en vez de una exoneración con límite de 333 salarios base (¢150 millones).

-En el caso de las herencias, se elimina el artículo que remitía al Código Tributario; se mantienen exentas.

-Sobre el régimen de zonas francas, se incluye una disposición donde expresamente se señala que se mantendrán vigentes los beneficios derivados de esa ley y los acuerdos de otorgamiento del régimen que estén firmados, o los que se vayan a firmar al amparo de la ley.

Según el Gobierno, los cambios ya fueron comunicados al FMI.

Empleo público:

Sobre empleo público, al votar las mociones de fondo presentadas por los diputados en el plenario, los diputados aprobaron los siguientes ajustes:

-Se aprobó una moción que evitaría un aumento súbito en el gasto público en salarios. Este proyecto propone abandonar el sistema de salario compuesto, en el que los servidores reciben una base más pluses salariales, por un esquema de salario global sin pluses que equipare los sueldos entre entidades públicas y entre categoría de puestos.

La moción aprobada establece que los actuales servidores que ganen por debajo del futuro salario global seguirán con el sistema de sueldo compuesto hasta que alcancen la remuneración global y, en adelante, serán trasladados al nuevo esquema.

Esa moción habilitaría la migración gradual de unos 28.800 funcionarios en lugar del traslado inmediato que permitía el proyecto dictaminado en el 2020, el cual abría un plazo de seis meses para que estos empleados se cambiaran voluntariamente, con lo que recibirían un incremento salarial y el gasto público habría subido en unos ¢32.000 millones anuales.

-Los diputados excluyeron del plan de empleo público a las empresas públicas en competencia, como los bancos públicos y el INS. La Contraloría General señaló que esa moción acentúa las desigualdades entre funcionarios del Estado.

-Se aprobó la posibilidad de que los funcionarios públicos rechacen programas de capacitación en las instituciones del Estado mediante la objeción de conciencia.

-Se trasladó la rectoría del empleo público del Ministerio de Planificación (Mideplán) al Servicio Civil, cambio que también fue criticado por la Contraloría. El Gobierno insistirá en su postura de que la rectoría la debe ejercer el Poder Ejecutivo. La ministra de Planificación, Pilar Garrido, calificó el cambio de lamentable.

En esta primera ronda de votación, los diputados rechazaron mociones para regular las convenciones colectivas en el Estado.

Este plan de empleo público va para su segundo y último día legislativo de presentación de mociones, que deben ser discutidas en la Comisión de Gobierno, antes de que el proyecto pase para su discusión final en plenario, en donde los legisladores podrán presentar de nuevo mociones de cambio.

Esteban Oviedo

Esteban Oviedo

Editor de Política. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005 y en el 2007 recibió el premio Jorge Vargas Gené.