Luego del anuncio del acuerdo entre el Gobierno y el FMI, alcanzado el 22 de enero, la oposición reaccionó con muchas dudas, con poses de reticencia, con poco ánimo de encarar el problema fiscal de una vez por todas.

La jefa de fracción de Restauración Nacional, Xiomara Rodríguez, llegó al grado de decir que el FMI no pedía metas ni plazos para sanear las finanzas públicas. El propio FMI tuvo que salir a poner las cosas en claro y decir, públicamente, que sí se requiere de medidas específicas, con metas claras y con plazos definidos.

De hecho, el Fondo puso junio del 2021 como la fecha límite para que el Congreso apruebe las medidas incluidas en el acuerdo.

No hay una fórmula que agrade a todos. Algunos rechazan de plano cualquier incremento tributario, como Restauración; otros, como el PUSC, exigen una reforma más agresiva en la reestructuración del Estado, pero, cuando afrontan una reforma estructural como la del empleo público, abogan por un aumento súbito de salarios que pondría en aprietos el gasto público.

A su vez, el exdiputado Célimo Guido empezó a difundir información distorsionada de las medidas acordadas con el FMI, tratando de azuzar y recaudar apoyo para sus medidas de presión.

Atinadamente, las calificadoras de riesgo lo primero que cuestionaron fue la capacidad de los actores políticos para aprobar el acuerdo con el Fondo. Tienen razones para hacerlo, como el rechazo de los diputados al crédito blando del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $250 millones.

Huele a campaña electoral y aumenta el riesgo de que algunas figuras políticas teman perder votos, en su aspiración por llegar a la Presidencia, si apoyan el acuerdo. El expresidente Óscar Arias lo sabe y por eso pidió al PLN hacer lo posible por la aprobación del convenio, en un partido que acumula ya 11 precandidatos.

El acuerdo con el FMI sí implica ajustes en impuestos y en el gasto público. Lo importante es debatir sobre números verdaderos. La oposición tiene todo el derecho a ejercer su poder de enmienda sobre los proyectos de ley que forman parte del acuerdo, procurando que no se produzca un desbalance en la meta económica. El Gobierno debe suministrar información precisa y, sobre todo, aumentar su capacidad negociadora.

Y todos debemos de tener claro que una crisis fiscal que se acumuló a lo largo de décadas no se resolverá en un día, sino que requiere del compromiso con medidas que harán efecto en años. De hecho, la meta de bajar la deuda pública a un 50% del PIB es el año 2035.

El Gobierno asegura que, para el 2025, un 75% del ajuste responderá a reducción del gasto y un 25% a nuevos ingresos.

Según Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central (BCCR), la consecuencia no aprobar el convenio sería un duro castigo por parte de los mercados internacionales: “Tendría implicaciones inmediatas sobre tasa de interés y sobre expectativas de los inversiones extranjeros y nacionales y, del mismo modo, en las expectativas de los consumidores que son fundamentales”.

“Estas expectativas son clave para mover la inversión real, el consumo y así el crecimiento económico. Por eso, sería un impacto a la credibilidad, a la confianza y a las expectativas en general con implicaciones muy negativas para el crecimiento”, dijo en una entrevista con La Nación.

Puede repasar las medidas incluidas en el acuerdo con el FMI en este link.

En este artículo, repasaremos unos primeros puntos en torno al proyecto de renta global, quizá la más integral de las reformas planteadas en materia de ingresos, de hecho, la de mayor tamaño económico: 0,43% del PIB a partir del 2023, año en que se espera que el país alcance un superávit primario del 1% del PIB en las finanzas públicas.

La introducción del esquema de renta global supone que los contribuyentes con diversas fuentes de ingresos ya no pagarán su impuesto de renta en forma separada, por cada uno de sus ingresos, sino que deberá sumarlos todos para calcular el tributo.

En consecuencia, la tasa de impuesto aumentará para las personas con diversas fuentes de ingresos.

Un ejemplo sencillo para explicarlo es el de un médico que trabaja para un hospital, donde recibe un salario, y además tiene un consultorio privado por cuenta propia. Este profesional tiene la doble condición de asalariado y trabajador independiente. Entonces, tendrá que sumar los ingresos anuales de ambas actividades para calcular su impuesto.

El esquema de renta global fue un acuerdo surgido del diálogo multisectorial del 2020, donde se aceptó introducir el esquema con una tarifa máxima del 27,5%.

Ahora, esto es importante: el proyecto de renta global exigirá cambios tributarios para asalariados e independientes, aunque se trate de personas con una sola actividad económica.

El cambio provocará un aumento de impuestos para el 30% de la población asalariada, mientras que generará una rebaja tributaria para la mayor parte de los independientes.

¿Cuál es la lógica de este cambio?

Actualmente, los trabajadores independientes pagan mucho más impuesto de renta que los asalariados. La Ley de Impuesto sobre la Renta les da un tratamiento mucho más severo.

A los independientes se les exige pagar impuesto sobre sus ingresos netos a partir de los ¢3,7 millones anuales. A los asalariados, en cambio, se les exige pagar a partir de los ¢10,1 millones anuales.

En consecuencia, por ejemplo, un independiente con ingresos netos por ¢1 millón paga ¢108.000 en impuestos, pero un independiente con un salario por el mismo monto solo desembolsa ¢16.000.

El primero debe entregarle al Gobierno el 10% de lo que generó, mientras que el segundo solo el 1,6%.

Entre los trabajadores independientes están comerciantes, contratistas, proveedores de servicios, agricultores o profesionales liberales, por citar algunas. Es toda aquella persona que desarrolle una actividad lucrativa por cuenta propia, sin depender de un patrón o de una sociedad jurídica.

Este es un sector que, además de recibir un cobro de impuestos más elevado que los asalariados, es arrinconado hacia la informalidad, a trabajar para ganarse la vida con muchas dificultades para tener seguro y pensión.

De acuerdo con datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), casi 190.000 trabajadores independientes están morosos en el pago de sus cuotas de seguridad social.

Entre todos, adeudan unos ¢300.000 millones a la CCSS, tres veces más lo que adeuda el sector patronal, en donde unos 16.700 patrones activos deben ¢87.000 millones.

Según la propia CCSS, la cifra de trabajadores formales independientes cerró en casi 315.000 personas en diciembre del 2020 (unos 249.000 que se registran como independientes y 66.000 por convenios especiales).

No obstante, la Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares (Enameh), publicada el 26 de enero, reveló la existencia de 355.300 trabajadores independientes que se dedican a desarrollar microempresas.

Frente a los datos de la CCSS, esa cifra parece mostrar que una gran cantidad de personas trabaja por cuenta propia sin estar asegurado y sin cotizar para una pensión.

Un alivio a independientes, aumento a parte de asalariados

En materia de cobro de impuesto de renta, el proyecto de renta global equipararía el cobro del impuesto entre asalariados y personas físicas con actividad lucrativa.

El plan igualaría el monto a partir del cual deben tributar ambos sectores en ¢8,2 millones anuales, monto que sería llamado el mínimo vital, y se aplicarían las mismas tasas de impuesto.

Para los independientes, esta equiparación supondría una reducción de impuestos en la mayor parte de los casos, especialmente en el de personas con bajos ingresos.

Mientras más bajos sean los ingresos de la persona, mayor será la reducción del impuesto de renta.

Por ejemplo, el tributo bajaría de ¢43.000 mensuales a ¢0 para una persona que hoy percibe un ingreso neto promedio de ¢650.000 al mes, o bien, de ¢7,8 millones al año.

En el caso de un independiente con ingresos netos por el orden de ¢1 millón mensual, el pago del tributo de renta pasaría de ¢106.700 a menos de ¢32.000, lo que corresponde a una caída del 70%.

Si se trata de una persona con ingresos mayores, de ¢4 millones mensuales en promedio, la reducción sería porcentualmente menor. El tributo pasaría de ¢828.800 a ¢702.000, es decir, un 15% menos.

Al decir ingresos netos, estamos hablando de los ingresos de los trabajadores por cuenta propia una vez que descuentan los costos de producción de su actividad, como los insumos, los intereses de un préstamo para invertir e, incluso, los salarios que pueda pagar a dependientes.

Ahora, vamos a la parte de los salarios. Al hacer la equiparación tributaria con los independientes a partir de los ¢8,2 millones anuales, un sector de asalariados que hoy está exento tendrá que pagar impuesto de renta.

Esta sería la consecuencia por grupos:

-Un 70% seguirá exento. Este es el grupo de personas que ganan menos de ¢683.000.

-Un 12%, que hoy está exento, pasará a pagar renta. Se trata de quienes ganan entre ¢683.000 y ¢842.000. ¿Cuánto tendrán que pagar? Aproximadamente entre ¢1.000 y ¢15.000 al mes.

-Otro 8% percibirá incrementos de ¢15.000 a ¢20.700. Ellos son los que perciben entre ¢842.000 y ¢1,2 millones.

-Por último, el 10% de la población asalariada mejor remunerada del país, los que ganan más de ¢1,2 millones al mes, recibirán los mayores incrementos, de ¢20.700 en adelante.

Para alguien que gane ¢2,5 millones, por ejemplo, el aumento sería de ¢58.500. En un caso extremo, de un salario de ¢10 millones, el incremento sería de casi ¢323.000.

No es cómo dice Célimo Guido

Hay que tomar en cuenta que tanto asalariados como independientes pueden alegar tener condiciones que permitirían atenuar un tanto del impuesto, como tener hijos, padres o cónyuges dependientes, así como pagar alquiler, hipoteca por primera vivienda, gastos en salud o cotizar para una pensión voluntaria.

Estos descuentos lo que hacen es aumentar la base exenta. Por ejemplo, por cada hijo la base exenta aumenta en ¢150.000 y por los gastos de vivienda se permite hasta ¢452.000.

Podemos ver, en esta tabla, en cuánto quedaría el impuesto de renta como porcentaje de los salarios, frente a los porcentajes actuales. En este cálculo, se aplican tres descuentos sobre la base imponible: dos hijos y vivienda. Así, la base exenta empieza en ¢8,9 millones al año.

Para un salario de ¢800.000, el impuesto pasaría de un 0% a un 0,6%. Para uno de ¢1 millón, subiría de un 1,6% a un 2,5%.

Para que el tributo alcance un 15%, el salario tendría que rondar los ¢3,5 millones; actualmente, en estos casos el impuesto supera el 12%.

De manera que no es cierto, como dice Célimo Guido, que el plan le impondría un 15% de impuesto a los salarios.

Conforme más alto sea el salario, mayor será el porcentaje de impuesto. Si alguien gana ¢10 millones, tributaría un 23,3% del sueldo.

En el caso de los independientes, los porcentajes de impuesto más bien caerían y, conforme más bajo sea el ingreso, mayor será la reducción.

Un independiente con ingresos netos por ¢700.000 pasaría de pagar un 7% de impuesto a un 0%. Para uno que perciba ¢1 millón, el tributo bajaría de un 10,6% a un 2,5%.

Esta es la tabla de independientes tomando en cuenta los mismos descuentos:

Todos estos datos son válidos en el tanto las personas tengan una única actividad económica, pues debemos recordar que el espíritu del proyecto es cobrar sobre la totalidad de los ingresos para quienes tienen varias fuentes de recursos.

Es evidente que el aumento para los asalariados permitirá bajar el tributo a los independientes.

Según datos de la CCSS, en el país hay 1.280.000 asalariados y unos 315.000 independientes asegurados (249.000 que se registran como independientes y 66.000 por convenios especiales).

A nadie le gusta que le metan la mano en la bolsa y le saquen ¢15.000, pero el proyecto de renta global fue incluido en el acuerdo con el FMI con la expectativa de generar un 0,43% del PIB a partir del 2023, año en que se alcanzaría el superávit primario del 1% del PIB.

El Gobierno desistió de otras medidas, como haber aumentado en un punto el IVA, lo cual tampoco habría sacado muchas sonrisas.

Las consecuencias de no hacer nada serían para todos: asalariados, independientes, empresarios, funcionarios públicos.

Sobre renta global, todavía hay mucho que explorar y mucha tela que cortar. Está por verse su efecto sobre las pensiones complementarias, luego de que el Gobierno desistió de cobrar impuesto sobre los rendimientos en otro proyecto de ley.

Lo importante es que el debate se desarrolle en torno a datos verdaderos.

Por último, los diputados expusieron dudas de por qué el país lograría un ajuste fiscal equivalente al 5% del PIB en el 2023, si para esa año las medidas alcanzarían un 3,41% del PIB (2,24% en gastos y 1,17% en ingresos).

Consultado al respecto, el presidente del BCCR respondió: “Del 2020 al 2023 en términos comparativos, habrá un cambio en el balance primario de 5%. De estos cinco puntos, 3,4% vendrán por medidas de ajuste fiscal y el resto de la recuperación económica que mejorará la recaudación fiscal. En el 2020, la recaudación fiscal cayó 11,8% debido a la pandemia”.

“Según se recupere la actividad económica, volveremos a niveles del 2019 y más allá en años próximos. Entonces, la recaudación tributaria crecerá y aportará una cantidad importante de ese restante 1,6%.

“La otra parte será la eliminación de medidas temporales como el bono Proteger, las transferencias al Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social por la pandemia, el tema de la aprobación legislativa de rebajas en los marchamos con un impacto fiscal directo. Todo ello se irá eliminando. De forma que entre eso y la recuperación de la recaudación fiscal, se aportará la diferencia”.