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El juicio del caso Gallo Tapado, en el que se intentó esclarecer un faltante de ¢3.294 millones en el Centro Institucional de Procesamiento de Efectivo (CIPE) del Banco Nacional de Costa Rica, llegó a su fin tras casi tres meses de debate. El contradictorio culminó el 13 de agosto, con las conclusiones de la defensa.
Luis Venegas y Eduardo Jiménez, los abogados del único imputado, identificado como Olivas Valle, solicitaron al tribunal la absolutoria por duda de su cliente. Además, hicieron la salvedad de que, en caso de una condena, se le imponga la sanción mínima por un solo delito de peculado y no la pena máxima por 33 delitos de peculado, como acusó y solicitó el Ministerio Público.
A criterio de los abogados, durante el debate no se logró establecer con certeza qué contenían los sobres de manila que, según la Fiscalía, Olivas, extesorero del banco, sustraía rellenos de fajos de dinero. Los defensores sostienen que dentro de los sobres, además de billetes, pueden caber agendas, libros y otros objetos.
El Ministerio Público fundamentó la acusación en distintas pruebas; entre ellas, 700 videos de las cámaras de seguridad de las bóvedas, en los que, de acuerdo con el ente acusador, se observa al funcionario sustrayendo dinero en 33 eventos. Por ello, se le atribuyen 33 delitos de peculado.
La pieza acusatoria, además, señala una coincidencia entre las supuestas sustracciones de dinero y compras millonarias de lotería que Olivas realizaba, aparentemente, con fajos de dinero que contenían billetes de hasta ¢50.000.
¿Cuánto dinero habría sustraído?
Luis Venegas explicó que la absolutoria por duda se solicita porque, a su juicio, además de que no se logró acreditar que los sobres que Olivas sacaba de la tesorería llevaran dinero, tampoco se pudo determinar la cantidad de efectivo que habría podido sustraer en esos eventos.
Los abogados cuestionaron el planteamiento de los representantes del Banco Nacional, quienes sostuvieron, durante sus conclusiones, que en cada sobre cabían 1.500 billetes. Solo a manera de ejemplo, señalaron que si Olivas llenaba el sobre con billetes de ¢50.000, pudo haber sustraído por día hasta ¢75 millones.
Esto se traduce en que, de haber utilizado esa denominación durante los 33 eventos que se le atribuyen, el monto máximo que habría podido extraer asciende a ¢2.475 millones. La ausencia de videos de las cámaras de seguridad habría dejado sin respaldo audiovisual el restante del millonario desfalco.
La defensa sostiene que su cliente no pudo haber extraído la totalidad del dinero durante los 33 eventos que se le atribuyen y que las cámaras de seguridad también captaron a otros funcionarios bancarios sustrayendo dinero, sin mayores controles de seguridad. Por ello, argumentan que no se podría atribuir la cifra total a su cliente, pues se violaría el principio de correlación entre la acusación y la sentencia.
Para Venegas y Jiménez, tampoco hay certeza de cuánto dinero pudo haber sustraído Olivas en cada evento, porque no existen arqueos diarios que permitan identificar un faltante.
Finalmente, en caso de una condena, la defensa pidió al tribunal que su cliente sea sancionado únicamente por un delito de peculado, debido a que el arqueo final sí identificó un faltante de dinero y Olivas era el encargado de la bóveda.
Al considerar que no se puede determinar la magnitud del daño y que se habría acreditado la participación de otros funcionarios en la sustracción de dinero, los abogados sostienen que por ese único delito se le debe imponer la pena mínima, que es de tres años.
Para la defensa, Olivas es ludópata y compraba montos millonarios de lotería. Sin embargo, contrario a la tesis del Ministerio Público, afirman que no lo hacía con recursos sustraídos del banco, sino con los mismos premios que ganaba jugando y que eran depositados por la Junta de Protección Social a sus cuentas bancarias.
Los abogados sostienen que Olivas tiene este padecimiento, pese a que el perito que realizó el único dictamen psicológico-forense que concluyó que presentaba esa condición, y que fue analizado durante el debate, advirtió al Tribunal que el estudio estaba incompleto y que nunca debió haber llegado a juicio bajo esas condiciones.
La Fiscalía pidió 36 años de cárcel contra el extesorero y la parte dispositiva de la sentencia se conocerá de manera oral y pública en los Tribunales de Goicoechea el 27 de agosto de este 2026.
