El Ministerio Público solicitó 36 años de cárcel contra un hombre de apellidos Olivas Valle, extesorero sospechoso de sustraer ¢3.294 millones del Centro Institucional de Procesamiento de Efectivo (CIPE) del Banco Nacional de Costa Rica.
La petición la realizaron los fiscales Ronald Segura y Carlos Manuel Benítez durante la etapa de conclusiones, este miércoles, en los Tribuales de Goicoechea. El ente acusador señala a este exfuncionario por 33 delitos de peculado y pidió que se aplique para cada uno de ellos la pena máxima, que es de 12 años según lo establece el Código Penal.
Aunque la condena suma 396 años, se readecúa a 36 por regla del concurso material, que establece que la sanción no puede superar el triple de la sanción máxima prevista para el delito más grave. En este caso, por tratarse de delitos que lesionan los deberes de la función pública no aplica el delito continuado.
Según la acusación formulada por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), Olivas habría sacado el dinero de la entidad bancaria en fajos de billetes, que viajaban ocultos dentro de sobres de manila, entre abril y setiembre del 2023.
Durante las conclusiones, los fiscales hicieron un repaso de los hechos acusados y las pruebas revisadas durante el debate.
El pasado 4 de agosto, Olivas rechazó los cargos durante una declaración que se extendió por aproximadamente una hora y señaló falencias en los sistemas de seguridad en las bóvedas del banco.
Tras conocer la condena que solicitó el Ministerio Público, el abogado de Olivas, Eduardo Jiménez, aseveró que las conclusiones de dicho ente le ocasionaron un “sin sabor”, pues los fiscales concluyeron que Olivas sería “mayoritariamente” el responsable de sustraer el dinero.
“Solamente el hecho de haber dicho ‘mayoritariamente’ está aceptando que hubo otras personas, en su tesis, que sustrajeron el dinero”, dijo a este medio. El abogado agregó que la Fiscalía hizo una valoración sesgada de los elementos probatorios.
Durante las conclusiones, el Ministerio Público aclaró que la acusación se centra en las presuntas sustracciones de Olivas Valle y no de algún otro funcionario.