Olivas Valle, el extesorero sospechoso de sustraer ¢3.294 millones del Centro Institucional de Procesamiento de Efectivo (CIPE) del Banco Nacional de Costa Rica, declaró en la recta final del debate que se sigue en su contra y que busca esclarecer el millonario desfalco en el banco estatal, detectado en octubre del 2024.
El juicio se ha extendido ya por dos meses y 24 días. A la sala cuatro de los Tribunales de Goicoechea acudieron peritos y testigos; también se reprodujeron 700 videos de cámaras de seguridad de la Tesorería en los que se observaría cómo, según la acusación de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), Olivas habría sacado el dinero de la entidad bancaria en fajos de billetes, que viajaban ocultos dentro de sobres de manila, entre abril y setiembre del 2023.
El ente acusador señala al imputado por 33 delitos de peculado.
“Señores jueces, yo rechazo los cargos que a mí se me acusan acá”, afirmó Olivas la mañana del 4 de agosto, cuando fue su turno para referirse a su caso.
El imputado, durante su intervención, en la que solo contestó preguntas de su defensor, Eduardo Jiménez Araya, señaló falencias en el sistema de seguridad en las bóvedas, pues, por ejemplo, dijo que el guarda de seguridad entraba a las oficinas cuando nadie más que los trabajadores podía ingresar a los puestos de la tesorería. Además, dijo que los oficiales no revisaban a ninguno de los empleados, cuando era su obligación requisar a las personas que entraban y salían.
El sospechoso mencionó el testimonio de algunos testigos que llegaron a juicio, entre ellos el de un funcionario del banco de apellido Navarro, quien habría participado en la elaboración de una auditoría interna tras el hallazgo del desfalco y recordó diversas falencias en la seguridad de las bóvedas, como inconsistencias en los registros de vacaciones de los funcionarios y en las horas que permanecían activos, falta de información en los registros de arqueos, así como un sistema de monitoreo por cámaras con puntos ciegos.
Olivas también mencionó que, durante su tiempo en el CIPE, nunca se hizo ni un solo arqueo, ni siquiera cuando el procedimiento de conteo pasó de ser interno a uno tercerizado a mediados del 2021.
Agregó que el sistema del banco era “obsoleto”, y el efectivo diario que se manejaba podía alcanzar los ¢3.000 millones. Es por esto que dice que gran parte del conteo debía llevarse en “papelitos” y muchas veces la información no podía ingresarse debidamente al sistema.
Las sumas, según dijo, eran a veces tan altas que el dinero se acumulaba para conteos en días posteriores.
El imputado también solicitó observar tres videos de las cámaras de seguridad para señalar que su escritorio funcionaba como una caja de cambio y sus compañeros acudían cuando necesitaban distintas denominaciones. Además, apuntó que en su escritorio tenía un comprobante de cierre diario que remitía a un supervisor.
Olivas no se refirió a la acusación de la Fiscalía sobre el hecho de que habría sustraído el dinero en sobres de manila. Su abogado, Eduardo Jiménez, indicó a este medio que es el Ministerio Público el que tiene que demostrar lo que iba en los sobres.
“En el proceso penal el imputado no está obligado a demostrar su inocencia; es el ente acusador el que está obligado a demostrar su culpabilidad. Lo mismo que iba en bolsas negras, en otros sobres, en otros maletines, que no pudimos ver su contenido”, afirmó.
Presunta ludopatía
El 8 de noviembre del 2023, cuando agentes de la Sección de Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial allanaron la vivienda de Olivas, hallaron sobres de manila y billetes de lotería, entre ellos 1.640 pedazos de lotería de la Junta, 1.335 pedazos de chances, 75 tiquetes de Nuevos Tiempos, 13 tiquetes de “3 Monazos”, 252 tiquetes de Lotto, así como seis portafajos de billetes con el logo del Banco Nacional.
La compra de lotería por parte de este sujeto ha sido un tema ampliamente discutido durante el juicio porque, de acuerdo con la acusación de la Fiscalía, existe, en apariencia, una congruencia entre las sustracciones de dinero del banco y las “grandísimas” cantidades de lotería que se encontraron en la casa del imputado. El sujeto habría llegado a gastar millones de colones en efectivo en lotería.
Durante su declaración, Olivas reconoció que “ha tenido problemas” con la compra de lotería. “Yo jugaba, jugaba bastante”, aseveró.
“Tal vez está la pregunta de cómo una persona con un salario de ¢650.000 podía jugar tanto. El chanchero que vino dijo que él sabía que había pegado con premios y recordó uno de ¢32 millones”, dijo.
El sospechoso justificó que financiaba su juego con los propios premios que llegó a ganar jugando lotería y que la Junta de Protección Social depositaba a sus cuentas bancarias ese dinero.
“No hay ningún otro movimiento extraño. Lo que hay es salario, servicios públicos, pagos en algún comercio. Yo tenía dinero para jugar. Y sí, jugaba bastante, pero jugaba con los mismos premios”, justificó.
Este miércoles inicia la etapa de conclusiones del juicio, con la intervención del Ministerio Público.