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“En honor a la verdad, este peritaje nunca debió haber llegado acá. No estaba listo para estar aquí”. Faltando ocho minutos para que concluyera un interrogatorio que se extendió por aproximadamente 3 horas y 40 minutos, esta fue la frase que lanzó el perito que elaboró el único informe médico que acreditaría que un hombre de apellidos Olivas Valle, sospechoso de sustraer ¢3.294 millones de las bóvedas del Banco Nacional de Costa Rica, padece de una adicción a los juegos de apuestas.
“Eso es un error garrafal. Asumo mi responsabilidad. Esto nunca tuvo que haberse entregado al Poder Judicial. Hay muchísimas dudas y yo, de verdad, estoy superavergonzado, profesionalmente”, continuó diciendo el psicólogo forense de apellido Cruz, quien afirmó contar con cerca de 20 años de experiencia, ante el Tribunal del II Circuito Judicial de San José, donde se lleva a cabo el juicio que busca esclarecer el millonario desfalco en el banco estatal.
Este fue el único perito ofrecido por la defensa de Olivas, conformada en la actualidad por Luis Alberto Venegas Marín y el abogado Eduardo Jiménez Araya. Ante consultas de este medio, Jiménez indicó que no fueron ellos quienes propusieron traer al experto para responder por el informe, sino un abogado que inicialmente asumió la defensa del exempleado bancario.
Pese a ello, aseguró que la importancia del testimonio de Cruz radicaba en que, de acreditarse este padecimiento, conocido como ludopatía, la defensa podría aspirar a una eventual disminución de la condena de prisión, en caso de que Olivas sea hallado culpable.
Asimismo, sostuvo que la estrategia de la defensa no es procurar que el sospechoso sea declarado inimputable por no poder comprender el posible carácter ilícito de su conducta. Por el contrario, el dictamen médico estableció que Olivas conserva intacta su capacidad para tomar decisiones y distinguir entre lo bueno y lo malo.
Así lo reconoció también el defensor.
El informe elaborado por este psicólogo también determinó que este presunto diagnóstico de Olivas Valle evolucionó con los años hasta que el sujeto fue perdiendo progresivamente el autocontrol. Su adicción al juego, según explicó, se intensificó no por ambición al dinero, sino por la necesidad de experimentar la sensación de ganar y agregó que es difícil poner freno a estas conductas en personas que no han recibido una contención clínica, como en el caso de Olivas.
Pese a esta conclusión, la metodología del estudio se sometió a una amplia discusión este martes. El representante de la Procuraduría General de la República, Federico Quesada; el fiscal a cargo del caso, Carlos Manuel Benítez, y un técnico del Banco Nacional, Jorge Alberto González cuestionaron algunos elementos y posibles inconsistencias en el dictamen.
Entre los apuntes, se le consultó a Cruz el motivo por el cual su estudio solo consultó tres fuentes de información: la entrevista al imputado, a su esposa y detalles del expediente judicial del caso, los cuales el médico aseguró no recordar.
Asimismo, cuestionaron los métodos de verificación de la información que le brindó la pareja, pues en algunos casos el propio psicólogo reconoció no haber corroborado los datos aportados por el sospechoso.
Durante el interrogatorio, los representantes también señalaron inconsistencias en las fechas consignadas en el documento y la omisión de múltiples detalles a lo largo del informe. Por ejemplo, el experto no especificó que padecimientos de ansiedad y depresión que consignó en el texto bien pudieron haber sido provocados por el encarcelamiento y no por el diagnóstico de ludopatía.
Además, omitió advertir de que esta patología es episódica y que no es posible determinar si, al momento del supuesto robo, el hombre estaba pasando por uno de esos episodios.
Al final del interrogatorio, tras manifestar su inconformidad con que el documento hubiera sido aportado como prueba en el caso, el experto aseveró que no le correspondía valorar si el análisis era suficientemente robusto, aunque consideró que contaba con los elementos necesarios para sostener sus conclusiones.
Presuntas compras millonarias en lotería
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) señala a Olivas por 33 delitos de peculado y sostiene que el hombre habría sacado el dinero de la entidad bancaria en fajos de billetes, ocultos dentro de sobres de manila, entre abril y setiembre del 2023.
La pieza acusatoria señala que el hombre, en apariencia, gastaba montos millonarios en lotería en un puesto ubicado en las cercanías del banco. De acuerdo con el vendedor, entrevistado por las autoridades judiciales, Olivas pagaba con dinero ordenado en fajos de 100 billetes cada uno y, en apariencia, era común que entregara billetes de ¢50.000, ¢20.000 y ¢10.000, que llevaba guardados en una bolsa plástica.
Cuando agentes del Organismo de Investigación Judicial allanaron la vivienda del funcionario bancario, hallaron sobres de manila y billetes de lotería, entre ellos 1.640 pedazos de lotería de la Junta, 1.335 pedazos de chances, 75 tiquetes de Nuevos Tiempos, 13 tiquetes de “3 Monazos”, 252 tiquetes de Lotto, así como seis portafajos de billetes con el logo del Banco Nacional.
De acuerdo con la acusación, existe, en apariencia, una congruencia entre las sustracciones de dinero del banco y las “grandísimas” cantidades de lotería que se encontraron en la casa del imputado.
Cruz, el psicólogo forense a cargo del dictamen médico, indicó que, pese a que los cuestionamientos a los cuales se sometió su peritaje este martes son válidos, Olivas, en definitiva, tiene problemas con el juego y tiene una patología.
El experto reconoció que el estudio no estaba completo, pues inicialmente se acordó que constaría de varias etapas de valoración. El documento admitido como prueba en el juicio correspondía únicamente a una fase preliminar.
Además señaló que esa versión, hoy en manos del Poder Judicial, nunca fue verificada ni analizada de forma integral para presentarla como prueba y él no brindó autorización para que se discutiera en este proceso.
Defensa mantiene confianza en el informe
Estaba previsto que Cruz declarara la semana anterior; sin embargo, la defensa indicó al Tribunal que el hombre estaba fuera del país, versión que el mismo Cruz negó este martes ante los jueces.
Durante la audiencia de la mañana, el perito inicialmente no se presentó, porque la defensa solicitó prescindir de su declaración, ya que, de acuerdo con los abogados, el psicólogo estaba cobrando $150 por hora por asistir al llamado judicial y la familia no podría sufragar ese monto.
En apariencia, el pago se había acordado desde el inicio, cuando se contrató al perito.
Finalmente, el Tribunal rechazó la petición de prescindir de este testimonio y Benítez, el fiscal a cargo del caso, contactó al hombre bajo la advertencia de que su ausencia implicaría que la Policía tendría que localizarlo.
El abogado Eduardo Jiménez concluyó, tras la audiencia, que el perito finalmente no descalificó su propio informe del todo, sino que simplemente afirmó que debía ser más profundo. Dijo que la defensa mantiene “más o menos” su confianza en la información, porque el psicólogo sí concluyó que Olivas presenta síntomas de ludopatía.
En todo caso, dijo a La Nación que los decomisos de lotería durante el allanamiento probarían esa adicción al juego. “¿Qué pruebas más pueden decirte a vos que no es un jugador? (...) Te dice el grado de descontrol que tenía a la hora de jugar”, aseveró Jiménez.
Hasta el momento, afirma que no hay prueba contundente que acredite que su cliente sustrajo el dinero del banco y sostiene que la afirmación de que los sobres de manila que retiraba de su lugar de trabajo estaban llenos de dinero es solo una suposición que debe probar la Fiscalía.
“Si yo digo que te robé ¢20.000, tiene que demostrarme que yo te robé ¢20.000, porque si no hay un problema que se llama en el derecho penal correlación entre lo acusado y lo sentenciado. Tiene que haber esa correlación”.
El debate continuará este miércoles 15 de julio con la revisión de prueba audiovisual.
