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El juicio por el caso Gallo Tapado sumó este jueves un nuevo elemento al debate sobre los controles en las bóvedas del Banco Nacional de Costa Rica, donde en octubre del 2023 se reportó un faltante de ¢3.294 millones en el Centro Institucional de Procesamiento de Efectivo (CIPE), dependencia que estaba a cargo del tesorero y único imputado en el caso, un hombre de apellidos Olivas Valle.
La tarde de este jueves, en los Tribunales de Goicoechea, donde se desarrolla el juicio desde el 14 de mayo, un testigo de apellido Rivera, subdirector del Departamento de Auditoría General del Banco Nacional, afirmó que el monto máximo que debía resguardar el CIPE era de ¢500 millones; sin embargo, sus bóvedas llegaron a acumular de forma progresiva ¢4.566.561.921.
Esto implica que el monto almacenado en esa dependencia excedía en poco más de nueve veces el límite establecido.
El testigo aseveró que no era pertinente que una cifra superior a los ¢4.000 millones se guardara en ese lugar, pues se trata de recursos que permanecen improductivos y, a su juicio, no es conveniente mantener dinero inutilizado.
La respuesta surgió tras una consulta del fiscal a cargo del caso, Carlos Manuel Benítez, quien le cuestionó directamente si era adecuado que esa bóveda almacenara una suma tan elevada de dinero.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) señala a Olivas por 33 delitos de peculado, pues, en apariencia, habría sustraído de la entidad bancaria la millonaria suma mediante fajos de billetes ocultos en sobres de manila.
Rivera añadió durante su relato que Olivas tenía entre sus responsabilidades reportar faltantes o sobrantes de dinero, pero no hay registro de reportes o alertas emitidas desde su despacho.
Este jueves, durante el debate, otro testigo de apellido Navarro Chaves, también funcionario del Banco Nacional y quien habría participado en la elaboración de una auditoría interna tras el hallazgo del desfalco, recordó diversas falencias en la seguridad de las bóvedas.
Entre ellas mencionó inconsistencias en los registros de vacaciones de los funcionarios y en las horas que permanecían activos, falta de información en los registros de arqueos, así como un sistema de monitoreo por cámaras con puntos ciegos.
Según el testigo, las grabaciones se apreciaban distantes y poco nítidas, por lo que no permitían dar seguimiento preciso a los movimientos de los funcionarios dentro de la Tesorería.
El colaborador afirmó, además, que durante su experiencia ingresando y saliendo de las bóvedas no fue sometido a revisiones exhaustivas, como las que, según señaló, suelen realizarse en los aeropuertos.
Por este caso, de noviembre del 2023, la Fapta y el OIJ ejecutaron once allanamientos, incluida la casa de Olivas, quien desde entonces permanece en prisión preventiva.
El juicio continuará el viernes 5 de junio con una audiencia en la mañana y otra en la tarde. El Tribunal seguirá escuchando el testimonio del subdirector del Departamento de Auditoría General, quien no pudo concluir su declaración durante la tarde de este jueves.
Al inicio del contradictorio, el acusado dijo que desde el 2020 padece de ludopatía, es decir una adicción por los juegos de azar y que desde ese año empezó a sentir ansias por jugar lotería.
Por solicitud de la defensa, el tribunal prohibió grabar la voz e imagen de Olivas Valle, quien especificó a los jueces que solía jugar Tiempos y Tres Monazos.
