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El Ministerio Público sostiene que un tesorero del Banco Nacional de Costa Rica, de apellidos Olivas Valle, sería el responsable de un millonario desfalco ocurrido en el Centro Institucional de Procesamiento de Efectivo (CIPE), dependencia que se encontraba bajo su responsabilidad al momento de detectarse el faltante de ¢3.294 millones, en octubre del 2023.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) señala a Olivas por 33 delitos de peculado, y apunta a que habría sacado el dinero de la entidad bancaria en fajos de billetes, que viajaban ocultos dentro de sobres de manila, entre abril y setiembre del 2023.
El 24 de octubre de ese mismo año, cuando ya dos arqueos dentro de las bóvedas del banco habían determinado el faltante de dinero y ya Olivas figuraba como sospechoso, el testimonio de dos funcionarios bancarios guió a las autoridades a conversar con un vendedor de lotería, a quien aparentemente el tesorero del CIPE frecuentaba.
Así lo señala la acusación planteada por el Ministerio Público en posesión de este diario.
Dos días más tarde, colaboradores de la Fapta entrevistaron al comerciante de la Junta de Protección Social (JPS) de apellido Guillén, quien aparentemente afirmó reconocer a Olivas Valle porque solía adquirir montos elevados de lotería en su puesto.
Incluso, afirmó que el tesorero llegó a gastar hasta ¢3 millones diarios en efectivo por ”periodos elevados de tiempo”.
De acuerdo con el vendedor, Olivas entregaba el dinero ordenado en fajos de 100 billetes cada uno y, en apariencia, era común que pagara con billetes de ¢50.000, ¢20.000 y ¢10.000, que traía guardados en una bolsa plástica.
Las compras, dijo, ocurrían antes de las 6 p. m., debido a que esta era la hora límite que Guillén tenía para hacer los depósitos bancarios producto de las ventas diarias.
El 8 de noviembre de ese mismo año, agentes de la Sección de Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial allanaron la vivienda de Olivas y hallaron sobres de manila y billetes de lotería, entre ellos 1.640 pedazos de lotería de la Junta, 1.335 pedazos de chances, 75 tiquetes de Nuevos Tiempos, 13 tiquetes de “3 Monazos”, 252 tiquetes de Lotto, así como 6 portafajos de billetes con el logo del Banco Nacional.
Otra acta de secuestro de información detalla que el decomiso incluyó múltiples tiquetes de lotería de diferentes sorteos de la Junta y uno de la lotería informal.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, existe, en apariencia, una congruencia entre las sustracciones de dinero del banco y las ”grandísimas” cantidades de lotería que se encontraron en la casa del imputado.
Eduardo Jiménez Araya, uno de los defensores de Olivas, aseguró a este medio que la presunta inversión millonaria en lotería se trata de una hipótesis fiscal y que, hasta el momento, él no ha visto prueba alguna que sostenga que su cliente adquiría esa cantidad de lotería.
“Ahora tiene que venir el vendedor de lotería y justificar cómo le vendía tres millones de lotería a alguien”, dijo.
Justamente, esta aparente tendencia del funcionario llegó a las autoridades a denominar el caso “Gallo Tapado”, en alusión a las apuestas que se hacen cuando el jugador pide que no le revelen el número que adquirió.
Cuando inició el debate para esclarecer el caso, el pasado 14 de mayo, Olivas declaró ante el Tribunal de Goicoechea que desde 2020 padece de ludopatía, es decir, una adicción a los juegos de azar, y que desde ese año empezó a sentir ansias por jugar lotería.
El juicio continúa el miércoles 10 de junio en dicha instancia judicial.
