Las cámaras de seguridad de las bóvedas del Banco Nacional no grabaron todas las sustracciones de dinero que habría realizado el extesorero de la entidad, de apellidos Olivas Valle, vinculado con el robo de ¢3.294 millones del Centro Institucional de Procesamiento de Efectivo (CIPE) de esa entidad financiera.
La prueba aportada en el juicio que se sigue en este caso documenta que, entre abril y setiembre del 2023, las cámaras solo lo captaron en 33 ocasiones, en apariencia, sacando dinero en fajos de billetes.
Sin embargo, no hay certeza de que esas sean todas las ocasiones en que Olivas Valle habría sustraído todo el dinero, pues hubo grabaciones que no estaban disponibles cuando se decomisaron los videos.
El sujeto aparentemente introducía los billetes en un sobre de manila ocultándose tras la puerta del cofre de su oficina para crear puntos ciegos. Luego, salía del edificio sin que el guarda de seguridad lo revisara.
Por estos hechos, al extesorero se le imputan 33 delitos de peculado, según trascendió en el juicio por este caso.
En apariencia, para camuflar la supuesta sustracción, Olivas colocaba una hoja de papel dentro del sobre una vez que ordenaba los fajos. De esta forma, evitaba que el dinero se moviera y lograba que el sobre adquiriera mayor rigidez.
Además, con una liga sujetaba al sobre el estuche del cepillo de dientes y la pasta, antes de abandonar el banco.
Este jueves, los representantes del Banco Nacional, Martín Miranda y David Fallas, encargados de llevar la querella y la acción civil resarcitoria en favor de la entidad, presentaron parte de sus conclusiones en dos audiencias.
Fue en ese contexto que Miranda debatió los cuestionamientos planteados por la defensa de Olivas Valle sobre el hecho de que no existe prueba alguna de que en los sobres el sospechoso cargara billetes y que, por el contrario, podría haber transportado una libreta o bien una agenda.
Su colega, Fallas, tomó unos minutos durante la tarde para demostrar, según los detalles observados en los 700 videos de las cámaras de seguridad revisados durante el juicio, cómo Olivas pudo haber llenado estos sobres de manila con fajos, por la forma en la que acomodaba el dinero y el ritual que seguía cada vez que abandonaba el banco con ellos.
En compañía de un supervisor de la Tesorería del banco, demostró que en un sobre de manila como el que mantenía el imputado en su oficina, cabían perfectamente 1.500 billetes de distintas denominaciones. Solo a manera de ejemplo, si Olivas llenaba el sobre con billetes de ¢50.000, pudo haber sustraído por día hasta ¢75.000.000.
Esto se traduce en que, de haber utilizado esta denominación durante los 33 eventos que se le atribuyen, el monto máximo que habría podido extraer asciende a ¢2.475.000.000.
Fallas ejemplificó con billetes de ¢50.000 porque, de acuerdo con un testigo, Olivas habría realizado millonarias compras de lotería con fajos de billetes de esa denominación.
Esto implicaría que, al menos, ¢819 millones quedarían sin rastro audiovisual, pues las cámaras de seguridad no conservaban grabaciones de años anteriores a los revisados. Pese a ello, los querellantes sostienen que existen suficientes elementos para atribuir a Olivas el millonario desfalco.
“Esa plata fue sustraída por Olivas (...) Este ejercicio nos dejó con la boca abierta a todos, cómo hacía para dismilar. Eso es dinero, son billetes”, dijo Fallas tras hacer la demostración con el sobre de manila.
Según explicaron, este mismo mecanismo, casi sistemático, le habría permitido “subsistir delictivamente durante tres años”. Además, Olivas se habría aprovechado de la pandemia y de la disminución de los controles para sustraer el dinero.
Los abogados concluyeron que el imputado, encargado de mantener el orden y los controles del CIPE, durante al menos tres años, habría manipulado los sistemas de acceso a las plataformas del banco y habría agregado datos sobre arqueos que nunca se ejecutaron, así como cierres diarios que habrían estado amañados.
Una auditoría interna también detectó movimientos irregulares y falseamiento de información. En 392 casos, desde el CIPE se reportó menos dinero en efectivo del que se registraba en el sistema y, en otros 302, se trasladó más dinero del que estaba reportado.
Los abogados reprocharon también que, el propio día de los arqueos oficiales, el 3 de octubre del 2023, luego de que las autoridades recibieran una llamada que alertaba que Olivas, en apariencia, estaba sustrayendo dinero del CIPE, el sospechoso se fue de la oficina alegando que había olvidado las llaves de una de las bóvedas, pero no regresó más.
Esto, de acuerdo con los querellantes, habría entorpecido el conteo del dinero, que además estaba muy desordenado.
El debate por este caso se ha extendido por más de dos meses y está en su etapa final. Este viernes, los representantes del banco terminarán de presentar sus conclusiones y, posteriormente, será el turno de la Procuraduría.
El miércoles, los fiscales Carlos Manuel Benítez y Ronald Segura solicitaron que Olivas sea condenado por 33 delitos de peculado y pidieron que se aplique para cada uno de ellos la pena máxima, que es de 12 años según lo establece el Código Penal.
Aunque la condena suma 396 años, se readecúa a 36 por regla del concurso material, que establece que la sanción no puede superar el triple de la sanción máxima prevista para el delito más grave. En este caso, por tratarse de delitos que lesionan los deberes de la función pública no aplica el delito continuado.