EscucharUna fuente del Ministerio de la Presidencia con conocimiento de causa sobre el accionar de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) aseguró a La Nación que, desde inicios de 2024, dicha policía de inteligencia comenzó a realizar seguimientos a los cuatro diputados a los que, meses después, Estados Unidos les revocó la visa.
Se trata de los congresistas Johana Obando, Cynthia Córdoba, Francisco Nicolás y Vanessa Castro.
Dicha fuente prefirió mantener su nombre en anonimato, pero este medio comprobó sus credenciales como especialista en la materia. La persona informante afirmó que la DIS sigue a diputados, mientras que la Unidad Especial de Intervención (UEI) sigue a periodistas. “La orden vino de arriba”, agregó.
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Estados Unidos nunca explicitó los motivos para retirar la visa a los cuatro diputados, sin embargo, la persona consultada por La Nación afirmó que los congresistas eran objeto de interés de la DIS debido a sus conexiones con la empresa china Huawei.
A la fuente se le consultó si también hubo intervención de teléfonos. Aseguró que no. Según dijo, desde la DIS solo se ejecutaron seguimientos físicos.
La Ley General de Policía establece que la DIS funciona bajo el mando exclusivo del presidente de la República, quien puede delegar esta autoridad en el ministro de la Presidencia, cargo que se encuentra vacante desde el 30 de enero. La legislación faculta a que dicha policía de inteligencia realice labores de vigilancia, siempre que se trate de materia de seguridad del Estado y se tenga la autorización previa del ministro.
Sin embargo, ninguno de estos congresistas es sospechoso de haber cometido ningún delito contra la seguridad del país. Tampoco se les ha señalado públicamente por ser un peligro para la estabilidad nacional, como exige la ley.
En el caso de Johana Obando, fue cuestionada por haberse reunido con un dirigente de Huawei en un apartamento. La diputada investiga la decisión del Gobierno de Costa Rica de impedir la participación de empresas de China en la tecnología 5G. Denunció haber sido objeto de seguimientos y de amenazas de muerte.
Al igual que a Obando, a Cynthia Córdoba y Francisco Nicolás se les cuestionó por sus vínculos con empresarios de Huawei.
Información de fuente anónima calza con denuncia de fiscal general
La información proporcionada por la fuente anónima del Ministerio de la Presidencia calza con lo dicho bajo juramento por el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, durante una comisión de la Asamblea Legislativa en octubre del 2024. El jerarca aseguró que se han utilizado vehículos decomisados al narcotráfico para vigilarlo a él, diputados, magistrados y “a todo el que se oponga”. Estos son vehículos que, tras ser decomisados, se ponen al servicio del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), adscrito al Ministerio de la Presidencia.
Ante una consulta de la diputada de oposición, Kattia Cambronero, Díaz confirmó que el Ministerio Público abrió una investigación tras recibir denuncias al respecto. La diputada preguntó al fiscal específicamente si había identificado a vehículos de la DIS siguiéndolo a él hasta su casa o al director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga. La congresista reconoció a La Nación que planteó la pregunta porque ya tenía información que apuntaba en esa dirección.
Carlo Díaz confirmó que, después de los allanamientos realizados en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por presunta corrupción, observó a un sujeto con actitud sospechosa estacionado cerca de su residencia. Este diario intentó hablar con Díaz, sin embargo, indicó que ya había denunciado el tema y no se referiría más al respecto.
“Justo en la casa que está a la par de la mía, un día de estos estuvo un tipo, ahí nada más estacionado, cuando yo estaba llegando. ¿Qué significa eso? No me importa; si me tienen que matar me convertirán en un mártir y quizá eso sea suficiente para que Costa Rica cambie, como lo hizo Italia con la mafia italiana”, aseguró el fiscal general en esa ocasión.
Exdirector de la DIS: Ningún diputado o periodista debería ser vigilado
Para conocer detalles sobre la organización interna de la DIS y la UEI, La Nación habló con el exdirector de esas dos entidades, Eduardo Trejos Lalli, quien ocupó esos cargos durante el gobierno de Carlos Alvarado.
Trejos explicó que la DIS y la UEI son organizaciones independientes entre sí, pero están adscritas al Ministerio de la Presidencia, que no tiene jerarca desde el pasado 30 de enero. Por lo tanto, ambas responden en la actualidad al presidente Rodrigo Chaves.
El exdirector aclaró que las investigaciones que hace la DIS tienen que estar necesariamente ligadas a la protección del Estado y sus posibles amenazas. Además, todo tiene que coordinarse con el Poder Judicial, ya que no tiene sentido realizar investigaciones que luego no puedan ser utilizadas en tribunales.
“Las investigaciones no deberían estar en función de la voluntad de un ministro, director o gobierno de turno, tienen que ser políticas de Estado. Ningún diputado o periodista debería ser vigilado por la DIS o la UEI, a menos que tenga una causa judicial o una investigación por ser parte de una estructura criminal. Durante los tres años que yo estuve dije claramente que no se iban a permitir seguimientos políticos, ilegales y desproporcionados, y eso lo sabía perfectamente Jorge Torres”, recalcó Trejos.
Tradicionalmente, quien dirigía la DIS también asumía como recargo la dirección de la UEI. Ese fue el caso de Trejos. Sin embargo, el gobierno de Rodrigo Chaves cambió esto. Casa Presidencial confirmó que la DIS es dirigida por el exministro de Seguridad Jorge Torres, quien fungió como subdirector de la policía de inteligencia durante el periodo de Eduardo Trejos. Esta entidad cuenta con 115 funcionarios.
Por su parte, la UEI tiene 55 empleados y es dirigida por Jeffrey Cerdas Lobo, quien, según publicó Crhoy en febrero del 2023, fue nombrado sin cumplir los requisitos para el cargo.
La UEI es una unidad de fuerzas especiales cuya principal labor es proteger al presidente, aunque cuentan con preparación para realizar labores de inteligencia, rescate de rehenes, investigación e, incluso, apoyar al Poder Judicial durante operativos.
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Trejos reconoce que la DIS tiene pocos (o casi ningún) tope que regule su poder. Nadie la fiscaliza. No rinde cuentas a nadie más allá del presidente de turno. La Ley General de Policía solo establece una línea de restricciones: “No podrá dirigir allanamientos, realizar interrogatorios, emitir citatorios ni participar en detenciones”, cita el artículo 15.
Para el exdirector, esta es una enorme deuda que dejaron las administraciones anteriores: “Tratamos de elaborar un proyecto de ley para darle esa institucionalidad a la DIS, porque está muy a merced de lo que el presidente diga que se tiene que hacer. Los funcionarios de la DIS están a merced de las voluntades políticas, sean buenas o malas", reconoció Trejos.
A esto se suma que, según la Ley de Policía, los documentos de la DIS son confidenciales y pueden ser declarados secreto de Estado por el presidente.
“En los países más desarrollados en temas de inteligencia, lo que se hace es que se regula de dos formas: con presupuestos de la República, y con comisiones de inteligencia en los parlamentos o senados. Ahí, bajo secreto y con los mayores mecanismos de seguridad, se ventilan los grandes lineamientos de trabajo y los resultados. En este momento los resultados solo son validados por el presidente”, ejemplificó el especialista.
Trejos reconoce que los rumores de posibles seguimientos en la DIS son longevos. Por ejemplo, recordó que líderes de la oposición al Tratado de Libre Comercio (TLC) en 2007, como Jorge Arguedas, Albino Vargas y José Merino, denunciaron haber sido objeto de vigilancia.
Finalmente, Trejos alertó que la realización de seguimientos políticos llevaría a la destrucción de la DIS. “Se pudre la organización, y ya no te sirve después. Se cruzan todas las líneas rojas, todo se vale, si vale para un diputado, vale para un juez o un empresario. Destruís la democracia. La organización se corrompe, porque los funcionarios saben que esas no son sus funciones, entienden perfectamente cuando es una cuestión de Estado, una amenaza real”, detalló.
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Diputados citados por fuente de Presidencia afirman haber sido objeto de seguimientos
El 5 de junio pasado el diputado oficialista, Manuel Morales, le preguntó al exdirector de la DIS y asesor del actual director, Hans Sequeira, si esa policía de inteligencia seguía a diputados o a allegados de diputados. Las respuestas evasivas del funcionario detonaron la molestia de Morales.
“Viene alguien de la DIS (Sequeira al Congreso) y yo aproveché para hacer mi pregunta. Está mi denuncia y hay denuncias de otros compañeros. Alguien que tiene 25 años de experiencia, si no hay persecución, con toda la autoridad me hubiera visto a los ojos y me dice: ‘No señor, no perseguimos a nadie’. Pero el señor dudó. Le hice tres veces la pregunta y el señor dudó", dijo el diputado de gobierno a La Nación.
Mientras veía fijamente y cuestionaba a Sequeira, el diputado Morales sostenía en su mano un dispositivo que, según reconoció después, se trataba de un rastreador GPS. Ese artefacto, dijo, lo encontró en el carro de una persona allegada. Él sostiene que lo colocó ahí un agente de la policía de inteligencia.
Morales denunció este presunto acoso ante la propia DIS en diciembre pasado. Cuando se le consultó por qué no presentó la denuncia en sede judicial, el diputado reconoció que la DIS le pidió mantenerlo como una cuestión interna. El congresista de gobierno no aclaró quién es el denunciado, pero aseguró que el GPS encontrado es el mismo utilizado en las tácticas de vigilancia de la policía de inteligencia.
Además de Morales, La Nación habló con Vanessa Castro, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Francisco Nicolás de Liberación Nacional (PLN), y Johana Obando, independiente. Tres de los cuatro aludidos por la fuente anónima del Ministerio de la Presidencia.
Todos ellos dijeron estar seguros de que han sido objeto de seguimientos. Los congresistas reconocieron que es poco factible confirmar quiénes los han seguido, ni mucho menos conocer sus motivos. Tampoco pueden saber si se trata de particulares, o de empleados de la DIS o de la UEI.
La diputada Castro consideró que no es la DIS la que realiza los seguimientos, sino la UEI. Afirma que habló con Jorge Torres, quien le garantizó que ellos no ejecutan este tipo de tácticas. Sin embargo, asegura que, desde 2023, altos jerarcas del gobierno le recomendaron que “tenga cuidado“, ya que ella ”es objeto de interés del presidente (Rodrigo Chaves)“.
Castro sostiene que ha visto motocicletas o vehículos que la siguen; incluso, en una ocasión, dos motocicletas coordinadas se pusieron delante y detrás de su vehículo. Ha llegado a ver que, en sitios como centros comerciales, hay personas extrañas que la ven con ahínco. No obstante, no puede asegurar que se trate de acoso político. “Creo que es la UEI”, acotó.
La diputada Obando también está segura de que ha sido vigilada. En diciembre del 2024, el noticiero Central Noticias reveló que la diputada liberal se reunió en un apartamento con un representante de Huawei. Dicho noticiero publicó un video en el que la diputada aparecía en un elevador en su camino hacia la cita.
En entrevista con La Nación, Obando aseguró que los seguimientos no fueron un trabajo periodístico, sino que los ejecutaron personas entrenadas que la captaron en un lugar cerrado.
La congresista recordó que el presidente Rodrigo Chaves, durante una conferencia de prensa el 20 de noviembre del 2024, dijo que diputados “se acostaban con Huawei”, pese a que Central Noticias aún no había publicado su reportaje.
Luego de esa polémica, en enero de 2025, Obando presentó una denuncia por los supuestos delitos de amenazas de muerte y persecución, tras declarar en el plenario legislativo que había sido víctima de seguimientos por parte del gobierno.
La legisladora comentó que, desde junio del 2024, notó que una camioneta negra o un sedán azul aparecían con frecuencia en su retrovisor, pese a que vivía en un lugar solitario y apartado. Estas sospechas la llevaron a cambiar sus rutas o detenerse por lapsos, pero los vehículos seguían ahí.
Unos meses después, el 10 de octubre, el fiscal Carlo Díaz confirmó que el Ministerio Público investigaba el presunto uso de vehículos decomisados al narco para vigilar diputados.
“El temor que yo tenía se materializó: sí me están siguiendo”, recordó Obando ese día.
La diputada Johana Obando responsabiliza de estos supuestos monitoreos “a la DIS o a la UEI, porque no hay ningún otro cuerpo policial que tenga esa capacidad”.
“La DIS investiga cualquier cosa que el presidente quiera, cualquier movimiento, cualquier opositor político. A la UEI el presidente no la usa para su protección, la usa para espionaje. Tenemos que hablar claramente, esto es espionaje”, aseveró la congresista.
A su vez, el liberacionista Francisco Nicolás reconoció que sus fuentes le alertaron de supuestos seguimientos. Por eso, usualmente cambia las rutas que transita y porta herramientas de protección personal. “Ellos andan detrás de nosotros siempre”, agregó.
Los testimonios de presunto uso irregular de la DIS no son nuevos. En diciembre de 2023, como parte de la investigación Los audios de Presidencia, La Nación reveló que el presidente Rodrigo Chaves habría utilizado a la DIS para revisar los teléfonos personales de varios ministros y funcionarios de Casa Presidencial, bajo el alegato de que alguien estaba filtrando información.
La revisión de teléfonos personales fue confirmada por el actual ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, quien entonces era jefe de despacho de Chaves. El 24 de febrero, durante una comisión legislativa, Rodríguez dijo que eso no le parecía una instrumentalización desmedida o un uso excesivo de la DIS.
El viernes 6 de junio, La Nación pidió a Casa Presidencial una declaración del director de la DIS sobre los cuestionamientos del diputado Manuel Morales por presuntos seguimientos a diputados y sus allegados. Este medio preguntó a Zapote si existía alguna investigación interna abierta por presuntos seguimientos, hostigamientos o vigilancias utilizando recursos de la DIS.
El 13 de junio, Presidencia respondió que estaba de acuerdo con Morales en que la denuncia debía ser tratada con seriedad. Este medio volvió a solicitar la declaración de Torres, y se pidió nuevamente conocer si existe alguna investigación o proceso administrativo abierto.
Como respuesta, el 19 de junio Zapote indicó que la posición del presidente Chaves al respecto fue expresada en la conferencia del 18 de junio. En esa transmisión, el mandatario rechazó referirse a los presuntos seguimientos y aseguró que solo se trata de “un tema personal” entre el congresista y un funcionario de la entidad. “Al ser temas absolutamente privados, del ámbito íntimo, yo no me voy a referir. Como diría mi tata, dos gallos picándose la cresta”.
El miércoles 25 de junio, La Nación envió a Casa Presidencial las siguientes preguntas: ¿La DIS realiza labores de seguimiento a personas del Legislativo, Judicial o periodistas? ¿El presidente Chaves ha ordenado este tipo de seguimientos? Hasta la publicación de este artículo, no se obtuvo respuesta.
Mientras tanto, la ley permite a la DIS “ejecutar labores de vigilancia en materia de seguridad del Estado” y dispone que sus documentos son confidenciales. En ninguna parte se establece quién vigila o fiscaliza a la DIS. Actúa libremente a pedido del presidente, no hay forma de saber quiénes son objeto de su interés, y puede espiar a quien sea, aunque se trate de personas inocentes.
