¿La Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) sigue a diputados o allegados de los diputados? Esta pregunta la planteó el legislador oficialista, Manuel Morales, el pasado 5 de junio al exdirector de la DIS y asesor del actual director, Hans Sequeira Cole. Las respuesta evasivas del funcionario detonaron la molestia de Morales, pero también desataron una discusión que lleva décadas: Si la DIS vigila a personas, ¿quién vigila a la DIS?
Mientras veía fijamente y cuestionaba a Sequeira, el diputado Morales sostenía en su mano un dispositivo que, según reconoció después, se trataba de un rastreador GPS. Ese artefacto, dijo, lo encontró en el carro de una persona allegada. Él sostiene que lo colocó ahí un agente de la policía de inteligencia a cargo de Casa Presidencial.
Morales denunció este presunto acoso ante la propia DIS en diciembre pasado. Cuando se le consultó por qué no presentó la denuncia en sede judicial, el diputado reconoció que la DIS le pidió mantenerlo como una cuestión interna. El congresista de gobierno no aclaró quién es el denunciado, pero aseguró que el GPS encontrado es el mismo utilizado en las tácticas de vigilancia de la policía de inteligencia. Desconoce si el agente realizó estos seguimientos durante horario laboral o en su tiempo libre.
Sin embargo, independientemente de esto, recalcó el diputado: “Se trata de un agente de la DIS usando tácticas y su conocimiento para acosar, para favorecerse, para causar miedo. ¿A quiénes tienen adentro? ¿Cómo controlan las tácticas que usan o a quién están amedrentando?”.
Actualmente, el director de la DIS es el exministro de Seguridad Pública, Jorge Torres, quien a su vez responde directamente al presidente Rodrigo Chaves. Al tratarse de una policía cuya autoridad recae en un poder político, esta oficina lleva décadas en el foco de la polémica.
Aparte de Manuel Morales, otros diputados e incluso el fiscal general, Carlo Díaz, se han referido al uso de la DIS para realizar seguimientos a miembros del Poder Legislativo y Judicial. Según Díaz, se han utilizado vehículos decomisados al narcotráfico para vigilarlo a él, diputados, magistrados y “a todo el que se oponga”. Estos son vehículos que, tras ser decomisados, se ponen al servicio del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), adscrito al Ministerio de la Presidencia.
Fuente de Presidencia: la DIS sigue a diputados. ‘La orden vino de arriba’
Además de Morales, La Nación habló con ocho diputados de diferentes fracciones, quienes afirmaron haber sido objeto de seguimientos o, en algunos casos, sus fuentes les avisaron que les habían tomado fotos comiendo en un restaurante. Se trata de Ariel Robles, Vanessa Castro, Kattia Cambronero, Sofía Guillén, Francisco Nicolás, Johana Obando, Antonio Ortega y Priscilla Vindas.
Los congresistas reconocieron que es poco factible confirmar quiénes los han seguido, ni mucho menos conocer sus motivos. Tampoco pueden saber si se trata de particulares, o de empleados de la DIS o de la Unidad Especial de Intervención (UEI).
La DIS y la UEI son organizaciones independientes entre sí, pero ambas están adscritas al Ministerio de la Presidencia, que no tiene jerarca desde el pasado 30 de enero, cuando Laura Fernández renunció al cargo. Por lo tanto, ambas responden en la actualidad al presidente Rodrigo Chaves Robles.
La UEI es un equipo de fuerzas especiales cuya principal labor es proteger al presidente, aunque cuentan con preparación para realizar labores de inteligencia, rescate de rehenes, investigación e, incluso, apoyan al Poder Judicial durante operativos y allanamientos.
La Nación consultó con una fuente del Ministerio de la Presidencia con conocimiento de causa sobre el accionar de la DIS. Dicha persona prefirió mantener su nombre en anonimato, pero este medio comprobó sus credenciales como especialista en la materia. Según explicó, desde inicios de 2024, la Dirección de Inteligencia y Seguridad comenzó a realizar seguimientos a los cuatro diputados a los que, meses después, Estados Unidos les revocó la visa: Johana Obando, Cynthia Córdoba, Francisco Nicolás y Vanessa Castro. Ninguno de estos congresistas ha sido acusado formalmente de ningún delito.
Esta misma fuente afirmó que la DIS sigue a diputados y la UEI sigue a periodistas; agregó que la orden “vino de arriba”.
Al ser consultada al respecto, la diputada Vanessa Castro, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), consideró que no es la DIS la que realiza los seguimientos, sino la UEI.
La congresista afirma que habló con Jorge Torres, quien le garantizó que ellos no ejecutan este tipo de tácticas. Sin embargo, asegura que, desde 2023, altos jerarcas del gobierno le recomendaron que “tenga cuidado“, ya que ella ”es objeto de interés del presidente (Rodrigo Chaves)“.
Castro sostiene que ha visto motocicletas o vehículos que la siguen; incluso, en una ocasión, dos motocicletas coordinadas se pusieron delante y detrás de su vehículo. Ha llegado a ver que, en sitios como centros comerciales, hay personas extrañas que la ven con ahínco. No obstante, no puede asegurar que se trate de acoso político. “Creo que es la UEI”, acotó.
Por su parte, la diputada independiente Kattia Cambronero no duda de que, en efecto, hay seguimientos, pero desconoce quién los realiza.
“Puedo asegurar que sí hay seguimientos, no solo a diputados, sino a otras figuras que han hecho oposición (...). Hay una persecución real. Además de persecución de información, (también) tu vida personal. Estoy segurísima de que lo hacen constantemente. Andan detrás de gente que no les gusta. Es una persecución política. Es una alineación para tener el control sobre las personas que podrían generar movimientos que a ellos no les convenga, y es parte de la forma en que los populistas operan”, aseveró la legisladora.
Cambronero recordó dos ocasiones en las que notó a personas sospechosas. La primera vez fue en un restaurante, pocos días después de que recibió una amenaza de muerte.
Mientras hablaba con su hija notó a un hombre extraño; no era cliente ni estaba esperando ningún pedido. Solo sostenía un teléfono en la mano y permaneció en el mismo lugar durante todo el tiempo que ella estuvo comiendo. “Creo que nos están siguiendo”, advirtió la diputada a su hija.
Cuando se retiraban del restaurante por un pasillo, Cambronero vio hacia atrás y el sujeto ya no estaba.
El segundo evento se dio cuando la congresista se ejercitaba por las calles de su barrio y un tipo en motocicleta pasó junto a ella, en dirección contraria, pero dio la vuelta y empezó a seguirla.
“Yo venía corriendo, con una gorra puesta, hablando por teléfono. Vi una moto y dije ‘¿por qué el de esa moto se me queda viendo tan raro?’. Yo venía en sentido contrario. El tipo se devuelve, me intercepta, y yo pienso ‘no puede ser una persona al azar’, es muy distinto”, recordó la diputada.
Este segundo acontecimiento ocurrió en noviembre de 2024, aproximadamente un mes antes de que Central Noticias revelara que la diputada Johana Obando, entonces del Partido Liberal Progresista (PLP), se reunió en un apartamento con un representante de la empresa china Huawei. Dicho noticiero publicó un video en el que la diputada aparecía en un elevador en su camino hacia la cita.
De hecho, Cambronero recordó que el presidente Rodrigo Chaves, durante una conferencia de prensa el 20 de noviembre del 2024, dijo que diputados “se acostaban con Huawei”, pese a que Central Noticias aún no había publicado su reportaje.
LEA MÁS: Johana Obando sobre relación con Huawei: ‘Solo me arrepiento de una cosa’
Luego de esa polémica, en enero de 2025, Obando presentó una denuncia por los supuestos delitos de amenazas de muerte y persecución, tras declarar en el plenario legislativo que había sido víctima de persecuciones por parte del gobierno.
En entrevista con La Nación, Obando aseguró que los seguimientos no fueron un trabajo periodístico, sino que los ejecutaron personas entrenadas que la captaron en un lugar cerrado, como un elevador.
La legisladora comentó que, desde junio del 2024, notó que una camioneta negra o un sedán azul aparecían con frecuencia en su retrovisor, pese a que vivía en un lugar solitario y apartado. Estas sospechas la llevaron a cambiar sus rutas o detenerse por lapsos, pero los vehículos seguían ahí.
Unos meses después, el 10 de octubre, el fiscal Carlo Díaz, ante consultas de la diputada Cambronero, confirmó que el Ministerio Público investigaba el presunto uso de vehículos decomisados al narco para vigilarlo a él, a magistrados y a diputados.
“El temor que yo tenía se materializó: sí me están siguiendo”, recordó Obando ese día.
El fiscal general agregó que, después de los allanamientos realizados en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por presunta corrupción, observó a un sujeto con actitud sospechosa estacionado cerca de su residencia. Este diario intentó hablar con Díaz, sin embargo, indicó que ya había denunciado el tema y no se referiría más al respecto.
La diputada Johana Obando responsabiliza de estos supuestos monitoreos “a la DIS o a la UEI, porque no hay ningún otro cuerpo policial que tenga esa capacidad”.
“La DIS investiga cualquier cosa que el presidente quiera, cualquier movimiento, cualquier opositor político. A la UEI el presidente no la usa para su protección, la usa para espionaje. Tenemos que hablar claramente, esto es espionaje”, aseveró la congresista.
Otros diputados consultados para este reportaje sumaron sus puntos de vista. El congresista Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), indicó que “funcionarios de la UEI me dijeron que quienes hacían ese trabajo de seguimiento, quienes podrían tener fotografías, son los de la DIS“.
Para él, la policía de inteligencia es utilizada como un aparato de persecución política. Agregó que algunas de sus fuentes allegadas a los cuerpos de seguridad le confirmaron que se tomaron fotografías de él en un restaurante.
De igual forma, el liberacionista Francisco Nicolás reconoció que sus fuentes le alertaron de supuestos seguimientos. Por eso, usualmente cambia las rutas que transita y porta herramientas de protección personal. “Ellos andan detrás de nosotros siempre”, agregó.
La frenteamplista Sofía Guillén reconoció que nunca ha encontrado indicios sospechosos. Sin embargo, por su propia voluntad como diputada de oposición, toma medidas partiendo del hecho de que el Estado la vigila.
“Con regularidad reviso mi carro, mi casa, tenemos protocolos de seguridad propios. Parto del hecho de que sucede. La DIS, en la práctica, parece tener funciones de policía política. Es un control del Estado, vigilancia”, acotó Guillén.
Son similares los casos de sus compañeros de fracción, Priscilla Vindas y Antonio Ortega. Este último sostiene que en dos ocasiones ha recibido información de anónimos que le alertan sobre “persecuciones” de la DIS.
“Normalicé el escuchar ruidos cuando hablo por teléfono. Por Whatsapp no, pero en llamadas regulares sí. Escuchaba un ruido antes, durante y después de las llamadas”, declaró Ortega.
Por su parte, la diputada Vindas confirmó haber visto varias veces vehículos que permanecía detrás de su carro hasta su casa. Anotó los números de placa, pero al buscarlas en el Registro de la Propiedad, no aparecían vinculadas a ningún automotor.
Los testimonios de presunto uso irregular de la DIS no son nuevos. En diciembre de 2023, como parte de la investigación, Los audios de Presidencia, La Nación reveló que el presidente Rodrigo Chaves habría utilizado a la DIS para revisar los teléfonos personales de varios ministros y funcionarios de Casa Presidencial, bajo el alegato de que alguien estaba filtrando información.
La revisión de teléfonos personales fue confirmada por el actual ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, quien entonces era jefe de despacho de Chaves. El 24 de febrero, durante una comisión legislativa, Rodríguez dijo que eso no le parecía una instrumentalización desmedida o un uso excesivo de la DIS.
Mientras se suman los reportes y testimonios de presuntos seguimientos, resuenan las preguntas planteadas por el diputado Manuel Morales: “¿A quiénes tienen adentro? ¿Cómo controlan las tácticas que usan o a quién están amedrentando? ¿Persiguen a diputados?”.
El viernes 6 de junio La Nación pidió a Casa Presidencial una declaración del director de la DIS, Jorge Torres, sobre los cuestionamientos del diputado Manuel Morales por presuntos seguimientos a diputados y sus allegados. Este medio preguntó a Zapote si existía alguna investigación interna abierta por presuntos seguimientos, hostigamientos o vigilancias utilizando recursos de la DIS.
El 13 de junio, Presidencia respondió que estaba de acuerdo con Morales en que la denuncia debía ser tratada con seriedad. Este medio volvió a solicitar la declaración de Torres, y se pidió nuevamente conocer si existe alguna investigación o proceso administrativo abierto.
Como respuesta, el 19 de junio Zapote indicó que la posición del presidente Chaves al respecto fue expresada en la conferencia del 18 de junio. En esa transmisión, el mandatario rechazó referirse a los presuntos seguimientos y aseguró que solo se trata de “un tema personal” entre el congresista y un funcionario de la entidad. “Al ser temas absolutamente privados, del ámbito íntimo, yo no me voy a referir. Como diría mi tata, dos gallos picándose la cresta”.
El miércoles 25 de junio, La Nación envió a Casa Presidencial las siguientes preguntas: ¿La DIS realiza labores de seguimiento a personas del Legislativo, Judicial o periodistas? ¿El presidente Chaves ha ordenado este tipo de seguimientos? Hasta la publicación de este artículo, no se obtuvo respuesta.
Sin embargo, el propio Morales, oficialista, se dio una respuesta parcial a sí mismo para esas preguntas. En declaraciones a La Nación, dijo: “Viene alguien de la DIS (Hans Sequeira al Congreso) y yo aproveché para hacer mi pregunta. Está mi denuncia y hay denuncias de otros compañeros. Alguien que tiene 25 años de experiencia, si no hay persecución, con toda la autoridad me hubiera visto a los ojos y me dice: ‘No señor, no perseguimos a nadie’. Pero el señor dudó. Le hice tres veces la pregunta y el señor dudó".
Opiniones, críticas, denuncias y anécdotas van y vienen en aumento. En la actualidad, la Ley General de Policía solo establece una línea de restricciones para el accionar de la DIS: “No podrá dirigir allanamientos, realizar interrogatorios, emitir citatorios ni participar en detenciones”, cita el artículo 15. Mientras tanto, la ley les permite “ejecutar labores de vigilancia en materia de seguridad del Estado” y dispone que sus documentos son confidenciales. En ninguna parte se establece quién vigila o fiscaliza a la DIS. Actúa libremente a pedido del presidente, no hay forma de saber quiénes son objeto de su interés, y puede espiar a quien sea, aunque se trate de personas inocentes.