Igualmente, afirmó que las medidas adoptadas por la agrupación afectan el derecho de participación política de los militantes de Motiva.
El recurso se suma al conflicto interno que sacude a la agrupación. Un grupo de delegados nacionales decidió, por cuenta propia, convocar a una Asamblea Nacional para escoger las candidaturas.
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Sin embargo, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y el Tribunal de Elecciones Interno (TEI) desconocieron la legitimidad de esa cita, la calificaron de “ilegal” y anunciaron medidas legales y administrativas contra sus promotores.
El TSE admitió el recurso el 8 de setiembre y solicitó un informe, de forma conjunta o separada, a las presidencias del CEN y del TEI de Motiva, sobre los hechos señalados por Barquero.
Alianza chavista bajo la lupa
En el recurso, Barquero argumentó que el 12 de julio la dirigencia partidaria indicó que se sumaba a una alianza con el partido Pueblo Soberano (PPSO).
No obstante, denunció que pese a que esa alianza “carece de formalidades”, la dirigencia de Motiva desistió de presentar candidaturas a los cargos de elección popular que se estarán disputando en las elecciones de febrero del 2026.
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En la fecha mencionada por Barquero, la diputada oficialista Pilar Cisneros anunció oficialmente que Pueblo Soberano sería el vehículo partidario que representaría al chavismo en las elecciones nacionales del próximo año. Asimismo, develó la formación de un bloque con otras cuatro agrupaciones políticas: Motiva, Creemos, Renacer Democrático y Esperanza y Libertad.
De estos partidos, solo Motiva y Creemos permanecen en la alianza, mientras que Renacer Democrático y Esperanza y Libertad se retiraron tras denunciar irregularidades en el manejo interno y cuestionar el trato recibido.
Solamente Renacer Democrático y Creemos no tienen posibilidad de presentar candidaturas, ya que no están inscritos para participar en los comicios del próximo año.
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El representante territorial cuestionó la medida al señalar que “la decisión de no presentar candidatura no se ha discutido en la Asamblea Nacional, ni tampoco existe un acuerdo formal sobre la alianza con el PPSO”.
Un relato similar brindó a La Nación Lilliam Barrantes, delegada nacional por Guanacaste, quien respalda la convocatoria que un grupo de militantes realizó para celebrar una Asamblea Nacional que permita la elección de candidaturas.
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Según Barrantes, la iniciativa surgió por la negativa del tesorero y coordinador general del partido, Roilan Mora, de iniciar el proceso electoral interno. Además, aseguró que “jamás” se sometió a votación de los delegados nacionales la posibilidad de competir como parte de una coalición, de hecho o de derecho, con Pueblo Soberano.
La delegada también rechazó que Motiva haya definido quiénes ocuparían las supuestas cuotas de candidaturas dentro de Pueblo Soberano. Según dijo, se comunicó que dos mujeres designadas provenían del partido, pero “esos puestos no son de nosotros. Que ellas pertenecieran al partido es otra cosa, pero nunca autorizamos que fueran nuestras candidatas”.
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Barrantes subrayó que, aunque respaldarán la candidatura presidencial de Laura Fernández, no harán lo mismo con las diputaciones postuladas bajo el sello de PPSO. “Sí somos rodriguistas, sí votaríamos por doña Laura, pero jamás por los diputados de ellos”, aseguró.
Sin base normativa
En la legislación electoral costarricense no existe la figura de las alianzas entre partidos; la normativa solo contempla las coaliciones y las fusiones, según explicó a este diario Martha Castillo Víquez, jefa del Departamento de Registro de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
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“Si lo que se quiere es unificar esfuerzos para una causa común, la figura que establece el Código Electoral es la de la coalición”, indicó la funcionaria en abril.
Sin embargo, las coaliciones deben cumplir con requisitos específicos y seguir un procedimiento formal para ser inscritas ante el TSE; ese plazo venció el 31 de julio. Al contrario, las alianzas carecen de un marco normativo que regule su formación, plazos o efectos legales.
