Conforme avanzan los preparativos para las elecciones nacionales de 2026, se intensifican las conjeturas sobre la posible conformación de alianzas o coaliciones entre las distintas fuerzas políticas del país. Estas asociaciones estratégicas tendrían como objetivo disputar tanto la Presidencia de la República como los 57 escaños legislativos que estarán en juego.
Aunque, a primera vista, ambos conceptos parecen responder a un mismo llamado a la unidad, lo cierto es que existen diferencias sustanciales entre ellos. La más relevante es de carácter legal: el Código Electoral costarricense no contempla las alianzas políticas como figura formal, explicó Martha Castillo Víquez, jefa del Departamento de Registro de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
“No existe esa figura (de alianzas) a nivel de nuestra legislación. Lo que existe es la figura de las coaliciones y las fusiones, dependiendo de lo que quiera hacer el partido político. Entonces, si lo que se quiere es unificar esfuerzos para una causa común, la figura que establece el Código Electoral es la de la coalición”, explicó Castillo, en una entrevista con La Nación.
Esto implica que, a diferencia de las coaliciones —que deben cumplir con requisitos específicos y seguir un procedimiento formal para ser inscritas ante el TSE antes de la convocatoria a elecciones—, las alianzas carecen de un marco normativo que regule su formación, plazos o efectos legales.
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¿Cómo nacen las coaliciones?
Las coaliciones permiten que dos o más agrupaciones (no hay límite), que se encuentren debidamente inscritas, puedan proponer candidaturas comunes para un proceso electoral determinado.
“La coalición tiene que ser inscrita ante la Dirección General del Registro Electoral. Entonces, para el proceso electoral determinado, ya no aparecerían en forma independiente los partidos políticos, sino que estos irían, por llamarlo de alguna forma, bajo una misma consigna, una misma bandera y, de esa forma, se presentan ante el electorado”, detalló Castillo.
Las postulaciones competirían en representación de la coalición, no de los partidos independientes que se coaligaron.
Castillo explicó que las coaliciones pueden darse entre partidos de distinto nivel territorial, como uno provincial y uno nacional, o varios nacionales. La decisión de aceptar o rechazar estas asociaciones reside en la Asamblea Superior de las agrupaciones políticas.
“No es una decisión que está en manos de los comités ejecutivos superiores. Ellos pueden hacer las conversaciones previas, pero necesariamente, como un requisito esencial para que pueda ser inscrita, la coalición debe ser aprobada por las asambleas superiores de los partidos políticos”, precisó la funcionaria.
Para la inscripción ante el TSE, es necesario protocolizar el pacto de coalición y presentarlo al tribunal electoral a más tardar el próximo 31 de julio. Los elementos básicos que deben incluirse en el documento son el respectivo plan gobierno; definir cuáles son los puestos que va a postular cada uno de los partidos que se va a coaligar; establecer la forma de escogencia de los candidatos; designar un tesorero; determinar el nombre y la divisa; crear una instancia de resolución de conflictos y, si tuvieran derecho a la deuda política, acordar cómo se va a repartir esta.
¿Cuán comunes son las coaliciones?
La inscripción de coaliciones no es un fenómeno extraño en el escenario político nacional, aunque es más frecuente ver este tipo de asociaciones en los comicios municipales que en los de escala nacional.
“Hemos inscrito coaliciones, pero para las elecciones municipales. Desde que entró en vigencia el Código Electoral actual, en 2009, no hemos tenido el reporte de que para las elecciones presidenciales se hayan inscrito coaliciones”, sostuvo la vocera del TSE.
Hasta el momento, el Tribunal no ha fiscalizado una asamblea superior de partido en la que se haya tomado la decisión de coaligarse con alguna otra fuerza política, pese a que representantes de diversas agrupaciones y ciudadanos se han acercado al ente electoral para pedir información general sobre la materia.
Castillo considera que esto puede deberse a que los partidos necesitan tener sus estructuras habilitadas para tomar el acuerdo y, actualmente, la mayoría de las agrupaciones inscritas están en el proceso de renovar sus liderazgos internos.
¿Qué proponen los actores políticos?
Desde febrero de 2024, comenzó a circular la idea de una posible coalición para las elecciones presidenciales y legislativas del 2026. En esa ocasión, Antonio Álvarez Desanti, excandidato del Partido Liberación Nacional (PLN), propuso un acuerdo de este tipo.
No obstante, parece que consolidar este tipo de acuerdos a escala nacional supone todavía un reto importante, por la indisposición de los partidos políticos de negociar con otras agrupaciones con posturas ideológicas diferentes a las suyas.
Por ejemplo, los líderes de los partidos Nueva República (PNR) y Liberal Progresista (PLP), Fabricio Alvarado y Eliécer Feinzaig, respectivamente, rechazaron la propuesta de Desanti, en especial por tratarse de unir esfuerzos con el PLN.
El exdiputado y exministro verdiblanco también descartó trabajar junto al Frente Amplio (FA).
La idea también fue desechada por el candidato liberacionista, Álvaro Ramos, quien ya aseguró su lugar en la papeleta presidencial del 2026. Tras su victoria en la convención interna del PLN, el economista de 41 años manifestó su disposición a colaborar con partidos nacionales y cantonales en una alianza, siempre que exista una agenda compartida.
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Al ser consultado sobre la posibilidad de formar una coalición, la descartó por considerar inviable la propuesta. Según Ramos, ya no hay tiempo suficiente para cumplir con los requisitos exigidos por el TSE.
El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) igualmente aprobó en enero una modificación a su Reglamento Electoral Interno para regular la creación de coaliciones, pero su único precandidato presidencial, Juan Carlos Hidalgo, descartó incluir en un eventual acuerdo al PLN y al FA.
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La propuesta de Agenda Viva
El principal llamado a formar una coalición sustentada en ideas concretas y no en intereses personales, proviene del movimiento ciudadano Agenda Viva. El colectivo presentó, el 19 de marzo, un documento con 200 propuestas y nueve urgencias que, a su juicio, deben abordarse con carácter prioritario.
Emilio Arias, exministro de Desarrollo Humano (2016-2018) y uno de los coordinadores del movimiento, enfatizó en la necesidad de anteponer una agenda de soluciones a la simple repartición de cargos públicos.
Sobre esta propuesta, el presidente del PUSC, Mario Loría, indicó que, aunque el partido trabaja en la renovación de estructuras, en el corto y mediano plazo “no vemos la posibilidad de ser parte de dicha coalición”.
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Por su parte, el Partido Acción Ciudadana (PAC) anunció que analizará los planteamientos de Agenda Viva en sus órganos de dirección política. No obstante, aclaró que no ha participado formalmente en el proyecto y que los militantes que han estado involucrados lo han hecho a título personal.
Patricia Mora, presidenta del FA, mencionó que su partido hace suyas “prácticamente todas las propuestas de este grupo”. Agregó que la agrupación trabaja en “intentar llegar a acuerdos con diferentes sectores de la sociedad para poder impulsar una agenda programática mínima”.