EscucharLas diputadas Andrea Álvarez, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Rocío Alfaro, del Frente Amplio (FA), consideran que sí hay elementos suficientes para que exista formación de causa penal contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves, lo que justifica quitarle el fuero de improcedibilidad penal.
Así lo establecieron las diputadas en el informe afirmativo de mayoría que firmaron las dos legisladoras este lunes, en el que recomendaron al plenario de la Asamblea Legislativa levantar la inmunidad del mandatario.
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A la hora de votar el documento, a las 6:12 p. m., se aprobó con dos personas a favor, Andrea Álvarez y Rocío Alfaro, mientras que Daniel Vargas, diputado oficialista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), votó en contra, y anunció que presentará un informe negativo de minoría.
Cuando el plenario ponga a votación el asunto, se conocerá de primero el informe de las diputadas, por ser de mayoría, y si este fuera rechazado, se conocería el de Vargas. La Nación le solicitó a Vargas una copia de su informe, para conocer los detalles de su argumentación contra el desafuero del presidente, pero se negó, pues dijo que prefiere que la prensa lo acceda cuando la Asamblea Legislativa lo suba a su página.
En las conclusiones del documento, de 52 páginas, Álvarez y Alfaro señalaron que la acusación de la Fiscalía General contra Rodrigo Chaves presenta seriedad y consistencia que respalda razonablemente la base fáctica de la acusación.
“No se aprecia que se trate de una acción penal motivada por razones políticas o de persecución política contra el acusado. Tampoco se encuentran razones de conveniencia nacional que ameriten no proceder con la acusación”, concluyeron las legisladoras.
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Las congresistas también señalaron que es realmente conveniente que los hechos se estudien y juzguen por las autoridades correspondientes, que son las judiciales.
Además, ambas señalaron que la recomendación de quitarle el fuero al mandatario no implica una declaración de culpabilidad del presidente Chaves, porque ello le corresponderá a los tribunales de justicia.
Entre las pruebas señaladas por las congresistas, se enfatizó en que la declaración del empresario Christian Bulgarelli vincula al presidente Chaves, de manera expresa, con el delito de concusión.
De hecho, el informe contiene tres fragmentos de la declaración del empresario, tal como aparecen en el oficio FGR-498-2025 de la Fiscalía General de la República, y que fueron leídos por la diputada Álvarez el viernes anterior.
En esa declaración, Bulgarelli señala que el presidente le dijo que tenía que darle el dinero a Choreco, y el empresario enfatizó que esa transferencia era en realidad una comisión.
Incluso, una de esas conversaciones se dio en la casa del presidente, en el residencial Monterán, donde presuntamente Chaves le habría preguntado a Bulgarelli si ya le había dado el dinero a Choreco. "Él insistió en que no lo abandonara y que no dejara de ayudar a Choreco”, aseguró Bulgarelli.
Rodrigo Chaves está acusado por haberle presuntamente exigido a Bulgarelli entregarle $32.000 al asesor presidencial Federico Cruz, conocido como Choreco, para que este pagara el enganche de la compra de una casa, en el residencial Barlovento, en el cantón de La Unión.
Transferir ese dinero era una condición para que se le adjudicara al empresario un contrato por $405.800 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para darle servicios de comunicación a la Casa Presidencial.
Argumentación de la defensa tiene limitaciones, dicen diputadas
Respecto a los argumentos que presentó la defensa de Rodrigo Chaves, las diputadas firmantes del informe de mayoría afirmaron que presenta importantes limitaciones.
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Primero, establecen que el hecho de que una conducta acusada no esté en las grabaciones aportadas como prueba, no significa que no haya ocurrido.
Criterios jurídicos citados por Álvarez y Alfaro señalan, además, que la defensa ignora que para que se configure el delito de concusión acusado, no se requiere la materialización de la entrega de la dádiva o comisión exigida por el funcionario público.
Es decir que, técnicamente, solo con haber presionado a Bulgarelli para entregarle el beneficio patrimonial a Choreco, ya Chaves podría haber cometido el delito señalado, aunque ellas enfatizaron que le corresponderá al Tribunal de la Corte Plena establecer si el presidente cometió el delito o no.
Dicho señalamiento refuta la argumentación del abogado de Rodrigo Chaves, donde alega que pasó mucho tiempo entre la firma del contrato del BCIE, en octubre, y el momento en que Bulgarelli transfiere el dinero a Federico Cruz.
Además, las diputadas consideraron que no es necesario que se materialice la entrega del dinero, exigida por el funcionario público, para que este haya cometido el delito.
Por otra parte, tal como lo indicó Rocío Alfaro, del Frente Amplio, la empresa de Bulgarelli, RMC La Productora, recibió el primer desembolso por el contrato con el BCIE el 20 de febrero de 2023, solo cuatro días antes de materializar la entrega del dinero que le habría exigido Rodrigo Chaves.
Sobre las críticas al criterio de oportunidad aplicado por el fiscal general, Carlo Díaz, a Bulgarelli, las diputadas rechazaron hacer una valoración de esa figura, que lo convirtió en “testigo de la corona”, pues ellas enfatizaron que es una función exclusiva de la Fiscalía General en la que no pueden intervenir.
Tampoco consideraron pertinente, ni Andrea Álvarez ni Rocío Alfaro, valorar si las versiones de Bulgarelli son contradictorias o no, porque enfatizaron que eso es competencia del tribunal de juicio.
Ya emitido el informe de mayoría de la comisión sobre la inmunidad de Rodrigo Chaves, este pasará al plenario, donde se fijó el lunes 22 de setiembre como fecha para la discusión.
Los diputados pueden apartarse de las recomendaciones de la comisión y tomar una decisión independiente. Eso sí, para levantar la inmunidad se requieren 38 votos.
