La presidenta de la comisión especial sobre levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves, la diputada Andrea Álvarez, leyó tres fragmentos de la declaración de Christian Bulgarelli ante el fiscal general, Carlo Díaz, sobre cómo el mandatario le pidió entregar $32.000 de un contrato al exasesor presidencial Federico “Choreco” Cruz.
El relato de Bulgarelli, tal como lo leyó Andrea Álvarez del oficio FGR-498-2025, dice lo siguiente en la página 6:
“Por el contrato con el BCIE, se me pagó la totalidad del dinero, que ascendió a la suma de $405.800. El presidente me dijo que tenía que darle a Federico (Cruz) dinero de lo que había recibido del contrato con el BCIE, dinero que en realidad era una comisión. De este dinero, Federico se vio beneficiado, tal y como me lo exigió el presidente, es decir, por orden del presidente, específicamente fue beneficiado por un monto de $32.000″.
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La diputada Álvarez también leyó un extracto de la página 7 del mismo documento aportado por la Fiscalía, donde Bulgarelli narra:
“Además de los momentos en que el presidente me exigió que beneficiara a Choreco con el contrato, tuve otras conversaciones con el presidente. Entre ellas, una en la que estuve solo con él, en el patio de su casa en Monterán. Me preguntó si hice lo que me había exigido, darle la plata a Choreco, lo que se sabía que era la plata del contrato del BCIE. Le dije que sí. Él insistió en que no lo abandonara y que no dejara de ayudar a Choreco”.
El dinero que presuntamente le habría exigido Chaves a Bulgarelli, era para que Choreco pagara el enganche en la compra de una casa en el condominio Barlovento, en el cantón de La Unión.
El fragmento final que leyó la presidenta de la comisión especial es de la página 8 del mismo documento, donde se registra la declaración de Bulgarelli:
“Quiero indicar que, por temor a represalias, tanto para mi familia como para mí, por el tipo de gobierno, como lo mencioné al principio de esta declaración, no me había atrevido a mencionar que el presidente fue quien me exigió que Choreco debía ser beneficiado con el contrato del BCIE, debiendo favorecerlo con el dinero que el banco me pagara por el producto del contrato. Quiero indicar que yo accedí, debido a que me siento obligado por ser una orden del presidente”.
El contrato, financiado con una donación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), era para dar servicios de comunicación a Casa Presidencial.
Con base en esa declaración de Bulgarelli y otras pruebas testimoniales y materiales, la Fiscalía General de la República presentó, el 7 de abril de este año, una acusación por concusión contra Rodrigo Chaves y el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, quien para el momento de los hechos, segundo semestre de 2022, era jefe de despacho del presidente.
Los tres integrantes del órgano parlamentario especial tuvieron acceso a la declaración de Bulgarelli, semanas atrás, luego de que aprobaron una moción para pedirle ese documento a la Fiscalía General de la República.
Este viernes, en el debate de fondo, Álvarez y Rocío Alfaro, del Frente Amplio (FA), anunciaron que recomendarán al plenario levantarle el fuero de improcedibilidad a Chaves, para que afronte un juicio penal frente al Tribunal de la Corte Plena.
El delito de concusión consiste en obligar o inducir a una persona, abusando de su calidad de funcionario público, a entregar a un tercero un beneficio patrimonial.
Rocío Alfaro: ‘No hay discrepancias en las fechas’
Por su parte, la diputada Rocío Alfaro, del Frente Amplio (FA), hizo una particular referencia al argumento de la defensa de Rodrigo Chaves, cuando cuestionó que es imposible que Chaves haya presionado a Bulgarelli para que le entregara el dinero a Choreco a cambio de que se le adjudicara el contrato con el BCIE por servicios de comunicación.
El abogado del presidente, José Miguel Villalobos, alegó que la firma del contrato se hizo el 18 de octubre de 2022 y Bulgarelli trasladó el dinero a beneficio de Choreco el 24 de febrero de 2024, por lo que aseguró que no hay una secuencia lógica de los hechos.
No obstante, con base en las pruebas del expediente, Rocío Alfaro advirtió de que las disposiciones del contrato establecían que el primer pago del BCIE a la empresa RMC La Productora, de Christian Bulgarelli, se efectuaría después de la entrega del primer producto.
Ese primer pago, por un monto de $149.785, con plazo máximo en la octava semana después de la orden de inicio emitida por el BCIE, se hizo efectivo el 20 de febrero de 2024.
Cuatro días después de que recibió ese desembolso, Bulgarelli transfirió a Federico Cruz Saravanja los $32.000 que presuntamente le habría exigido Rodrigo Chaves a favor de su asesor.
“No hay tal discrepancia de que, como dice la defensa del presidente, desde octubre tenía el dinero y que entonces cuáles fueron las presiones. No, es que el dinero se recibió y, con cuatro días de diferencia, se entregó, lo que era condición para otorgar y mantener el contrato del señor Bulgarelli con el BCIE”, dijo Rocío Alfaro.
La diputada cuestionó la intención de crear una imagen de inconsistencias en las fechas pero, a su criterio, no las hay. También, enfatizó que la firma del contrato no implicó la aparición del dinero que Bulgarelli debía entregar, ni que él tenía que buscar otra fuente para darle la comisión a Choreco, sino que lo haría cuando tuviera la plata.
Luego de presentar sus respectivos argumentos, Andrea Álvarez y Rocío Alfaro anunciaron que van a recomendarle a la Asamblea Legislativa levantarle la inmunidad al presidente Chaves, para que afronte un juicio penal, mientras que Daniel Vargas, oficialista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), recomendará que no se le quite el fuero al mandatario.
