El Instituto de Desarrollo Rural (Inder) ahora alega que no le corresponde recuperar 137 fincas con bosque que deben regresar al Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, en el Caribe sur, aunque así se lo ordenó la Procuraduría General de la República (PGR), desde el 7 de marzo del 2022.
Osvaldo Artavia Carballo, presidente del Inder, argumenta que la recuperación es una responsabilidad legal de la Procuraduría. Así lo expuso en una nota enviada a la Sala Constitucional, el 7 de agosto anterior. Según el funcionario, entre las funciones del Inder no se incluyó “la obligación de colaborar con su personal y presupuesto a la recuperación de terrenos que formen parte del Patrimonio Natural del Estado”.
La nueva versión dista mucho de la que expuso el Inder a La Nación en junio pasado, cuando adujo que no había cumplido la orden de la Procuraduría por falta de personal y dificultades para recolectar la información necesaria, sin mencionar en ningún momento carencia de competencia.
Señala falta de delimitación
En la nota enviada a Sala el 7 de agosto, presidente del Inder también dijo sería imposible efectuar la recuperación, porque aún no existe una delimitación oficial que demuestre que esas 137 fincas —que en conjunto tienen al menos 64 hectáreas de zonas boscosas—, forman parte de Gandoca-Manzanillo.
El jerarca expuso estos alegatos luego de que el procurador general, Iván Vincenti Rojas, le pidió cuentas por no haber emprendido ningún proceso judicial para recuperar los terrenos, pese a la orden girada hace más de dos años.
Vincenti reportó a la Sala IV el incumplimiento del Inder desde el 4 de julio anterior, pues la orden deviene de una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en julio del 2019. En aquel año, los magistrados declararon inconstitucional una ley que cedió las 137 propiedades a manos privadas.
La Sala ordenó al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y a la PGR delimitar de nuevo el área del refugio y recuperar las hectáreas boscosas, en un plazo de 12 meses, algo que a la fecha no se ha cumplido.
En cumplimiento del fallo, la Procuraduría encomendó esta labor al Inder al señalar que esta institución era la dueña de las fincas antes de que pasaran a manos privadas.
Dos de esas 137 propiedades pertenecen a la firma Playa Manzanillo S. A., cuyo representante es Allan Pacheco Dent, empresario cercano al presidente de la República, Rodrigo Chaves. En esas propiedades, la Fiscalía Adjunta Ambiental presume que el Sinac otorgó un permiso ilegal de tala.
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Cambio de criterio
En junio pasado, mediante la oficina de Prensa, el Inder reconoció que a lo largo de un año y un mes, a lo interno de la institución, no se registró ninguna actuación de cumplimiento y que el 14 de abril del 2023, un mes y medio después de que Osvaldo Artavia Carballo asumió la presidencia ejecutiva, la Dirección de Asuntos Jurídicos instruyó a la oficina regional de Desarrollo Huetar Caribe realizar “todas las gestiones necesarias”.
¿Por qué las tierras las tuvo el Inder?
Ahora, ante los señalamientos de la PGR, el jerarca del Inder sostiene que la Sala Constitucional no les giró ninguna orden y, por el contrario, el mandato de delimitar y recuperar esas tierras fue girado al Sinac y a la Procuraduría.
Admitió que las 137 propiedades formaban parte de una finca más grande (7-35090) propiedad del Inder, la cual fue segregada en decenas de terrenos más pequeños. No obstante, recalcó que el Instituto recibió las tierras en 1988, solo con el propósito de ayudar al Estado con un programa de ordenamiento territorial que llevaba a cabo con el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento.
“No se traslada la reserva nacional al Instituto para ser utilizado en los objetivos propios de la Ley 2825, sino para coadyuvar con el Estado en un plan de ordenamiento territorial que es de su competencia y no de la del Inder.
“El Instituto coadyuvaba para que se hicieran las titulaciones, sobre todo tomando en cuenta que, en esas épocas, el Inder era el único que contaba con el recurso humano (topógrafos especialmente) especializado y equipo necesario para realizar los trámites necesarios de una titulación”, dijo Artavia en el oficio N.° INDER-PE-OFI-1022-2024.
Acotó también mencionó que las tierras se cedieron en apego a la ley y que el Sinac pudo objetar el traspaso a manos privadas, al decir que formaban parte del Patrimonio Nacional del Estado, pero no lo hizo.
Insistió en que la Sala IV no cuestionó el traspaso en el fallo del 2019 y, en consecuencia, no corresponde entablar procesos de lesividad ante el Tribunal Contencioso Administrativo para recuperar las tierras, sino que la PGR debería iniciar los trámites de expropiación correspondientes.
Sin límites claros
Osvaldo Artavia cuestionó, de igual forma, que no exista una nueva delimitación del refugio, pese al fallo del tribunal constitucional. Acotó que, sin los límites claros, es imposible recuperar esas tierras. Mencionó que se deben recuperar más de 200 hectáreas con cobertura boscosa, no solo 64 como se indicó en el informe de la PGR.
“Si no se ha delimitado el área de los 205,97 hectáreas de bosque que indicaba el informe técnico y que la Ley 9223 le había quitado al parque, no es posible definir cuáles propiedades están geográficamente ubicadas en esa zona y que son sujeto de recuperación, de conformidad con el dimensionamiento de la Sala (espacial y temporal). Sin este insumo, no se puede establecer cuáles propiedades son realmente las que cumplen los parámetros de la Sala y que deben estar sujetas a la declaratoria de inconstitucionalidad”, afirmó el jerarca en el oficio.
Por último, cuestionó que, en el listado enviado por la Procuraduría, falta información sobre las fincas por recuperar.
“La lista enviada por la PGR al Inder establece porcentajes de área boscosa en cada una de las propiedades, que van desde un 0,3% hasta un 100%, siendo solo dos las que tienen 100% de área boscosa. No se aporta el plano catastrado indicando dónde se ubica ese porcentaje de área boscosa, insumo requerido para poder individualizar el área a declararse nula del título privado, ya que solo la parte boscosa, eventualmente, podría recuperarse”, concluyó Artavia.
Sala IV declaró incumplimiento
El pasado 10 de setiembre, la Sala IV declaró el incumplimiento de esta sentencia (N.°2019-012745) y reiteró al ministro de Ambiente, Franz Tattenbach Capra; y al director a. i. del Sinac, David Chavarría Morales, la orden de delimitar y recuperar bosques del refugio Gandoca-Manzanillo.
Los magistrados tuvieron que hacer ese llamado, dado que el Ministerio de Ambiente y Energía, ente rector del Sinac, lleva cinco años sin cumplir con el mandato. Tattenbach negó, en determinado momento, que se hubiese ordenado al Minae delimitar esa zona y recuperar esas tierras. Incluso, engavetó un borrador de decreto con una nueva delimitación, bajo el argumento que “no correspondía”.
Ahora, tras el señalamiento y la advertencia de que si no cumple, podría ser acusado del delito de desobediencia a la autoridad, el ministro dijo que acatará lo ordenado.
5 puntos clave sobre el presidente del Inder y las tierras de Gandoca-Manzanillo
- 1. El Inder se desentiende de la recuperación de tierras: El presidente del Inder, Osvaldo Artavia, sostiene que la responsabilidad de recuperar las 137 fincas que deben regresar al Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo no le corresponde a su institución, sino a la Procuraduría General de la República (PGR).
- 2. Falta de delimitación oficial: Artavia también argumenta que no es posible proceder con la recuperación de las fincas porque no existe una delimitación oficial que demuestre que forman parte del refugio Gandoca-Manzanillo.
- 3. Cambio en la postura del Inder: Esta nueva postura contrasta con lo que el Inder comunicó en junio, cuando alegó que no habían cumplido la orden debido a falta de personal y dificultades para recopilar la información necesaria, sin mencionar la falta de competencia.
- 4. Cercanía con el presidente de la República: Dos de las propiedades en cuestión pertenecen a la empresa Playa Manzanillo S.A., cuyo representante es un empresario Allan Pacheco Dent, cercano al presidente Rodrigo Chaves. La Fiscalía presume que hubo permisos ilegales de tala en esas propiedades.
- 5. Incumplimiento del fallo de la Sala Constitucional: La Sala IV declaró un incumplimiento de la sentencia del 2019 que ordena recuperar las tierras. El ministro de Ambiente se ha negado a firmar un decreto para acatar esa orden.
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