Organizaciones defensoras del ambiente del Caribe Sur (Limón) solicitaron este miércoles al Ministerio de Ambiente y Energía la devolución de 188 hectáreas del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, conforme la orden dictada por la Sala IV en 2019.
“Que nos devuelvan las áreas del Refugio Gandoca-Manzanillo que se han usurpado y violentado con la Ley 9223 y la propuesta del Plan Regulador Costero de Talamanca, en cumplimiento de lo ordenado por la Sala Constitucional el 10 de julio de 2019″, expresaron cuatro grupos en un manifiesto divulgado este miércoles.
La disposición a la que hicieron referencia está en la sentencia 12745-2019, por la cual se declaró inconstitucional la Ley de reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur (Nº 9223, del 2014) debido a la desafectación de 188 hectáreas de bosque pertenecientes al Refugio.
En virtud de lo anterior, la Sala IV ordenó al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac, adscrito al Minae) que delimitara el área de bosques antes mencionada y, en conjunto con la Procuraduría General de la República, ejerciera las acciones legales correspondientes en defensa del patrimonio público.
En su declaración pública, los grupos expresaron su deseo de recuperar esas 188 hectáreas de patrimonio natural para regenerar zonas de humedales, bosques y otros ecosistemas destruidos por cambios en el uso del suelo.
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La declaración la divulgaron los movimientos comunitarios Covirenas Caribe Sur-Puerto Viejo, Cahuita Unida, Talamanca Siempre Verde y la Asociación Talamanqueña de Ecoturismo y Conservación (Atec) durante una conferencia de prensa.
Las organizaciones también solicitaron al Minae una moratoria en el otorgamiento de permisos de tala, extracción u otros aprovechamientos forestales que impliquen cualquier tipo de destrucción o cambio de uso de suelo de los humedales, bosques y otros ecosistemas, en tanto se delimiten y ordenan los linderos del Refugio.
Además, pidieron a la cartera una investigación e intervenir el Área de Conservación La Amistad Caribe del Sinac por presuntos delitos en el otorgamiento de autorizaciones de distinto tipo.
“Que los funcionarios corruptos y cómplices sean identificados y acusados con todo el peso de la ley y no puedan seguir trabajando en asuntos relacionados al Refugio ni con un cargo de injerencia pública, en el ámbito de la conservación o aprovechamiento sostenible de los recursos naturales”, plantearon en el escrito.
Investigaciones por permisos de tala en Caribe Sur
Esta solicitud específica llega al día siguiente del anuncio del ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, de la apertura de una “investigación profunda” sobre las actuaciones de los funcionarios del Sinac a cargo del otorgamiento de permisos de tala en el Caribe Sur y de particulares que recibieron las autorizaciones.
La decisión del ministro ocurrió pocos días después de que la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental diera a conocer la apertura de una causa penal por el presunto otorgamiento ilegal de permisos para talar árboles en playa Punta Uva, cerca del Refugio Natural de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, en el Caribe Sur.
Las cuatro organizaciones del Caribe Sur también hicieron un llamado la Fiscalía General y la Procuraduría General de la República para que actúen, “de manera inmediata”, con la imposición las medidas cautelares ante las instancias judiciales correspondientes para detener lo que calificaron como “el robo de los espacios públicos y del Patrimonio Natural de los costarricenses”.
El Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo se creó en 1985 como parte de un esfuerzo comunitario de vecinos de esa zona para proteger el área boscosa de los efectos de la deforestación causada por empresas madereras años antes.
A ese santuario natural llegan especies de tortugas que cada año anidan en la playa de Gandoca como, por ejemplo, tortugas baula, verde y carey.
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