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La falta de magistrados suplentes de la Sala Constitucional, desde este miércoles, impide al Tribunal de la Corte Plena analizar la acusación contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves, sobre la presunta estructura paralela de financiamiento de la campaña electoral del mandatario, en el 2022.
Así lo confirmó la oficina de prensa del Poder Judicial a La Nación. Explicó que, cuando la Corte Suprema de Justicia se constituye en tribunal para analizar ciertos asuntos, debe funcionar con su integración completa, es decir, 22 magistrados.
Para el caso la estructura paralela, el Tribunal de la Corte Plena tiene pendiente resolver la solicitud de la Fiscalía General de la República para que se le levante la inmunidad a Rodrigo Chaves. Luego realizar las etapas procesales siguientes y decidir si debe llevarse el presidente a juicio.
La Corte confirmó que tenía previsto realizar una sesión, como tribunal, este martes 16 de diciembre, para analizar la solicitud de desafuero del mandatario.
Es la segunda que tramitan los magistrados este año y la tercera que podría poner a discusión la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, no fue posible llevarla a cabo debido al fallecimiento de familiares cercanos a magistrados que integran el Tribunal de la Corte Plena. Por este motivo, dicha sesión para analizar la acusación sobre una presunta estructura paralela de financiamiento electoral tiene que reprogramarse.
La Corte Suprema de Justicia señaló que dicho asunto no se podrá discutir hasta que los diputados no elijan las 12 magistraturas suplentes de la Sala Constitucional, porque como ese tribunal debe tener los 22 integrantes presentes, no hay quien supla la ausencia del magistrado propietario Paul Rueda.
Rueda se inhibió de conocer todos los asuntos relacionados con Rodrigo Chaves, luego de que su hija publicó, en redes sociales, un comentario con una supuesta amenaza hacia el presidente de la República.
Esta publicación que le costó a la joven su empleo como asistente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
En su momento, el magistrado constitucional dijo que prefería dar un paso atrás en toda discusión relacionada con Chaves por razones de transparencia.
Aunque el presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, rechazó esa petición de inhibitoria de Paul Rueda, el Tribunal de la Corte Plena sí la aceptó.
Rueda es el único magistrado propietario al que se le aprobó dicha inhibitoria.
Eso implica que, para que dicho tribunal pueda sesionar con los 22 miembros obligatorios, un magistrado suplente debe asumir funciones en lugar de Rueda.
Ese es el principal problema que impedirá al Tribunal de la Corte Plena, a partir de este miércoles, reunirse para tomar una decisión sobre el levantamiento de la inmunidad del mandatario.
La Asamblea Legislativa ya rechazó una solicitud de la Corte para el desafuero del mandatario, a finales de setiembre, para afrontar la acusación penal por el presunto delito de concusión dentro del Caso BCIE-Cariñitos.
El segundo levantamiento de inmunidad, solicitado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para investigar a fondo 15 denuncias por presunta beligerancia política, fue rechazado este martes.
A inicios de diciembre, la Sala Constitucional advirtió de que el vencimiento del nombramiento de los 12 suplentes generaría problemas y, en cierta forma, una parálisis del trabajo de ese tribunal.
No obstante, los jefes de las fracciones políticas rechazaron dichas presiones. Señalaron que el trámite del expediente para el nombramiento de los suplentes se ha llevado con seriedad y siguiendo todas las etapas.
La presidenta de la Comisión de Nombramientos del Congreso, la liberacionista Alejandra Larios, puntualizó que el expediente fue enviado por la Corte Suprema de Justicia a mediados de octubre y entró en la agenda de la comisión a finales de ese mes.
A inicios de noviembre, se aprobó la metodología y el 21 de noviembre se terminaron de recibir los atestados de los 18 candidatos presentados por el Poder Judicial.
Larios señaló que, por ahora, tienen pendiente el trámite del nombramiento de los suplentes de la Sala Tercera, expediente que llegó al Congreso con anterioridad al de las suplencias constitucionales.
