La mesa de trabajo creada por los diputados para analizar los proyectos que buscan permitir la entrega acelerada o total de los recursos acumulados en el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) concluyó sus funciones sin alcanzar un acuerdo sobre cuál de los cuatro expedientes en la corriente legislativa respaldar.
Desde el inicio, la metodología definida para el grupo contemplaba la “formación de un texto, que permita reunir las mejores características o elementos de cada uno de los proyectos, así como el subsane de eventuales vacíos que persisten en los textos de cada uno de ellos, pero que son necesarios para hacer potable una iniciativa que llegue al plenario legislativo”.
Tres de los expedientes analizados —24.955, 24.972 y 24.984— se tramitan en la Comisión de Asuntos Sociales. El cuarto, el 25.003, fue dictaminado en la Comisión de Asuntos Jurídicos el pasado 25 de febrero, pese a que la mesa de trabajo aún no había concluido sus labores.
Este espacio se creó como un órgano paralelo a la Comisión de Asuntos Sociales, con el fin de concentrarse exclusivamente en las reformas propuestas al ROP y emitir una recomendación al órgano legislativo sobre cuál iniciativa impulsar para darle mayor viabilidad a una única propuesta. Sin embargo, este objetivo no se cumplió.
¿Qué pasa ahora?
Los parlamentarios acordaron que el próximo martes 17 de marzo se dedicará la sesión de la Comisión de Sociales exclusivamente a dictaminar las tres propuestas que están en discusión sobre el ROP.
Durante la tercera y última reunión de la mesa de trabajo, celebrada el pasado 11 de marzo, el diputado independiente Leslye Bojorges criticó que no se lograra consensuar un solo texto. “Es que hay que apoyar uno (...) porque si no, ¿de qué sirve la mesa de trabajo?”.
Bojorges cuestionó que la sesión se enfocara en las intervenciones de los proponentes de las tres iniciativas bajo estudio en la comisión, dedicadas a defender sus respectivos proyectos de ley.
El expediente 24.955 es promovido por el legislador independiente Gilberth Jiménez; el 24.972, por Rocío Alfaro, del Frente Amplio (FA); y el 24.984, por la oficialista Ada Acuña.
“Vamos a suponer que todo lo que nos han dicho es incorrecto (los entes técnicos) y no afecta la rentabilidad, y que no hay ningún problema de que devolvamos el ROP (...) La pregunta es: cada vez que los vi a todos exponer, todo lo que hicieron fue defender su proyecto de ley, entonces, ¿cuál apoyo?”, consultó.
Jiménez y Acuña señalaron que presentaron una moción de texto sustituvo, mientras que la diputada frenteamplista Priscilla Vindas, indicó que se introdujo una moción de fondo para hacerle cambios puntuales al proyecto de su compañera de bancada. Todas estas modificaciones a los expedientes originales serían puestas a votación el próximo martes.
Si las tres propuestas logran los votos necesarios, podrían ser dictaminadas de forma afirmativa, por lo que habría cuatro iniciativas —sumando el expediente 25.003 del diputado Óscar Izquierdo, del Partido Liberación Nacional (PLN)— en fila para ser conocidas en el plenario.
Walter Quesada, integrante del Movimiento Devuélvannos el ROP, indicó que no tienen claridad sobre cuál iniciativa podría ser aprobada, pero aseguró que respaldarían cualquier propuesta orientada a la entrega de los recursos. “Es bienvenida”, afirmó.
“Cualquiera de los proyectos que en este momento se discuten tienen ese contenido o esa propuesta de devolverles los dineros a las personas que hemos venido reclamando ese derecho”, declaró.
Panorama complejo
A la Asamblea Legislativa le queda poco menos de mes y medio de sesiones antes de que asuma la nueva conformación el próximo 1.º de mayo, considerando además el receso de abril por la Semana Santa. No obstante, aun si los diputados logran vencer el reloj y aprobar alguna de las propuestas, enfrentarían el veto del Poder Ejecutivo.
El ministro de Hacienda, Rudolf Lücke Bolaños, confirmó en una entrevista con La Nación que recomendaría al presidente de la República, Rodrigo Chaves, vetar cualquier proyecto que habilite la entrega total o masiva de los recursos del ROP.
El jerarca externó su oposición a las propuestas debido al impacto fiscal y macroeconómico que provocaría la liberación de esos fondos. Alegó que afectaría de forma negativa las tasas de interés, encarecería a los hogares y elevaría el costo de financiamiento del Estado.
Representantes de operadoras, la Superintendencia de Pensiones (Supén), el Banco Central y expertos actuariales hicieron advertencias similares a la mesa de trabajo sobre los eventuales riesgos previsionales, financieros y macroeconómicos.
El pasado 5 de marzo, una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) también recomendó a los diputados no autorizar la entrega del ROP, durante una reunión que sostuvo con los jefes de las distintas fracciones legislativas en el Congreso.
La misión se manifestó en contra de avanzar por la línea propuesta para solucionar problemas de liquidez a las personas por dos o tres años, a costa de que posteriormente esta población quede sin una pensión complementaria. En su lugar, pidieron buscar otras alternativas que no vayan a provocar “distorsiones” a la economía nacional.