Las reformas para permitir la entrega total de los recursos acumulados en el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) nunca fueron una prioridad ni un tema de debate nacional en los últimos tres años y medio, hasta que hubo votos de por medio. Las iniciativas orientadas a ese fin encontraron un inesperado espaldarazo del presidente Rodrigo Chaves el pasado mes de diciembre, cuando coincidieron dos fenómenos: la campaña electoral y la votación para definir el levantamiento de la inmunidad del mandatario.
Desde antes de asumir la Presidencia de la República, Rodrigo Chaves cerró la puerta a cualquier discusión sobre reformas que permitieran acelerar la entrega de los recursos del ROP, un régimen creado para complementar la pensión básica en un contexto de envejecimiento poblacional y debilitamiento del sistema de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
El 3 de mayo de 2022, cinco días antes de tomar posesión, el mandatario adelantó que vetaría un proyecto de ley que permitiría a los asalariados retirar hasta un 30% de los recursos del ROP para el pago de deudas. La iniciativa fue presentada por Francisco Nicolás, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), luego de que el entonces candidato presidencial verdiblanco, José María Figueres, la anunciara durante la campaña. El expediente fue finalmente enterrado en setiembre del 2023.
El giro del Ejecutivo también coincide con un cambio de postura de actores políticos en plena antesala electoral. Los candidatos presidenciales Laura Fernández, del PPSO, y Álvaro Ramos, del PLN, pasaron en las últimas semanas de oponerse a respaldar la entrega total del ROP.
En el caso de Ramos, el viraje implica romper con la posición que defendió como superintendente de Pensiones, cargo desde el cual sostuvo una postura contraria a la entrega anticipada de estos recursos.
El encargado de asegurar que la puerta del ROP no se abriera durante la administración fue el entonces ministro de Hacienda, Nogui Acosta, quien se opuso de forma directa a cualquier iniciativa de ese tipo.“No podemos cambiar el pan de hoy por el hambre de mañana”, afirmó Acosta en febrero de 2023, cuando compareció ante la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa.
Rocío Aguilar: “Es un engaño”
El razonamiento que brindó Acosta en su momento es coincidente con los criterios técnicos que históricamente han guiado el diseño del sistema previsional. Rocío Aguilar, exministra de Hacienda y exsuperintendenta de Pensiones, recordó que el ROP fue concebido como un complemento obligatorio precisamente porque ya se anticipaba que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no tendría capacidad para sostener en el tiempo tasas de reemplazo cercanas al 60%.
“Si bien el ROP es un sistema de capitalización, se creó con el propósito de fortalecer la pensión de los trabajadores”, explicó Aguilar en entrevista con La Nación. Añadió que permitir la entrega anticipada de esos recursos implica poner en riesgo el ingreso futuro de las personas en una etapa en la que muchos ya no pueden generar recursos propios.
Aguilar cuestionó además que estas propuestas se presenten como un auxilio económico, cuando en realidad solo benefician a quienes hoy están en la formalidad. “Es una especie de engaño a las personas”, afirmó, al señalar que más del 45% de la población ocupada en la informalidad no tendría acceso a ese retiro.
La exjerarca insistió en que existen mecanismos alternativos para atender crisis económicas sin afectar el sistema previsional. “Recurrir a los propios fondos de los trabajadores, con el aparente auxilio a ellos, es un completo engaño y además les están comprometiendo su futuro”, sostuvo.
La línea se rompió
Pese a esa línea sostenida durante las distintas administraciones, desde la creación del ROP en el año 2000, la postura del Ejecutivo cambió el 10 de diciembre pasado, cuando el presidente Chaves convocó dos proyectos de ley, durante el periodo de sesiones extraordinarias, para permitir el retiro total de los recursos.
Las iniciativas son impulsadas por el diputado exliberacionista Gilberth Jiménez y la legisladora oficialista Ada Acuña. La convocatoria de proyectos durante las sesiones extraordinarias es definida por el Poder Ejecutivo, y los expedientes incluidos en la agenda se consideran prioridades del Gobierno, más aún cuando se trata de la última ocasión en que la administración ejercerá esa potestad antes del cierre del actual mandato, el próximo 8 de mayo, cuando asuman las nuevas autoridades electas.
Otro factor que coincidió con la convocatoria de los proyectos es que el principal opositor a estas reformas, a lo interno del Poder Ejecutivo, ya no se encontraba en el gabinete. Nogui Acosta renunció como jerarca de Hacienda el 31 de julio de 2025, para buscar una candidatura a diputado por San José con el partido Pueblo Soberano (PPSO). Su lugar fue ocupado por Rudolf Lücke.
La Nación consultó desde el 19 de diciembre al Ministerio de Hacienda sobre la posición de Lücke respecto a estas propuestas, pero la oficina de prensa ministerial negó las respuestas hasta después de la comparecencia del jerarca ante la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, programada para el próximo 20 de enero.
Para Aguilar, la reactivación de estas iniciativas no responde a un vacío técnico, sino a un contexto político específico. “Ni hace 20 años, ni hace 10, ni ahora están las condiciones para hablar de la entrega total del ROP, porque ese no es su propósito”, afirmó. A su juicio, la discusión actual está impulsada por “el tema electoral, el tema populista electoral”.
Javier Cascante fustiga “oportunismos políticos”
Ese diagnóstico es compartido por Javier Cascante, exsuperintendente de Pensiones, quien advirtió que el principal riesgo de los sistemas previsionales es precisamente la interferencia política. “Los temas previsionales son técnicos, no deben responder a oportunismos políticos de corto plazo”, señaló.
Cascante afirmó que no existe evidencia internacional de que la entrega anticipada de fondos de pensión haya tenido efectos positivos en la vejez. “No conozco jurisdicción o país en donde se haya permitido el retiro en un solo tracto de los fondos de pensión y la pobreza de los adultos mayores haya disminuido. Es todo lo contrario”, sostuvo.
El exjerarca recalcó que el ROP “fue creado como un complemento previsional, no es un ahorro a plazo”, por lo que cualquier desviación de ese objetivo desvirtúa el sistema y aumenta los riesgos asociados a la longevidad y al incremento en la expectativa de vida.
Para Cascante, el debate debería centrarse en fortalecer el sistema y no en debilitarlo. “El ROP se constituyó para fortalecer la calidad de vida durante la jubilación y no al momento de pensionarse”, afirmó, al advertir que es en esa etapa cuando las personas son más vulnerables y requieren mayor apoyo económico.
¿Qué proponen los proyectos convocados?
La propuesta de Ada Acuña, se tramita bajo el expediente 24.984 y fue presentada el 16 de mayo, en una conferencia de prensa en la que también participaron representantes del Movimiento Nacional por los Derechos del ROP.
El proyecto plantea modificar los criterios para el retiro del ROP mediante la fijación de dos modalidades, distintas a las existentes.
En el primer caso, permitiría el retiro gradual de los fondos cuando la pensión otorgada por el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la CCSS, sea inferior al salario mínimo exento del impuesto sobre la renta, actualmente establecido en ¢929.000 mensuales.
Bajo esas condiciones, la persona pensionada recibiría un complemento mensual, con cargo a su cuenta individual del ROP, hasta alcanzar el tope máximo de pensión del IVM, fijado en ¢1.666.062. Este beneficio se otorgaría por tantos meses como lo permitan los recursos disponibles en la cuenta individual.
El segundo escenario contempla que, si la pensión otorgada por el IVM es igual o superior al monto establecido por el Ministerio de Hacienda como salario mínimo exento del impuesto sobre la renta, la persona afiliada podrá solicitar el retiro total de los recursos acumulados en su cuenta del ROP.
En el caso de la propuesta del diputado independiente Gilberth Jiménez, busca incorporar un nuevo inciso al artículo 25 de la Ley de Protección al Trabajador, con el fin de incluir el retiro total de los fondos en un solo acto entre las modalidades previstas para su otorgamiento.
La modificación permitiría al pensionado exigir el 100% del monto acumulado en su cuenta individual.