Este 23 de junio, la Fiscalía acusó a siete miembros de los Supremos Poderes, incluidos el presidente Rodrigo Chaves y la diputada Pilar Cisneros, por presuntos delitos electorales relacionados con dos supuestas estructuras paralelas que financiaron la campaña electoral del 2022. ¿Cómo se descubrieron estas estructuras?
—La firma del fideicomiso: El 25 de febrero del 2021, Rodrigo Chaves Robles y el empresario y banquero Jack Loeb Casanova firmaron un contrato de fideicomiso para captar y administrar fondos con la fiduciaria ATA Trust Company, representada por Alonso Vargas Araya.
En ese acto, Chaves se presentó como vocero de un grupo de pensamiento y acción llamado Costa Rica Próspera. Como tesorero, figuró Loeb Casanova y, como director de operaciones, Carlos Vásquez Landergren, actual tesorero del Partido Pueblo Soberano.
—Chaves alegó que la información era confidencial. El 14 de enero del 2022, días antes de las elecciones nacionales, el entonces candidato rehusó revelar quiénes aportaron dinero para el fideicomiso en una entrevista en el programa Zoom Electoral, de canal 13.
“Yo no tengo autorización; de hecho, hay una cláusula de confidencialidad. Es un fideicomiso de derecho privado, yo no puedo revelar los nombres y además no se los voy a revelar”, alegó ese día.
Y agregó: “Es que no hay nada malo. Lo que pasa es que hay derecho privado y derecho público. Eso no financió mi campaña, lo que financió —y así está en el contrato de fideicomiso— es un grupo de personas que, antes de ser yo candidato, queríamos explorar soluciones a la problemática nacional; eso separado de mi campaña.
“Simplemente, esa no es información pública y no me corresponde revelarla porque hay una cláusula (...). Veremos qué piensa la gente”.
—Cisneros reconoció existencia de fideicomiso: Tres meses antes, el 14 de octubre del 2021, también en Zoom Electoral, la entonces candidata a diputada Pilar Cisneros reconoció que existía un fideicomiso con el que se estaban pagando los gastos de la campaña.
“Hay un fideicomiso. ¿Quién colabora en ese fideicomiso? Hay varios empresarios que están colaborando con eso. Eso habría que preguntárselo a don Rodrigo Chaves, yo no sé.
”Yo pregunté quién pone la plata y conozco a algunos de los que ponen la plata, no estoy autorizada para decir quiénes ponen la plata. Es gente que, por lo menos, a mí me merece confianza. A mí me gustaría que esa pregunta se la hiciera a don Rodrigo Chaves o a doña Luz Mary Alpízar (presidenta del gobernante partido Progreso Social Democrático (PPSD). Yo no manejo un cinco del partido, ni cobro un cinco, ni me pagan un cinco ni nada, por aquello”, dijo Cisneros ese día.
—Revelación de primera estructura paralela: El 5 de marzo del 2022, superada la primera ronda, La Nación reveló que nueve personas y dos sociedades anónimas financiaron gastos electorales de la campaña de Chaves sin que el dinero entrara a las cuentas del PPSD y sin que sus donaciones fueran dadas a conocer al público, en contra del marco de transparencia exigido en el Código Electoral.
Entre julio y octubre del 2021, el fideicomiso Costa Rica Próspera pagó gastos como el alquiler de la casa de campaña, publicidad, planilla, servicios profesionales, coordinadores territoriales, alquiler de vehículos, viáticos y mobiliario de oficina.
El fideicomiso se nutrió de aportes de nueve personas físicas y dos jurídicas: Galería Tres Mil y Península Group, ambas presididas y representadas por el hoy canciller, André Tinoco.
El banquero Jack Loeb Casanova fue el principal donante con más de $95.000 aportados en cinco depósitos, entre febrero y agosto del 2021.
La legislación electoral prohíbe el financiamiento paralelo. Eso significa que, aparte del tesorero partidario o de las personas que designe el Comité Ejecutivo, ninguna persona o grupo tiene autorización para gestionar fondos en beneficio de un partido.
El Código Electoral prevé penas de hasta seis años de prisión para quienes realicen aportes de esta manera y para los dirigentes que reciban aportes “valiéndose de una estructura paralela para evadir el control del partido político”.
Además, prohíbe los aportes de personas jurídicas y extranjeras.
—La casa de campaña en La California: En los días posteriores a esa publicación, este diario reveló que, desde el 30 de junio del 2021, el dueño de la sede de campaña de Chaves le informó a la Policía de que este inmueble serviría como local PPSD, a pesar de que el pago del alquiler no corría por cuenta de la agrupación, sino del fideicomiso.
La casa de casi 2.000 metros cuadrados estaba ubicada en barrio La California y el pago del alquiler se cubrió con el fideicomiso, que desembolsó $5.000 mensuales de julio a setiembre del 2021.
—Antes y después de la campaña: En los estados financieros de ATA Trust Company en el Banco Nacional también consta que el fideicomiso Costa Rica Próspera pagó gastos de la campaña desde marzo hasta octubre del 2021; es decir, antes y después de que Chaves fuese electo como candidato presidencial de esa agrupación.
Chaves oficializó su candidatura por el PPSD el 7 de julio del 2021 y esta fue ratificada por la Asamblea Nacional de esa agrupación el 19 de setiembre de ese mismo año.
—Banquero niega donaciones al PPSD: Jack Loeb reveló, el 11 de marzo del 2021, que Progreso Social Democrático le reportó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) donaciones en especie a su nombre, las cuales él nunca hizo. Dichos aportes en realidad los realizó para el fideicomiso Costa Rica Próspera.
En aquel momento, insistió en que la actual diputada y presidenta del PPSD, Luz Mary Alpízar, intervino para que así ocurriera. Ante el TSE, ella reportó que Loeb hizo 11 donaciones en especie por un total de ¢44,4 millones.
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—ATA Trust le pagó a agencia de publicidad: Este periódico también dio a conocer que la agencia publicitaria Madison Revolution S. A. fue contratada para realizar la publicidad de Rodrigo Chaves, con la orden de facturar los trabajos a nombre de ATA Trust Company, la fiduciaria que manejó el fideicomiso. Esa instrucción se materializó en facturas por más de $133.000.
Madison demandó a Chaves y al PPSD por no pagar $113.495. Sin embargo, ese proceso concluyó sin juicio, en marzo pasado, luego de que las partes alcanzaron un acuerdo extrajudicial del que no trascendieron los detalles.
—Segunda estructura paralela: A finales de marzo del 2022, La Nación reveló que la campaña de Chaves manejó una segunda estructura paralela de financiamiento, mediante las cuentas bancarias de Sofía Agüero Salazar, hija del actual diputado Waldo Agüero.
Entre octubre del 2021 y febrero del 2022 –ya en plena campaña electoral iniciada el 6 de octubre–, Agüero recibió más de $195.000 en el Banco Nacional (BN) de parte del empresario Jack Loeb Casanova.
Ella confirmó en una entrevista exclusiva con este diario que, con esos recursos, cubrieron gastos electorales como comunicación y material proselitista. El dinero no pasó por las cuentas del partido, como lo establece la ley electoral.
—Investigación en la Fiscalía, Asamblea Legislativa y TSE. A raíz de esas publicaciones, el Ministerio Público, el TSE y la Asamblea Legislativa realizaron una serie de pesquisas para esclarecer los hechos.
En el ámbito penal, el caso se tramita bajo dos expedientes. En la Fiscalía General, está el expediente N.° 22-000116-1218-PE, donde se investiga al presidente Chaves, al vicepresidente Stephan Bunner, al canciller Arnoldo André y a los diputados oficialistas Pilar Cisneros, Luz Mary Alpizar , Waldo Agüero y Paola Nájera. Esa causa se tramita ahí porque ellos gozan de inmunidad a raíz de sus cargos.
Los mismos hechos son investigados en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, bajo el expediente N.° 22-00216-0276-PE. Allí figuran como imputados Sofía Agüero Salazar, Calixto Chaves Zamora (consejero presidencial) y Jack Loeb Casanova, así como Adrián Torrealba Navas, Carlos Vásquez Landergren y una persona de apellidos Quesada Gutiérrez.
A ellos se les investiga por los presuntos delitos electorales relacionados con contribuciones privadas y financiamiento de partidos.
