El Ministerio Público presentó una acusación penal contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles; la diputada oficialista Pilar Cisneros Gallo; el primer vicepresidente, Stephan Brunner; el canciller Arnoldo André Tinoco y otros tres diputados más, por presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral que llevó a Chaves al poder en 2022.
Los otros congresistas son Luz Mary Alpízar, Waldo Agüero y Paola Nájera, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
La acusación se fundamenta en una aparente estructura paralela de recaudación de fondos, la cual habría operado al margen de los controles exigidos por el Código Electoral.
Según el comunicado oficial de la Fiscalía, “existen suficientes elementos de convicción para sostener, en el grado de probabilidad requerido en esta etapa procesal, que los imputados son autores de los delitos contemplados en los artículos 273, 274 inciso e), 275 inciso a) y b) del Código Electoral”.
Dichos artículos castigan con penas de prisión las acciones de recaudación o recepción de fondos fuera de los mecanismos permitidos, la participación de estructuras paralelas y el ocultamiento de aportes no autorizados. En específico:
- El artículo 273 sanciona con hasta seis años de prisión a quien recaude fondos sin aval del tesorero partidario o al contador que altere información en los reportes.
- El artículo 274 inciso e) castiga a quien done o contribuya a través de terceros o estructuras no aprobadas por el comité ejecutivo del partido.
- El artículo 275, en sus incisos a) y b), impone penas a miembros del comité ejecutivo, candidatos o responsables de campaña que conozcan, no reporten o reciban donaciones ilegales, incluyendo las gestionadas por estructuras paralelas.
La acusación fue presentada ante la secretaría de la Corte Suprema de Justicia, pues se requiere que los magistrados trasladen esa gestión a la Asamblea Legislativa, para que los diputados evalúen levantar la inmunidad de esos siete miembros de los Supremos Poderes.
Según la Fiscalía se habrían utilizado dos estructuras paralelas para financiar la campaña electoral del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), en el período electoral 2022-2026.
“Las estructuras identificadas fueron un fideicomiso privado y las cuentas bancarias personales de una mujer de apellido Agüero, quien enfrenta un proceso penal independiente en el expediente 22-000210-0276-PE, bajo investigación de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción”.