En cinco meses de mandato, el gobierno de Laura Fernández Delgado lleva 16 nombramientos de aliados políticos en puestos de confianza. En esa lista sobresalen financistas de su campaña, el hijo de un empresario amigo del expresidente Rodrigo Chaves, el hermano de un ministro y nueve exdiputados de bancadas de “oposición” que con sus votos obstaculizaron una serie de procesos administrativos en la anterior Asamblea Legislativa en favor del chavismo.
Ese grupo fue nombrado, en su mayoría, en puestos de jefatura en instituciones públicas o embajadas, con salarios millonarios. Uno de ellos actualmente es ministro y otros cuatro son presidentes ejecutivos.
En el caso de los exdiputados, vienen de tres partidos. Cuatro eran de Nueva República (PNR), tres de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y dos de Liberación Nacional (PLN). Todos ellos, además, tienen dos características en común.
La primera es que en dos ocasiones impidieron que al expresidente Chaves, actual ministro de Hacienda y de la Presidencia, se le levantara la inmunidad para ser investigado por el Ministerio Público y por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
También se opusieron a que el ahora exdiputado y excandidato presidencial, Fabricio Alvarado, de Nueva República, fuera sancionado en el seno del Congreso por un caso de presuntas agresiones sexuales en contra de la exasesora y exdiputada Marulin Azofeifa.
A muchos de ellos, incluso, Chaves les agradeció en su antepenúltima conferencia de prensa como mandatario por respaldar a su administración durante su cuatrienio.
También, recibieron puestos un exalcalde del PLN, un excandidato a diputado de Nueva República, la hija de una diputada del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) y el hermano de un actual ministro de la presidenta Fernández. Vea a continuación la lista completa:
Cuatro aliados de Nueva República
—David Segura Gamboa, exdiputado: Fue nombrado como asesor en el Banco Popular (BP) con un salario de ¢2,2 millones. El nombramiento inició el 17 de agosto y se prevé que concluya el 17 de julio del 2027. Fue contratado para “apoyar en labores especializadas de análisis y seguimiento del entorno legislativo”.
—Olga Morera Arrieta, exdiputada: El pasado 1.° de junio fue contratada como asesora del presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). En ese cargo devenga un salario mensual bruto de ¢4,3 millones.
—Yonder Salas Durán, exdiputado: Fue designado como director regional Huetar Caribe del Instituto de Desarrollo Rural (Inder).
—Juan Diego López Quirós, exjefe de prensa de la fracción legislativa y excandidato a diputado por Alajuela: Fue nombrado como presidente ejecutivo del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).
Segura, Morera y Salas mantuvieron posiciones cercanas al entonces gobierno de Chaves durante mientras estuvieron en el Congreso. Los tres se unieron a la entonces fracción oficialista del Partido Progreso Social Democrático para impedir el avance de, al menos, tres hechos controvertidos.
- Votaron en contra de levantarle la inmunidad a Chaves por el caso BCIE-Cariñitos. En ese expediente, la Fiscalía General investiga un presunto delito de concusión relacionado con una contratación de $405.800, para servicios de comunicación de la Casa Presidencial, financiados con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
- Se opusieron a quitarle el fuero a Chaves para que le hiciera frente a un expediente relacionado con 15 denuncias por presunta beligerancia política, que se tramita ante el TSE.
- Formaron parte del bloque de diputados que evitó la votación de un informe sancionatorio contra el entonces legislador Fabricio Alvarado por una denuncia de presuntas agresiones sexuales.
Los cuatro exdiputados del PUSC
Otros cuatro diputados de esa misma Asamblea Legislativa, pero de la bancada del PUSC, también impidieron el avance de esos tres hechos controversiales y obtuvieron un puesto en el actual gobierno.
- Melina Ajoy Palma: Fue nombrada como directora de Gestión Sociocultural del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ).
- Horacio Alvarado Bogantes: Fue designado como embajador en Guatemala.
- María Marta Carballo Arce: Fue nombrada como directora nacional de los Cen-Cinai.
- Carlos Andrés Robles: Fue designado como ministro de Costas, Mares y Pesca.
A finales de abril, Ajoy y Alvarado fueron expulsados del PUSC, luego de que el Tribunal de Ética les abrió un proceso por haber evitado que a Chaves se le levantara la inmunidad en las dos ocasiones antes mencionadas.
A Carballo y Robles también se les investigó por lo mismo, sin que a la fecha haya trascendido una sanción en su contra.
Los tres verdiblancos
En esa misma línea votaron otros dos diputados de una tercera bancada: Liberación Nacional.
Se trata de Carolina Delgado, quien fue nombrada como presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) y Sonia Rojas, quien fue contratada como asesora del despacho del ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández.
A ellas dos se les suma otro verdiblanco: José Miguel Jiménez, quien hasta abril pasado era alcalde de Río Cuarto. Él abandonó las tiendas del PLN para darle su adhesión a Laura Fernández en la pasada campaña política. Una vez electa, ella lo nombró como presidente ejecutivo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM).
Dos diputados sin puesto
Otros dos diputados de oposición, aliados al chavismo en el cuatrienio pasado, no corrieron con la misma suerte. De momento, ninguno de los dos ha sido nombrado en algún cargo público, aunque también se salieron de sus respectivas bancadas para apoyar a Chaves y Fernández.
Ese fue el caso de Gilberth Jiménez, quien renunció al PLN, y Lesley Bojorges, quien abandonó el PUSC.
A Jiménez, el gobierno lo postuló para la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) en mayo pasado. Sin embargo, en el cargo quedó designada la embajadora de carrera Lina Ajoy, hermana de la exdiputada Melina Ajoy.
Dos financistas en alto cargos públicos
Con cargos públicos, también figuran dos financistas de la campaña de Fernández y Pueblo Soberano.
- Boris Marchegiani Carrero: Compró bonos de deuda política del PPSO, para los cuales desembolsó ¢4,2 millones al tiempo que donó a esa agrupación ¢125.000, según los reportes que el partido envió al TSE. Además, fue el empresario que pagó las vallas contra jerarcas de supremos poderes a los que Chaves ataca. Él fue designado como embajador ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).
- Marco Vargas Borges: Giró ¢12,5 millones para adquirir certificados de cesión del ahora partido oficialista. Donó, además, ¢5 millones. Esos desembolsos los hizo entre noviembre del 2025 y enero del 2026
En paralelo, Vargas fue parte de la comisión que organizó el traspaso de poderes, el 8 de mayo anterior. Él fue nombrado como presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
Familiares de aliados políticos
Familiares de aliados políticos también aparecen en este grupo de nombramientos de confianza.
- Esteban Aguilar Vargas, hermano del ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, fue nombrado como asesor de la Gerencia General del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), con un salario de ¢4,2 millones.
En enero del 2025, él fungía como fiscal de cibercrimen y saltó a la palestra pública por denunciar públicamente que el fiscal general, Carlo Díaz, lo acosaba laboralmente como represalia por su parentesco con Gabriel Aguilar, quien entonces era jefe de despacho de Rodrigo Chaves.
La Fiscalía General desmintió los señalamientos y aclaró que no había girado ninguna orden para cerrar la unidad que Esteban Aguilar lideraba. También negó haber tenido contacto directo con él.
Dos meses después, en marzo del 2025, mientras gozaba de una incapacidad médica y seguía como funcionario del Ministerio Público, Esteban Aguilar participó en una marcha organizada por el entonces gobierno de Chaves para exigir la renuncia del fiscal general, su entonces jefe.
Ese mismo mes, trascendió que el gobierno le había otorgado un puesto en el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), sin que existiera autorización por parte del Consejo Superior del Poder Judicial. En abril del 2025, renunció a la Fiscalía.
- Jean Franco Vásquez Guzmán, hijo del empresario Geovanni Vásquez Vega, dueño de la empresa Publiex: El 15 de julio, el Consejo de Gobierno lo colocó como miembro de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros (INS).
En el pasado, esa firma fue proveedora de vallas publicitarias de la campaña electoral de Rodrigo Chaves y, durante su administración, Vásquez Vega sostuvo encuentros con el entonces mandatario en Casa Presidencial e incluso participaron juntos en un acto público.
Publiex, además, buscó explotar espacios de publicidad en los postes del alumbrado público en carreteras nacionales, para lo cual alcanzó un convenio con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL). Sin embargo, la Contraloría General de la República (CGR) señaló que existía una prohibición legal.
En enero del 2025, además, en vallas de Publiex se colocaron rótulos contra jerarcas de las instituciones públicas a los que Chaves ataca. En un primer momento,Geovanni Vásquez evitó decir quién financió la campaña “Renuncien”, pero luego reveló que lo hizo el empresario hotelero Boris Marchegiani, quien fue nombrado como embajador ante la ONU.
- Keren Melissa Rodríguez Esquivel, hija de la congresista puntarenense Ana Ruth Esquivel Medrano, del PPSO: Fue contratada en un puesto de confianza como asesora del presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Édgar Oviedo Blanco.
El INA se negó a detallar cuál es su remuneración, pese a múltiples preguntas de La Nación. No obstante, en ese puesto, se devenga un salario mensual cercano al ¢1 millón, según la escala salarial global del sector público para instituciones descentralizadas, establecida por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán).