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Geovanni Vásquez Vega, presidente de la empresa publicitaria Publiex, rehusó revelar quién pagó las vallas que piden la renuncia de los jerarcas de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias; el Poder Judicial, Orlando Aguirre; la Contraloría General de la República; Marta Acosta, y la Fiscalía General, Carlo Díaz.
Estas vallas publicitarias aparecieron junto a las autopistas más concurridas de la Gran Área Metropolitana, como la ruta 27 y Circunvalación. Los carteles estaban identificados como propiedad de la empresa Publiex; por lo tanto, diversos medios le consultaron a Vásquez quién las pagó.
Sin embargo, en un comunicado difundido este martes, Vásquez se limitó a responder que “un ciudadano particular” pagó “con fondos privados” para arrendar las vallas y publicitar la campaña bautizada como “Renuncien”.
El presidente de Publiex agregó que el diseño y elaboración fue responsabilidad del cliente, quien las suministró para que se publicaran cerca de las autopistas.
“La contratación de esta campaña de publicidad se dio exclusivamente entre entes de derecho privado. Publiex es respetuosa del marco legal que protege las condiciones contractuales entre personas físicas y jurídicas particulares”, detalla el comunicado.
Además, Geovanni Vásquez dijo que ningún representante ni directivo de Publiex financió, donó recursos ni ha tenido intervención en el contenido o propósito de la campaña. Sostuvo que su firma respeta la libertad de expresión.
El presidente de Publiex participó el 18 de julio del 2024 en una actividad oficial del gobierno para el lanzamiento una campaña publicitaria sobre seguridad vial. Según detalló la Presidencia de la República, Vásquez fue el generador de ese contenido.
La campaña de seguridad vial contó con el apoyo de la Presidencia de la República, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi). Además, en el lanzamiento, realizado en La Sabana, estuvo presente el presidente Rodrigo Chaves.
La diputada y jefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros, descartó que la campaña publicitaria fuera organizada o financiada por personas cercanas al gobierno de Rodrigo Chaves.
Sin embargo, diputados de oposición, como Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), consideran que las vallas publicitarias son parte de la estrategia de comunicación de Casa Presidencial.
Para el liberal y la socialcristiana, Daniela Rojas, se debería realizar una investigación judicial para saber quién financió los carteles, ya que la Carta Magna prohíbe la publicidad que atente contra el orden constitucional.
“Un artículo de la Constitución Política dice que la publicidad en contra del orden constitucional es penada con cárcel. Me parece que esto es parte de la estrategia del Gobierno de la República para envenenar el ambiente político. Aunque no las haya pagado el Gobierno, estoy seguro de que fueron coordinadas. Es la línea del ataque a las instituciones que pueden ejercer niveles de control sobre las actuaciones del Poder Ejecutivo”, aseveró Feinzaig.
Por su parte, la congresista Andrea Álvarez, de Liberación Nacional, afirmó que no es coincidencia que estas vallas aparecieran cuando falta poco más de un año para las elecciones presidenciales del 2026.
“Es lo que ha cultivado este gobierno: polarizar el país sin generar soluciones. A mí me preocupa que esa vaya a ser la tónica de la campaña, porque es muy distinto a lo que estamos acostumbrados en Costa Rica. En el periodo electoral lo importante es la confrontación de ideas”, declaró Álvarez.
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