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Durante su segundo periodo como presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha tomado múltiples decisiones desconcertantes, erráticas y perjudiciales. La guerra contra Irán está demostrando ser la peor, por su impacto inmediato y repercusiones globales. Pero otra guerra, la comercial, puede señalarse sin duda como la peor política general aplicada desde que asumió el cargo, el 20 de enero de 2025. Este jueves 2 cumplió un año de haber sido proclamada bajo el hiperbólico nombre de “Día de la Liberación” (Liberation Day).
En un acto celebrado en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, Trump anunció entonces la imposición, a partir de una semana después, de un arancel mínimo del 10% a todos los países, incluyendo una isla antártica solo habitada por pingüinos. A ellos sumó tarifas “recíprocas” más elevadas, según su balance comercial con Estados Unidos, y otras a sectores económicos específicos, como el del acero, el aluminio y los vehículos automotores.
La reacción de los mercados financieros y bursátiles ante ese extremo mercantilismo fue tan catastrófica, que casi de inmediato postergó su vigencia hasta el 7 de julio. Luego la extendió hasta el 1.° de agosto, y al día siguiente comenzaron a regir los nuevos aranceles, que en promedio alcanzaron el mayor nivel desde la década de 1930. Para la mayoría de los países latinoamericanos, se mantuvieron en la base del 10%, pero, en nuestro caso, se elevaron al 15%, aunque luego se establecieron excepciones a ciertos productos.
El diseño original de esa política ha experimentado desde entonces múltiples cambios, sea por acuerdos negociados con algunas contrapartes clave, en particular China, o por el cabildeo de industrias nacionales, como las tecnológicas. El 20 de febrero, la Corte Suprema de Justicia le dio un golpe letal, al declarar inaplicable la legislación en que se había amparado.
Por votación de 6 a 3, dispuso que, contrario a lo aducido por Trump el 2 de abril de 2025, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) no lo autorizaba a la imposición de aranceles mediante decreto ejecutivo, algo que solo puede decidir el Congreso.
El gobierno anunció entonces que utilizaría una opción para ampararse legalmente: la Ley de Comercio de 1974. Permite, bajo ciertas circunstancias, imponer aranceles extraordinarios por un máximo de 150 días. Fueron fijados en 15% y su aplicación vencerá a mediados de julio. Es difícil saber qué ocurrirá a partir de ese momento. Esta decisión también ha sido impugnada ante los tribunales, por supuestamente exceder sus potestades.
Entretanto, centenares de empresas han exigido que se les devuelvan los aranceles pagados como resultado del decreto ejecutivo ilegal. La avalancha de litigios legales crece y sus implicaciones fiscales pueden resultar enormes.
Los hechos mencionados dan una idea parcial de la incertidumbre y el desconcierto generados por la errática política. Como era posible suponer, ha afectado grandes decisiones de inversión en Estados Unidos. Si lo que se anuncia hoy, con enorme impacto, puede cambiar mañana, con efectos distintos –sean mejores o peores–, la decisión más racional es esperar, o acudir a acciones oportunistas de corta duración.
Lo mismo, o peor, ha ocurrido con el resto de los países, en distinta medida, según su estructura productiva, la profundidad de su relación comercial con Estados Unidos y su capacidad de reacción. China, por ejemplo, adoptó una actitud de choque, valiéndose del control que tiene sobre minerales clave para la industria defensiva y de alta tecnología en general. Otros, como Japón o Corea del Sur, o bloques regionales, como la Unión Europea (UE), llegaron a arreglos específicos. Sin embargo, están en entredicho tras el cambio impuesto por la decisión de la Corte Suprema.
Durante su Liberation Day, Trump aseguró que la nueva política impulsaría la producción industrial en Estados Unidos y que reduciría drásticamente su déficit comercial, un objetivo que lo ha acompañado siempre. Lo primero no ha ocurrido, y el déficit se mantiene, aunque a niveles menores. Sí se ha incrementado la recaudación de impuestos aduaneros, pero a un ritmo decreciente. Además, se han generado presiones inflacionarias, exacerbadas ahora por los efectos económicos de la guerra contra Irán.
La buena noticia es que, lejos de conducir a un generalizado proteccionismo y, por ende, a una guerra comercial global, la reacción de los demás países ha sido sobria. Más bien, se han suscrito acuerdos comerciales de gran importancia que permanecían dormidos, como los de la UE con el Mercosur y la India.
De cualquier modo, todos, incluyendo a los estadounidenses, hemos perdido, aunque en escalas diferentes. Y difícilmente la turbulencia que comenzó hace un año cesará pronto. Hasta ahora, la anunciada “liberación” lo que ha producido es confusión, distorsión y perjuicio.
