La Corte Suprema de Estados Unidos falló este viernes por no autorizar y frenar los aranceles recíprocos por la administración de Donald Trump impuestos a Costa Rica y a más de 160 socios comerciales el 2 de abril de 2025, en lo que el mandatario hizo llamar el ‘Día de la Liberación’.
La instancia por voto mayoritario dictaminó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no autoriza al presidente Donald Trump a imponer aranceles (tarifas).
La sentencia confirma que el poder de establecer impuestos y aranceles recae exclusivamente en el Congreso, según la Constitución.
Trump emitió la Orden Ejecutiva No. 14257 para declarar una emergencia nacional debido a los déficits comerciales “grandes y persistentes”, los cuales calificó como una amenaza “inusual y extraordinaria” para la base manufacturera del país.
En el caso de Costa Rica, la tarifa impuesta fue del 10% la que fue incrementada al 15% a partir del 7 de agosto de 2025 bajo el argumento del superávit comercial de nuestro país con Estados Unidos.
El fallo surge luego de que pequeñas empresas y varios estados demandaron al Gobierno, argumentando que la facultad de “regular la importación” otorgada por la IEEPA no incluía la capacidad de tasar o imponer aranceles.
Las audiencias de la Corte Suprema iniciaron en noviembre pasado.
En mayo de 2025, un tribunal falló que Trump excedió su autoridad al imponer los aranceles, pero la apelación del gobierno permitió que permanecieran temporalmente en vigor.
Posteriormente, en agosto de 2025, un tribunal de apelaciones federal falló que los aranceles eran ilegales, lo que impulsó a la Administración Trump presentar la disputa a la Corte Suprema.
El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) indicó en un comunicado este viernes que, con esta resolución, y una vez que las autoridades estadounidenses implementen las instrucciones operativas correspondientes, la oferta exportable costarricense continuará rigiéndose por las disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos (DR-Cafta).
Este tratado, vigente en Costa Rica desde 2009, establece relaciones comerciales bilaterales con una tarifa arancelaria del 0%.
Estados Unidos es el principal socio comercial de Costa Rica. Al cierre de 2025, las exportaciones totales de bienes sumaron $22.855 millones; el 47% de las exportaciones se dirigieron hacia el país norteamericano, equivalentes a $10.797 millones, de acuerdo con datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).
Lo que anula el fallo y los votos
Con el fallo, emitido en un documento de 170 páginas y con el voto mayoritario a favor de seis de los nueve jueces, el fallo anula el arancel del 25% a las importaciones de Canadá y México, el arancel del 10% a las importaciones de China y el “arancel recíproco” de al menos el 10% aplicado a todos los socios comerciales de EE. UU.
La valoración indica que la facultad de imponer aranceles es “muy claramente... una rama del poder tributario”.
El Juez Presidente John G. Roberts, junto con los jueces Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, argumentó que, bajo la “doctrina de cuestiones mayores”, una decisión con un impacto económico tan masivo (billones de dólares) requiere una autorización clara y explícita del Congreso, la cual no existe en la IEEPA.
En tanto, las juezas Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson estuvieron de acuerdo con el resultado final (anular los aranceles), pero prefirieron basarse en una interpretación literal de la ley. Argumentaron que simplemente la palabra “regular” no incluye “tasar” o “poner impuestos”, sin necesidad de recurrir a la doctrina de cuestiones mayores.
Por otro lado, tres jueces votaron en contra del fallo, defendiendo la legalidad de los aranceles presidenciales: Brett Kavanaugh, Clarence Thomas y Samuel Alito.
Los tres jueces argumentaron que el término histórico “regular la importación” siempre ha incluido la imposición de derechos de aduana. Advirtieron que el fallo limita las herramientas del Presidente para negociar acuerdos comerciales y que el proceso de devolver el dinero recaudado será un “caos” administrativo.
La administración Trump ha señalado que los aranceles reducirán el déficit nacional en $4.000 millones y que los acuerdos internacionales alcanzados gracias a estos aranceles podrían valer $15.000 millones.