EscucharWashington. El gobierno estadounidense solicitó el miércoles a la Corte Suprema que se pronuncie de forma expedita en el caso presentado por la administración después de que un tribunal determinara que el presidente Donald Trump no tiene la potestad para imponer parte de los aranceles.
El procurador general, John Sauer, instó a la alta corte a que “acelere la resolución de este caso en la medida de lo posible, dada la enorme importancia de confirmar rápidamente la plena validez jurídica de los aranceles del presidente”.
La petición se produce tras el fallo a finales de agosto de un tribunal de apelaciones del circuito federal, que consideró que Trump se excedió en sus competencias al recurrir a poderes económicos de emergencia para imponer los gravámenes.
Sin embargo, los jueces permitieron que los aranceles se mantuvieran hasta mediados de octubre, dándole tiempo a Trump para llevar la causa a la Corte Suprema.
Desde que regresó a la Casa Blanca en enero, Trump ha invocado la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer aranceles “recíprocos” a casi todos los socios comerciales de Estados Unidos.
Esos gravámenes tienen una cota básica del 10% y niveles más altos para docenas de productos provenientes de la Unión Europea (UE) y Japón.
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El presidente estadounidense recurrió a poderes similares para imponer aranceles especiales a México, Canadá y China, a quienes acusa de no hacer lo suficiente para frenar la migración irregular y el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos.
El tribunal de apelación dictaminó que había excedido su autoridad.
También puso en duda los acuerdos comerciales que Trump ha alcanzado con socios clave como la UE, planteando la cuestión de qué pasaría con los miles de millones de dólares recaudados desde que se impusieron los aranceles, si la Corte Suprema, de mayoría conservadora, no le da la razón.
En una declaración presentada junto con la petición, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que la decisión del tribunal inferior había despojado al gobierno de una “ventaja sustancial en las negociaciones”.
El procurador general solicitó que las vistas orales en este caso se celebren a principios de noviembre.
