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Cada golpe contra las bandas de narcomenudeo implica un avance puntual en la interminable lucha contra el tráfico y venta de drogas. El alivio que generan resulta clave para la calidad de vida de las comunidades afectadas, también agobiadas por otros problemas. Sin embargo, el efecto de esas acciones será pasajero en los territorios, además de limitado para combatir el desafío estructural del narcotráfico y de la delincuencia en general, si no forman parte de abordajes más integrales.
De esto se trata, precisamente, el Plan Estratégico de Contención y Control de la Violencia (Pecov), desarrollado y liderado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en el que también participan activamente la Fuerza Pública, la Policía de Control de Drogas, las policías municipales, el Ministerio Público y los tribunales.
Tal como lo dimos a conocer el pasado domingo, uno de sus principales componentes es atacar los puntos de venta al menudeo como “puerta de entrada” hacia los grupos criminales de que forman parte. Se basa en un correcto supuesto, que enunció el director interino del OIJ, Michael Soto: por encima de ese último eslabón de la funesta cadena, “hay toda una estructura y un aparataje para proveer, para recoger dinero, para controlar el territorio”. Son ellos, en última instancia, los que se impone desarticular para obtener resultados sustantivos.
Avanzar desde abajo hacia arriba en la lucha contra la delincuencia organizada implica, entre otras cosas, una mirada sistemática, obtención y manejo sofisticado de datos, labor de inteligencia, fijación y medición de metas, planeamiento detallado y coordinación fluida entre los diversos cuerpos policiales e instancias judiciales. Así ha estado ocurriendo desde que se puso en marcha el plan, a finales de 2023.
Priorizar el ataque al narcotráfico es uno de los cuatro pilares del Pecov. Los otros, todos interrelacionados, son resolver homicidios, crear unidades de crimen organizado en todas las oficinas del OIJ del país y dar seguimiento a los casos con métricas por oficinas. Estos datos, a su vez, se convierten en fuente inestimable para la toma de decisiones.
Además del cambio de abordaje, la lucha contra el narcotráfico ha recibido impulso de las reformas constitucional y legal aprobadas el año pasado por la Asamblea Legislativa, que permiten la extradición de nacionales en casos de terrorismo y crimen organizado. Las extradiciones ya aprobadas y ejecutadas, más 18 más en trámite, se han convertido en un elemento disuasor para las cúpulas.
Tal como dijimos en nuestro editorial del 4 de marzo anterior, “una golondrina no hace verano”, y los datos iniciales aún no pueden considerarse señal de una tendencia. Sin embargo, en los primeros meses de este año se ha producido una baja en los homicidios, no solo a escala nacional, sino también en provincias particularmente afectadas, como Limón y Puntarenas. Si se mantiene el ritmo en la disminución, Soto estima que 2026 podría cerrar con la menor tasa desde 2023, aunque todavía muy elevada para nuestro récord histórico y una auténtica seguridad ciudadana.
La excepción, esperamos que momentánea, ha sido Cartago, debido a los enfrentamientos entre pandillas, que han cobrado múltiples víctimas y sembrado gran temor en una provincia tradicionalmente pacífica. Por algo el OIJ ha dirigido su atención hacia ella. Además, sus alcaldías decidieron tomar la iniciativa, convocar a un encuentro entre autoridades clave para mejorar la seguridad y crear un Consejo Provincial para impulsar y monitorear la acción coordinada.
Su plan es integral, y contempla un componente descuidado –y hasta erosionado– por el actual gobierno: el desarrollo social y la prevención. Por esto, los alcaldes cartagineses, en un documento que dio origen a su iniciativa, llamaron a un acuerdo nacional que contemple no solo el fortalecimiento de las capacidades policiales y la mejora en la normativa legal existente, sino también la prevención.
El director interino del OIJ, por su parte, advirtió en nuestra información de que, sin inversión social y avances en desarrollo humano, los logros que se obtengan con las mejores estrategias de intervención serán insostenibles en el tiempo.
La lección, hasta ahora, es que con estrategias policiales metódicas y bien ejecutadas, como el Pecov, dentro del marco de nuestro Estado de derecho, se puede avanzar mucho más que con anuncios huecos, reparto de culpas o, peor aún, amagos de suspensión de garantías. Pero su impacto a largo plazo dependerá de políticas integrales, en las que el liderazgo político de calidad resulta indispensable.
