En lo que va del 2026, Costa Rica registra un promedio diario de entre 1,5 y 1,9 homicidios. Si la tendencia se sostiene, el país cerraría el año por debajo de 800 muertes violentas por primera vez desde el 2023. Detrás de esa baja está el Plan Estratégico de Contención y Control de la Violencia (PECOV), una metodología de cuatro pilares que diseñó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Michael Soto, director interino del OIJ, explicó que este plan puso al narcomenudeo en el centro de la acción policial.
El primer diagnóstico que hizo la Policía Judicial fue que ocho de cada 10 homicidios se relacionan con el narcotráfico, ajustes de cuentas entre estructuras que se disputaban territorios y rutas de venta de drogas.
Ese panorama dio origen al PECOV cuyos pilares son: priorizar el ataque al narcotráfico, resolver homicidios, crear unidades de crimen organizado en todas las oficinas del país, y dar seguimiento de casos con métricas por oficina.
Narcomenudeo
La apuesta central del plan fue atacar los puntos de venta de drogas como una puerta de entrada hacia las estructuras que los sostienen.
“Una venta de drogas en sí misma, un búnker, no significa que es sencillamente el vendedor terminal el que está ahí. Sabemos que encima de esa persona hay toda una estructura y un aparataje para proveer, para recoger dineros, para controlar el territorio”, explicó Soto.
Esa forma de investigación se tradujo en un aumento de casos: de 488 en 2023 pasaron a 912 en 2024 y a 1.244 en 2025, un incremento del 36%.
Para Soto, ese crecimiento no es un problema sino un insumo ya que cada caso de narcomenudeo abre una investigación hacia arriba en la cadena criminal.
El OIJ también estableció métricas obligatorias por oficina. Cada delegación, desde las más pequeñas como Monteverde o Los Chiles, con dos agentes dedicados a crimen organizado, hasta las más grandes como Alajuela o Heredia, tiene una cuota de casos de drogas que debe cumplir.
En febrero del 2024 se crearon además 296 plazas de investigación especializada en crimen organizado, distribuidas en todo el país.
El “decisor”
Una de las herramientas más importantes del plan es un sistema informático denominado “el decisor”, que permite elaborar un mapa completo de una organización criminal: sus integrantes, sus actividades, sus zonas de distribución, sus rutas de abastecimiento nacional e internacional, sus mecanismos de legitimación de capitales y posibles vínculos con funcionarios públicos.
El director interino describió este sistema así: “Definir e identificar la estructura criminal con todos sus componentes... y empezar a accionar sobre ese grupo hasta desarticularlo; eso es el decisor”.
Cuando se determina que una estructura delictiva no está dedicada al narcotráfico, el sistema busca delitos asociados, como préstamos gota a gota, extorsiones, amenazas. El objetivo es siempre desarticular el grupo por cualquier vía disponible.
Los resultados
La desarticulación de estructuras criminales de alto perfil pasó de 38 en 2024, con 470 personas detenidas y 820 allanamientos, a 44 en 2025 con 601 imputados y 538 allanamientos. Entre los casos más conocidos figuran la banda de alias Curry, los Leones dirigida por alias Shaggy, o los casos Transportadores y Traición, este último en Limón, que implicó 67 allanamientos simultáneos en noviembre pasado.
Soto resaltó que la reducción de homicidios ha sido gradual pero sostenida: 905 en 2023, 876 en 2024 y 870 en 2025. Las provincias históricamente más violentas también muestran cambios. Limón pasó de 213 homicidios en 2023 a 172 en 2025, una reducción de 41 casos. Puntarenas bajó de 149 a 130 en el mismo periodo, 19 menos.
No todo el país muestra la misma tendencia. En Cartago, una alianza entre los Chacales, los Gery y el grupo de alias Gordo Julio se enfrenta desde octubre pasado a Los Maruja, un conflicto que duplicó los homicidios en la provincia y que hoy concentra buena parte de la atención del OIJ.
Proyección para el 2026
En lo que va del año, el promedio diario de homicidios se ha mantenido en 1,9. En los últimos 30 días bajó a 1,7 y, en los últimos 15 días, a 1,5.
Con esos números, el OIJ maneja tres escenarios: si el promedio se mantiene en 1,9, el año cerraría con 693 homicidios; si sube a 2,0, serían 730; y si llega a 2,1, la cifra sería de 766. En cualquiera de los tres casos, el país estaría por debajo de los 800 homicidios anuales por primera vez en los últimos tres años.
A ese panorama se suma el efecto disuasorio que Soto atribuye a la Ley de Extradición de nacionales, vigente desde mayo del 2025. Hay actualmente 18 costarricenses en proceso de envío hacia Francia, Italia, Panamá y Estados Unidos.
“Ha generado un impacto importante en la psiquis de la criminalidad”, afirmó Soto, aunque advirtió que sus efectos más profundos se verán a largo plazo.
Soto subrayó que los resultados son producto de un trabajo conjunto entre la Fuerza Pública, el Ministerio Público, la judicatura y las policías municipales. Y lanzó una advertencia que va más allá de las estadísticas. Sin inversión social y avances en desarrollo humano, advirtió, ninguno de estos logros será sostenible en el tiempo.
