¿Qué más hace falta? Esta pregunta espera una respuesta del gobierno de Rodrigo Chaves para aclarar al país por qué aún no publica un decreto –o impulsa una ley– para delimitar quiénes pueden realizar cirugías estéticas y así terminar con una permisividad de años que no solo deja personas con graves lesiones, sino que cobra vidas.
Es hora de respuestas, porque en el mercado de las cirugías estéticas proliferan médicos generales que, si bien cuentan con conocimientos médicos esenciales y una base quirúrgica, carecen de la formación especializada necesaria para anticipar riesgos, establecer límites quirúrgicos y responder de manera adecuada ante emergencias.
Los especialistas en Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética, en cambio, acumulan al menos 13 años de formación, que incluyen Medicina General, Cirugía General y una especialidad altamente técnica, así como el manejo integral de complicaciones.
Al vacío formativo de los médicos generales, se suma un mercado que ha banalizado la cirugía estética y la presenta como un producto de consumo rápido, impulsado por redes sociales, canjes con influencers y ofertas que priorizan el precio por encima de la seguridad del paciente.
Promociones, “combos” y “mejoras” múltiples en una sola intervención normalizan procedimientos médicos de alto riesgo y diluyen la percepción de peligro, especialmente entre personas que no cuentan con información para dimensionar las posibles complicaciones.
La educadora Ivannia Torres Cubillo, de 40 años, con tres hijos y originaria de Batán, Limón, falleció el 19 de enero por complicaciones posteriores a una cirugía estética por la que pagó ¢1,8 millones en una clínica privada en San José. Lo que inicialmente sería una abdominoplastia terminó en una intervención múltiple que incluyó procedimientos en brazos y piernas, todos efectuados en una sola sesión. Tras la cirugía, su condición se fue deteriorando a lo largo varios días hasta que debió ser trasladada de emergencia al Hospital Calderón Guardia, donde murió por infarto y derrame cerebral.
Cinco días antes, el 15 de enero, murió Cinthya Carvajal Guevara, de 48 años y madre de una joven de 21, mientras se le practicaba un procedimiento estético en una clínica en Rohrmoser.
El deceso más reciente fue el de la limonense Regina Brumley Kerr, de 43 años, quien falleció en el Hospital México, el 23 enero, por complicaciones derivadas “de una supuesta cirugía estética” realizada en otro lugar. En los dos primeros casos, los médicos que realizaron los procedimientos están incorporados al colegio profesional, pero ninguno tiene la especialidad.
Esta situación llevó a la Asociación de Médicos Especialistas en Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética (Amecpre) a demandar acciones al gobierno para “reforzar la supervisión y control de este tipo de prácticas para evitar que más personas pongan en riesgo sus vidas”. Es vital ese control, porque solo el año pasado, 22 pacientes denunciaron ante el Colegio de Médicos aparentes transgresiones al Código de Ética vinculadas a procedimientos estéticos.
No obstante, lo inexplicable es por qué el decreto 45336-S que intenta poner orden en el negocio de la cirugía estética no entra en vigor. El presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, Elliot Garita, explicó que el presidente Chaves y la ministra de Salud, Mary Munive, lo firmaron desde el 26 de junio. Sin embargo, Casa Presidencial lo envió al Colegio hasta el 3 de diciembre para que gestionara con la Imprenta Nacional su publicación en La Gaceta. Ese trámite se hizo al día siguiente, el 4, y aún nada.
Aquí surge lo más extraño. La Imprenta Nacional indicó que la publicación no se ha realizado porque el ministro de Seguridad, Mario Zamora, debe revisar previamente el decreto. La primera pregunta es por qué un ministro de Seguridad debe revisar asuntos firmados por la ministra de Salud y el propio presidente; la segunda, por qué tanta demora en una normativa crucial para proteger vidas.
Pero no solo el decreto es fundamental. También llegó el momento de cerrar vacíos legales, como definir si deben prohibirse los procedimientos meramente estéticos en menores de edad, con la excepción de cirugías reconstructivas (como labio leporino, malformaciones congénitas o secuelas de lesiones físicas). En México, el Congreso local de Durango aprobó esa prohibición después de que, el 20 de setiembre, muriera en una clínica privada Paloma Nicole Arellano, de 14 años, a quien su madre le autorizó un procedimiento para aumentar el tamaño de los senos.
Lesiones serias y muertes, médicos sin especialidad, clínicas y quirófanos instalados en edificios de oficinas, cirugías ofrecidas como “combos” publicitarios y un marco normativo sumamente laxo, conducen inevitablemente a la pregunta con que empezamos este editorial: ¿qué más hace falta para que el decreto y las regulaciones entren en vigor y el Estado actúe con responsabilidad en su deber de proteger vidas?
