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La Corte Suprema de Justicia ha actuado como corresponde ante un caso de extrema seriedad, en el que deben prevalecer principios esenciales para la administración de justicia: por un lado, la presunción de inocencia que corresponde a cualquier ciudadano mientras no exista cosa juzgada; por otro, la atención de graves denuncias contra un funcionario de altísimo rango dentro de la estructura del Poder Judicial.
El miércoles, en una sesión plena de carácter extraordinario, la Corte adoptó “la medida provisionalísima de suspender preventivamente de sus funciones al director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ)”, Randall Zúñiga, a quien tres mujeres mayores de edad, en forma separada, han denunciado por presuntos delitos sexuales.
Zúñiga se manifestó satisfecho por la decisión y confiado en que “al final del proceso”, su nombre “quede limpio” y pueda retomar su trabajo con normalidad. Además, anunció que analizará el expediente judicial en su contra y aportará elementos de descargo. Es una actitud madura y responsable. Ayer aseguró que dos de las eventuales víctimas recibieron ofertas de beneficios estatales para presentar sus denuncias, algo que, de confirmarse, podría dar un gran giro al caso.
La suspensión, dice el comunicado que la anuncia, “se extenderá por un periodo de 15 días hábiles”, con el propósito de que “la investigación avance y reúna elementos de prueba que permitan valorar el dictado de una medida cautelar por un periodo más amplio”. La Corte, además, reitera su compromiso, sobre el que no tenemos duda alguna, tanto “con la transparencia, la institucionalidad y la justicia”, como con “el respeto absoluto del debido proceso y la presunción de inocencia”. También garantiza la “continuidad y normal funcionamiento” del OIJ.
Esta quedó plenamente demostrada ayer jueves, cuando, en coordinación con la DEA, agencia antidrogas de Estados Unidos, y el FBI, su policía federal de investigación, el OIJ realizó operativos antidrogas en cinco puntos del país, como parte de la operación Escudo Internacional. Además, su subdirector, Michael Soto, tiene todas las condiciones para asumir, por el tiempo que sea necesario, el liderazgo de la organización, que es un bastión clave en la lucha contra la delincuencia y la inseguridad. Los ejemplos abundan.
Más allá de su importancia intrínseca y efectos concretos, la pronta y responsable decisión de la Corte Plena debería servir de ejemplo para el tratamiento que todos los actores políticos y sociales, además de medios de comunicación y ciudadanos, debemos dar a este caso. Es algo que todo proceso judicial merece, pero más aún el actual, por tratarse de posibles delitos sexuales, donde las víctimas merecen especial protección, y por la importancia del cargo del denunciado.
Las investigaciones al respecto siguen dos caminos paralelos e independientes. A la Corte Plena, como superior jerárquico del director del OIJ, le corresponde la investigación administrativa, que ya ha empezado, según las normas vigentes dentro de nuestra institucionalidad. Las eventuales decisiones que emanen tendrán, por ello, connotaciones de la misma índole, consecuentes con el resultado obtenido.
La Fiscalía de Género, por su parte, está a cargo de la investigación penal, sin duda la más importante, con apego a las normas de independencia, objetividad y debido proceso consustanciales a las tareas de esas instancias. Confiamos en que así sea, no solo por la certeza que ha reiterado el fiscal general, Carlo Díaz, sino también por el profesionalismo y experiencia de esa oficina, que actúa, como todas las fiscalías, en el marco de la autonomía.
Eventualmente, decidirá si existen o no elementos suficientes para acusar a Zúñiga y, en todas las etapas de este camino, claramente normado por nuestra legislación, las partes tendrán todo el derecho de plantear sus cargos, descargos y pruebas.
Existen razones de sobra para que este caso reciba gran atención de la opinión pública. Pero, precisamente por su seriedad, debemos cuidarnos de dos peligros. Uno consiste en dar por verosímiles y legítimos fragmentos de mensajes, videos o imágenes que pueden ser creados o manipulados para causar daño o generar morbo. Si algunos tuvieran fundamento –lo cual tampoco puede descartarse–, lo que corresponde es presentarlos a la Fiscalía de Género. El otro es avalar los intentos de convertir este caso, de índole estrictamente personal, en un instrumento de ataque contra el OIJ como organización y, más grave aún, contra el Poder Judicial, de cuya estructura forma parte.
El presidente Rodrigo Chaves ha sido el primero en actuar en tal sentido, junto a operadores políticos y mediáticos cómplices. Se trata de un jugoso platillo que, aderezado con insinuaciones de toda índole, se añade a su campaña de ataques contra nuestras instituciones, en particular aquellas que tramitan múltiples acusaciones en su contra y que, eventualmente, deberán juzgarlas. De la misma forma que Chaves exige seriedad y objetividad en esos casos, su deber es mantenerlas en el caso del director del OIJ.
A la vez, y más allá de su posible inocencia, Randall Zúñiga debe valorar con responsabilidad, y en función de lo que pase en los próximos días, hasta qué punto su permanencia en el cargo, durante un proceso penal que difícilmente será corto, puede causar daño a la confianza en la institución. Justa o injustamente, es casi inevitable que así sea. Hay momentos en que se imponen sacrificios personales en aras de valores y propósitos de interés público. Es algo que esperamos tome en cuenta un funcionario de trayectoria tan destacada como la suya.
