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Los permisos con goce salarial para los más de 60.000 empleados de la CCSS derivaron en un abuso que exige correcciones tajantes, porque lo que se concibió como una medida solidaria para que los funcionarios pudieran acompañar a citas médicas a sus hijos menores o con discapacidad, cónyuges o padres, trocó en ausencias durante jornadas completas por gestiones que, en muchos casos, toman apenas unas horas.
El problema no solo está en los ¢8.400 millones por año que le cuestan a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) esos permisos, sino –y más grave– en el impacto directo en la atención de pacientes en hospitales, clínicas y Ebáis, dado que obligan a suspender cirugías, citas, retrasar tratamientos, recargar funciones al resto del personal, menguar la calidad del servicio que merecen los usuarios y, obviamente, engrosar aún más las listas de espera, que ya van por 1.250.000 personas.
Algunos de los casos expuestos por la periodista Fernanda Matarrita en el reportaje “CCSS pagó ¢8.400 millones a personal para ir con familiares al médico en 2025”, publicado el 25 de marzo, resultan infames y perversos, como el del funcionario del Hospital México que acumuló 226 días de permiso con goce salarial, el año pasado, para acompañar a familiares a citas médicas. Descontando fines de semana y feriados, prácticamente no trabajó en todo el año.
Otro empleado de Enfermería en La Fortuna de San Carlos sumó 195 días; uno, en Mata Redonda, 178; otro, en el Hospital de Cartago, 151, y médicos en hospitales como el Nacional Psiquiátrico y el de Heredia registraron 125 y 105 días, respectivamente. Los números retratan, crudamente, un sistema que perdió el control.
Es cierto que detrás de cada caso puede haber una historia personal e incluso situaciones complejas. Pero la CCSS no fue concebida como un sistema de auxilio laboral para resolver la logística familiar de sus funcionarios, sino como el pilar del seguro social destinado a atender enfermos y garantizar servicios de salud oportunos.
A esto hay que añadir que los empleados de la CCSS disfrutan de un régimen de vacaciones más generoso que el del resto de trabajadores del país, pues se les otorgan hasta 30 días hábiles anuales, según antigüedad. Y, en ciertos casos, se añaden otros 15 días naturales de vacaciones profilácticas cada año.
Además, los empleados de la CCSS son los que más se incapacitan en el país y un factor que sin duda influye para que esto ocurra es que se les paga el 100% del salario durante la licencia. Se trata de beneficios que, aunque tienen justificación en condiciones específicas, en la práctica amplían significativamente los periodos de ausencia y presionan la operación de los servicios.
Por eso, las acciones que tomó la Junta Directiva el 19 de marzo, aunque necesarias, resultan insuficientes. Ese día, decidió hacer una interpretación auténtica del artículo 46, inciso h) de la Normativa de Relaciones Laborales que permite otorgar permisos con goce salarial hasta por un día completo para que funcionarios acompañen a citas médicas a sus parientes. El acuerdo de los directores dispuso que, en adelante, el permiso no cubrirá toda la jornada, sino solo el tiempo efectivo que demande la cita médica, incluidos traslados y gestiones asociadas, como exámenes, retiro de medicamentos o programación de nuevas citas.
Ajustar la interpretación no corrige el problema. Se requieren decisiones más radicales: controles estrictos, trazabilidad del tiempo utilizado, limitar los permisos a una cantidad razonable por año, especificar responsabilidades de las jefaturas y tomar medidas para que ese tipo de tareas familiares se hagan usando los días de vacaciones, como lo debe hacer la mayoría de los trabajadores del país. Pero, sobre todo, es urgente un cambio en la cultura institucional que hoy tolera el abuso.
Testimonios sobran. Tania Jiménez, directora del Hospital Calderón Guardia, advirtió de que cierran entre tres y cuatro quirófanos al día porque no logran completar los equipos de enfermería ante la ausencia de personal. Douglas Montero, director del Hospital México, narró que el artículo 46 genera un ausentismo diario de hasta el 39,8% del personal. Hay días, por ejemplo, que hay tres salas de cirugía fuera de servicio.
La magnitud de las cifras es elocuente. Solo en 2025 se otorgaron 191.582 permisos con goce salarial en toda la CCSS. La mayor parte los disfrutaron empleados de Enfermería y Servicios de Apoyo, con 92.817, seguidos por los profesionales en Ciencias Médicas, con 45.531, y el personal administrativo, con 29.483. Sin embargo, el pago a los médicos consumió la mitad de todo el gasto, con ¢4.000 millones.
Por ahora, el impacto económico está a la vista, pero lo más grave sigue sin medirse: el costo humano que pagan los pacientes. Ese daño no aparece en los estados financieros, pero es el que más debería preocupar. Frente a un problema tan desmesurado, las respuestas no pueden ser débiles ni tardías. La Junta Directiva y la cúpula de la CCSS están obligadas a actuar con controles y la determinación de corregir estas distorsiones.
