Lanamme confirmó que los diseños permiten el ingreso peligroso de vehículos a alta velocidad, radios de giro inadecuados, invasión de carriles y riesgos para peatones. Pese a las advertencias, Amador optó por esa solución barata en una obra de 107 kilómetros de por sí ya costosa, pues supera los $534 millones. Alegó que mientras los pasos a desnivel saldrían entre $7 millones y $8 millones cada uno, las rotondas rondarían los $250.000. De ese modo vendió la idea. Lo más penoso es que el entonces ministro llegó a jactarse de que tendrían una vida útil de 10 a 20 años, amparándose en estudios supuestamente técnicos cuyo costo nunca reveló y que hoy quedan en entredicho.
Cuando Batalla asumió, se alineó con esa narrativa y llegó a afirmar que las rotondas eran más seguras para los peatones, relegando los riesgos para los conductores. Además, descalificó por “peligrosos”, “remalos” y “horribles” los diseños de pasos a desnivel entregados por la constructora China Harbour Engineering Company (CHEC). Hoy el propio Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) lo contradice: usará esos mismos diseños para levantar los primeros cuatro pasos elevados.
Lo inaudito de esta tragicomedia es que, pese a que la periodista de La Nación Patricia Recio hizo público desde setiembre de 2023 el plan de sustituir los pasos a desnivel por rotondas, el gobierno se dedicó a desacreditar a los críticos. El presidente minimizó las protestas vecinales como un movimiento de “16 gatos” con “intereses mezquinos” y Batalla llegó a decir que lo que buscaban era “joder al gobierno y a Limón”.
Hoy, ni Amador ni Batalla son ministros, pero sus decisiones pasan la factura a los usuarios de la ruta por la que circulan hasta 2.000 furgones diarios con carga hacia y desde el puerto de Moín, el principal del país.
Las consecuencias son evidentes. Habrá sobrecostos por variaciones de precios en los materiales. Con $30 millones adicionales aportados por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), se prevé construir los primeros cuatro pasos a desnivel a partir de julio del año entrante, más unos pasos peatonales, los cuales debían levantarse desde el inicio. En el mejor de los escenarios, estarían listos en 2027.
Lo mínimo que se debe hacer para apurar los trabajos es emplazar al MOPT a concluir las expropiaciones pendientes. Resulta inaudito que, después de casi una década, esa tarea siga inconclusa y no haya responsables. Si es necesario recurrir a empresas privadas para acelerar los trámites técnicos y legales –como se planteó en la ruta a San Ramón– debe hacerse, porque ni los limonenses ni el país se merecen más dilaciones y excusas.
Lo sucedido con esta pésima experiencia de ingeniería civil no puede repetirse. Si existe el Lanamme, es para evitar estos errores. Ignorar sus auditorías o sus alertas, denominadas “notas informe”, encarece los contratos, compromete la seguridad vial y la competitividad del país, y constituye un incumplimiento al deber de velar por la eficiencia de la inversión pública.
La respuesta debe darla la Asamblea Legislativa. Ya hay al menos tres proyectos de ley, incluido el N.° 22.572, que pretenden reformar el artículo 6 de la Ley 8114 para otorgar carácter vinculante a las auditorías y advertencias del Lanamme. La UCR ha manifestado su respaldo, siempre que la reforma venga acompañada de recursos adicionales, porque el 1% del impuesto a los combustibles que financia al Laboratorio es insuficiente, volátil y, en la práctica, no siempre ha sido girado en su totalidad por el Ministerio de Hacienda, a pesar de su destino específico y obligatorio establecido por ley.
Los diputados tienen la palabra para transformar el Lanamme en un árbitro técnico con verdadero peso legal, recursos estables y el músculo suficiente para garantizar que la red vial se planifique, construya y supervise con seguridad, calidad y eficiencia, lejos de la improvisación y el cortoplacismo que hoy encarecen las obras.
