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Nuestro sistema de pensiones encara amenazas desde dos frentes. Por un lado, el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) batalla contra un creciente deterioro financiero, presionado por la morosidad estatal, el envejecimiento poblacional, menos cotizantes y la carga de casi 400.000 pensionados. Por otro, avanzan en la Asamblea Legislativa proyectos de ley que permitirían a los jubilados retirar en un solo desembolso su fondo en el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).
De aprobarse estas iniciativas, miles de personas podrían llegar a la vejez con menos ingresos al dejar de percibir, mes a mes, el complemento que representa el ROP. Pero el riesgo no termina ahí. Esas mismas personas también podrían recibir, en el mediano plazo, pensiones del IVM más reducidas como parte de las reformas que inevitablemente deberán adoptarse para evitar que las reservas se agoten antes del 2047, como lo advierten estudios actuariales. El golpe sería doble: menos ingreso complementario y, eventualmente, una menor pensión del IVM.
Las cifras, precisamente, demuestran cuán determinante es el ROP. Actualmente, la pensión promedio del IVM ronda los ¢370.000, mientras la del ROP se acerca a los ¢100.000. En la práctica, ese segundo pilar aporta una cuarta parte del ingreso mensual del pensionado promedio. De autorizarse el retiro del fondo en un solo desembolso, una mayoría de jubilados lo agotaría en pocos años y quedaría sin ese respaldo para el resto de su vida, en la etapa en que más lo necesitará.
La experiencia confirma ese riesgo. La última encuesta nacional realizada por la Superintendencia de Pensiones (Supén) en 2020 determinó que el 54% de quienes antes pudieron retirar la totalidad del ROP, lo consumieron en un año o menos, y el 85%, lo gastaron en menos de tres años. Destinaron los recursos, principalmente, al pago de deudas, mejoras de vivienda, gastos médicos y gastos ordinarios. Es comprensible, las necesidades apremian y un fondo diseñado para financiar ingresos a lo largo de décadas termina cubriendo urgencias de corto plazo.
En medio de esta discusión surge una pregunta muy válida planteada a los diputados por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep): ¿Tiene sentido mantener la obligación patronal de aportar al ROP si sus recursos pasan a tratarse como un ahorro personal y no como un complemento del IVM?
Para responder a tal interrogante, debe recordarse el origen del ROP. La Ley de Protección al Trabajador lo creó en el año 2000 como una pensión complementaria financiada con un aporte equivalente al 4,25% del salario reportado ante la Caja Costarricense de Seguro Social: 1% del trabajador y 3,25% del patrono. El mayor peso recae en el empleador, porque el régimen se concibió como parte de una política pública de protección social en la vejez, no como una cuenta de ahorro de libre disposición. La obligación patronal tiene fundamento previsional, no financiero.
La Sala Constitucional lo dejó claro desde un principio. En la resolución N.º 2000-00643, de enero de 2000, al evacuar la consulta facultativa sobre el entonces proyecto de ley, advirtió de que no resulta razonable permitir, como regla general, el retiro total de los recursos acumulados, pues ello desvirtuaría la naturaleza de la pensión para convertirla en una especie de ahorro o depósito a plazo. Incluso puntualizó que el régimen perdería su sentido y funcionalidad si pudiera consumirse de una sola vez. Y concluyó: el ROP no se diseñó para financiar consumo inmediato, sino para garantizar ingresos periódicos durante la vejez. Este criterio lo reafirmó la sentencia N.° 2014-3343 de 2014.
Entonces, en los proyectos de ley para permitir el retiro total del dinero, no solo está en juego un debilitamiento financiero, sino su eventual desnaturalización, lo cual abriría la puerta a los patronos para cuestionar su obligación de aportar 3,25% de cada salario.
En medio de la discusión, hay advertencias imposibles de soslayar. El presidente del Banco Central, Róger Madrigal, dijo que “convertir los fondos en liquidez inmediata expone a la población a un futuro sin protección social, aumentando la dependencia del Estado y la presión sobre los programas sociales”. El diputado electo y futuro jefe de la fracción oficialista, Nogui Acosta, manifestó: “No podemos cambiar el pan de hoy por el hambre de mañana”, y el exjerarca de la Supén, Javier Cascante, indicó que “la experiencia en todos los países en donde se promovieron reformas de retiros de los fondos de pensión de forma acelerada evidencia que la pobreza de los adultos mayores se incrementó”.
Convertir el ROP en un fondo de libre retiro puede sonar atractivo en el corto plazo, pero debilita la estructura del sistema justamente cuando el IVM muestra señales de inestabilidad. Un sistema de pensiones funciona como una silla: su estabilidad depende de que todas sus patas estén firmes. Si una ya está enclenque, dañar otra no mejora el equilibrio; lo pone en riesgo. Lo que corresponde es reforzarlas.
Por eso, la Asamblea Legislativa –esta o la siguiente– y el gobierno –el actual o el que viene– deben dejar de lado los cálculos políticos y asumir la responsabilidad de fortalecer el conjunto del sistema para garantizar una vejez digna y sostenible a quienes han trabajado toda su vida.
