La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) considera que dos de las iniciativas de ley que plantean la entrega de los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) carecen de estudios técnicos.
Se trata de los expedientes 24.984 y 24.955, proyectos que actualmente se encuentran en trámite legislativo y que proponen modificaciones sustantivas al ROP, “particularmente en lo relativo a la posibilidad de la entrega total de los recursos en un solo tracto”.
“Uccaep coincide con los criterios planteados por diversas organizaciones y entidades en cuanto a que ambos proyectos de ley carecen de estudios actuariales, financieros y macroeconómicos que permitan dimensionar de manera objetiva e integral todos sus efectos sobre la sostenibilidad del ROP y sobre el sistema financiero nacional”, apuntó la organización en una carta fechada el 14 de enero pasado y dirigida a los diputados de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales.
Para la Uccaep, la autorización de retiros masivos o la introducción de esquemas que aceleren la entrega de los fondos del ROP obligaría a las operadoras de pensiones a liquidar anticipadamente inversiones de largo plazo, lo que alteraría la composición de los portafolios y afectaría su rendimiento.
“Este tipo de decisiones puede generar efectos macroeconómicos adversos, tales como presiones inflacionarias, incrementos en las tasas de interés, mayor volatilidad en los mercados de capitales y tensiones sobre la estabilidad del sistema financiero en su conjunto, tal y como ha sido advertido por actores técnicos del sector", añade el texto firmado por la presidenta de la organización, Maritza Hernández.
Adicionalmente, advierte que esos impactos no se limitan a los actuales pensionados, sino que se extienden a las personas trabajadoras activas, los inversionistas institucionales, el acceso al crédito, el crecimiento económico y el bienestar general de la población.
En una línea similar, el jerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén), Hermes Alvarado, indicó a finales del año pasado que retirar aceleradamente los recursos del ROP significaría “una gran salida de dinero” que, si bien impulsaría el consumo, también generaría presiones inflacionarias, afectación a las tasas de interés y riesgos para la estabilidad financiera del país.
Sin embargo, para el representante de los movimientos que promueven la entrega del ROP, Leiner Vargas, el retiro de los recursos correspondientes a las personas que ya están pensionadas no generaría efectos macroeconómicos.
“Retirar de ¢14 billones y piquito (correspondientes a los activos administrados del ROP), cerca de medio billón de colones en una forma de retiro como la que está propuesta en las alternativas que se han presentado en los cuatro proyectos, que es de períodos de retiro de alrededor de 24 y hasta 36 meses, el efecto macroeconómico de poner esos dineros en una economía como la nuestra, ese monto, en 36 meses no tiene efectos en la tasa de interés y no tiene efectos en la inflación, como se ha dicho”, dijo Vargas en una mesa de trabajo organizada por la Comisión de Asuntos Sociales este 16 de febrero.
Además de señalar la ausencia de estudios técnicos, la Uccaep indicó que, en el análisis y discusión pública de los proyectos de ley 24.984 y 24.955, se ha omitido la perspectiva del sector empresarial, pese a que constituye el “principal financista” del régimen.
Según información de la Uccaep, actualmente los patronos aportan el 76,5% de los recursos que se destinan al ROP, mediante una contribución obligatoria equivalente al 3,25% del salario de sus trabajadores.
Llamado del sector empresarial a diputados
Para la Uccaep los dos expedientes legislativos mencionados no resultan viables en su redacción actual, pues considera que desnaturalizan la finalidad previsional del ROP, rompen la coherencia entre el esquema de financiamiento y el uso de los recursos, carecen de sustento técnico necesario y generan riesgos sistémicos relevantes para la estabilidad del sistema previsional y financiero del país.
Por ello, la organización hizo un llamado a la Asamblea Legislativa para que cualquier eventual reforma al ROP garantice, como mínimo, los siguientes aspectos, enumerados textualmente:
• Preserve la naturaleza del ROP como un régimen de pensión complementaria, evitando su transformación en un fondo de ahorro de libre disposición.
• Se sustente en estudios técnicos integrales, de carácter actuarial, financiero y macroeconómico, que permitan dimensionar adecuadamente los impactos de corto, mediano y largo plazo sobre el sistema previsional y la economía nacional.
• Incorpore mecanismos de gradualidad y mitigación de riesgos, así como excepciones estrictamente justificadas, evitando esquemas generales que privilegien el retiro total de los recursos como regla.
• Evite trasladar presiones futuras al régimen de IVM (Invalidez Vejez y Muerte, de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS) y, por ende, a las finanzas públicas, comprometiendo la sostenibilidad del sistema de seguridad social.
• Garantice un diálogo técnico amplio y participativo, con la intervención de todos los sectores involucrados, incluyendo a quienes sostienen el sistema, a fin de preservar la coherencia, seguridad jurídica y legitimidad del régimen.