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Durante la recta final de la campaña, las candidaturas a la Presidencia de la República han acaparado la atención de los ciudadanos; también, lo reconocemos, de casi todos los medios de comunicación. Razones existen. Quien encabece el Poder Ejecutivo tendrá una enorme capacidad de decisión sobre el curso de los asuntos públicos y, por ello, será determinante para marcar el rumbo del país, afectar la agenda legislativa, incidir en la naturaleza del debate público –tan deteriorado en la actualidad– y mejorar o empeorar nuestra calidad de vida.
Sin embargo, de tanta –y, en algunos casos, mayor– importancia es la elección de los 57 integrantes de la Asamblea Legislativa, pero la indecisión al respecto, tal como la documenta la más reciente encuesta del Centro de Investigaciones Políticas de la Universidad de Costa Rica (Ciep-UCR), es mucho mayor que para presidente: 46% frente a 35%. Debemos superar esa indefinición, en atención a las tareas cruciales tareas del Primer Poder de la República.
Lo anterior implica, al menos, valorar muy bien la capacidad de los candidatos a curules, su trayectoria de vida pública y personal, su honestidad, las propuestas que ya han planteado y avalado, y aquellas de los partidos que representan.
Según el artículo 121 de nuestra Constitución Política, entre las diversas funciones de los diputados están dictar, reformar, derogar o dar interpretación auténtica a las leyes; designar magistrados; aprobar o improbar tratados y empréstitos internacionales; autorizar el ingreso de fuerzas militares extranjeras, y suspender los derechos y garantías individuales en situaciones muy extremas.
También, son el gran contrapeso de la Presidencia, ejercen control político, designan los titulares de la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes, y deben avalar el nombramiento que realice el Ejecutivo de otros cargos de gran importancia, como el procurador general de la República y los directivos de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom).
A lo anterior se añade una tarea clave, establecida por el artículo 195: la reforma parcial de la Constitución, la autorización de referendos con ese mismo fin, y la eventual convocatoria a una asamblea constituyente. Todo lo anterior requiere una mayoría calificada de dos tercios (38 diputados), y se ajusta a estrictos procedimientos.
La trascendencia de tantas potestades legislativas debe hacernos pensar y decidir nuestros votos para diputados con gran responsabilidad ciudadana.
Para decidir, es necesario tomar en cuenta tanto lo que es necesario evitar como lo que debería suceder en el Congreso.
Debemos evitar, sobre todo, avalar con nuestros votos los llamados a supermayorías legislativas para desarticular el Estado social de derecho, vulnerar el carácter liberal de nuestra democracia y crear estructuras autoritarias de poder y decisión. A la vez, debemos apoyar a quienes se comprometan con proyectos para mejorar nuestro sistema de representación, atacar problemas estructurales irresueltos –que son muchos– y velar por la responsabilidad fiscal en equilibrio con la adecuada prestación de servicios públicos.
Sin que estén en su programa, candidatos del Partido Pueblo Soberano (PPSO), incluida su aspirante presidencial, Laura Fernández, han adelantado iniciativas particularmente peligrosas. Una pretende reformar la Constitución, permitir la reelección presidencial consecutiva; otra, aún más alarmante, la suspensión de los derechos y garantías individuales. Y entre estas, están las libertades de expresión, reunión, culto y movimiento, así como los derechos a la intimidad, la inviolabilidad del domicilio y no ser detenido sin indicio comprobado.
Tal iniciativa fue explícitamente avalada por su candidato al primer lugar por San José, Nogui Acosta, durante un debate organizado por los medios Repretel y Monumental.
Hasta ahora, no han dado ninguna razón, ni siquiera una excusa, para impulsar la reforma constitucional que conduzca a la reelección consecutiva, con ignorancia de su imposibilidad jurídica, claramente señalada por el constitucionalista Rubén Hernández.
La eventual suspensión de garantías la han presentado como un recurso para combatir inseguridad, a pesar de que, tal como ha explicado otro reconocido jurista, el penalista Carlos Tiffer, la Constitución no contempla esa posibilidad. Peor aún es que, lejos de permitir combatir la delincuencia, lo que propiciaría es la limitación de derechos y la persecución de ciudadanos.
Lo que es necesario impulsar en la Asamblea tiene que ver con temas tan importantes como la reestructuración del mercado eléctrico; la reforma y sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones; el impulso a las alianzas público-privadas; leyes que den aún más herramientas a nuestros cuerpos policiales –administrativos y judicial– y tribunales, dentro del marco constitucional, y cambios que agilicen trámites públicos sin abrir portillos a la corrupción.
Todo lo anterior requiere una Asamblea Legislativa con personas bien preparadas, capaces de ejercer su juicio crítico y apegadas a las normas y formas de la democracia; también, por supuesto, partidos que entiendan el valor de esos principios. Es a ellas y ellos a quienes debemos dar nuestros votos.
