El artículo 132 inciso 1) de la Carta Política autoriza la reelección presidencial con un lapso de espera de ocho años entre uno y otro periodo. Para reformar este artículo y autorizar la reelección sucesiva, se requiere de una reforma a esa norma constitucional.
Según el artículo 195 de la Constitución Política, las reformas constitucionales requieren ser aprobadas, en dos legislaturas diferentes, por al menos una mayoría calificada de 38 votos en cada una de ellas.
Para obtener 38 diputados, es decir, dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa, se requeriría que el partido vencedor obtuviera al menos el 68% de los votos válidos, como lo demuestra la elección de 1953, en la cual, de los 45 diputados que integraban por ese entonces la Asamblea, don José Figueres obtuvo 30. Es decir, exactamente dos tercios del total de miembros del órgano legislativo. El PLN obtuvo el 68% de los votos válidos en esos comicios electorales.
En el año 2010, doña Laura Chinchilla, con el 42% de los votos válidos, obtuvo 24 diputados. Por tanto, si el 1.° de febrero próximo, su tocaya obtuviere el mismo caudal de votos que señalan las encuestas, obtendría como máximo 24 diputados, los cuales no serían suficientes ni siquiera para tener asegurado el Directorio legislativo, mucho menos para aprobar reformas constitucionales en la Asamblea.
La reforma tampoco funcionaría por medio del referendo constitucional, pues el último párrafo del numeral 195 de la Constitución establece expresamente: “De conformidad con el artículo 105 de esta Constitución, las reformas constitucionales podrán someterse a referéndum después de ser aprobadas en una legislatura y antes de la siguiente, si así lo acuerdan las dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa”.
Adicionalmente, una consulta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitida en 2021 estableció, tajante y expresamente, que la reelección presidencial sucesiva es contraria al Pacto de San José (Convención Americana sobre Derechos Humanos), es decir, es inconvencional. Por tanto, si aún se aprobare la reforma del artículo 132 inciso a) de la Constitución por dos tercios del total de los miembros de la Asamblea Legislativa, tal reforma no podría entrar en vigor porque la jurisprudencia vinculante de la CIDH en nuestro ordenamiento lo impediría.
La única salida sería denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), lo cual sería un precedente funesto en nuestra historia democrática, pues eso significaría que nos alejaríamos del respeto irrestricto a los Derechos Humanos. Sería abdicar de toda nuestra historia y creencias democráticas, profundamente arraigadas en el ser costarricense.
En conclusión, la reelección presidencial sucesiva no solo no es posible políticamente, pues se requiere que un partido político obtenga al menos el 68% de los votos válidos en una elección para obtener los 38 escaños que se requieren para reformar el artículo 132 inciso 1) de la Constitución ni, jurídicamente, porque tal reforma nunca entraría en vigor, pues ya la CIDH estableció que la reelección presidencial sucesiva es contraria a la CADH.
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Rubén Hernández Valle es abogado constitucionalista.