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La dictadura cubana ha entrado en una rápida etapa terminal. Su decadencia absoluta; su carencia de legitimidad, evidente; el colapso nacional, en extremo profundo; las condiciones de vida de su pueblo, insostenibles; presiones estadounidenses, de una agudeza sin precedentes. Sumemos estos factores, y la implosión del sistema parece inevitable. La gran interrogante no es si ocurrirá, sino cuándo, cómo y con qué rumbo inmediato.
Por razones estrictamente humanitarias, urge un desenlace. El propósito debe ser abrir el camino para un cambio profundo, que permita iniciar la reconstrucción de la economía y el tejido social cubano, y siente las bases para una transición democrática con respeto a la soberanía nacional.
Sin combustibles, sin electricidad, con la economía inerte, los servicios públicos paralizados y un futuro cercenado, el pueblo cubano está atrapado entre dos fuerzas.
De un lado está el régimen represivo, incompetente e intransigente, que ha puesto la supervivencia de su anquilosada élite por encima de los intereses nacionales; de otro, el gobierno de Estados Unidos, que hasta ahora ha optado por acelerar el ahogo económico, junto a una mezcla de negociaciones, amenazas y acciones punitivas personales. Ambas presiones convergen en el ahogo de la población.
No dudamos de que esta ruta forzará un cambio sustantivo. El problema es que, mientras este llega a producirse, el desastre humanitario no tocará fondo.
En los últimos días, las presiones de Estados Unidos han arreciado. El 20 de mayo, fecha de la Independencia de Cuba, fue revelada en Miami una acusación contra el nonagenario expresidente Raúl Castro, figura tutelar de la dictadura, por serios cargos relacionados con el derribo, en 1996, de dos avionetas de la organización exiliada Hermanos al Rescate. Sus ocupantes eran ciudadanos estadounidenses.
Horas después, Marco Rubio, secretario de Estado, emitió un mensaje en español, dirigido al pueblo cubano. Ofreció una “nueva relación” e insistió en un cambio de régimen que conduzca a elecciones. El mismo día, el portaaviones Nimitz entró en aguas del Caribe sur junto a sus buques escolta, procedente de una gira por aguas suramericanas.
La semana previa, el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, visitó La Habana y se reunió con altos representantes de la seguridad del Estado, incluido Raúl Rodríguez Castro, delfín de su abuelo y principal interlocutor de Washington. Ratcliffe exigió el fin de las actividades de espionaje inalámbrico de Rusia y China desde Cuba. Dijo que Estados Unidos está dispuesto a involucrarse seriamente en temas económicos y de seguridad si el régimen efectúa cambios fundamentales, y reiteró la oferta de ayuda humanitaria por $100 millones, canalizados mediante la Iglesia católica. El régimen aún no ha dado respuesta.
Presiones e incentivos. Amenazas y ofertas. Como trasfondo, una movilización que hace pensar en la posibilidad de una acción militar en la isla. El antecedente de Venezuela, con la acusación y luego captura de Nicolás Maduro, da sustento a esta posibilidad, aunque las condiciones en ambos casos sean diferentes.
Si quienes manejan los hilos finales del poder en Cuba, empezando por Castro y su círculo íntimo, tuvieran un mínimo sentido de responsabilidad y realismo, desde hace años habrían iniciado un proceso de cambio real en la isla. No lo hicieron. Pero todavía están a tiempo de impulsar transformaciones de fondo, plantear una transición real, aliviar las condiciones de vida de los cubanos y evitar una intervención militar estadounidense.
El país y su gente no pueden aguantar más la situación actual. El 13 de este mes, su ministro de Energía y Minas declaró que se habían agotado las reservas de diésel y fueloil, otro combustible del que depende la generación eléctrica. Los apagones son casi totales. La escasez de alimentos se ha agudizado. El hambre azota a gran parte de la población. Los servicios de salud han implosionado. El transporte está virtualmente paralizado. Los centros de enseñanza funcionan con enormes interrupciones.
La caída libre en la centrífuga del deterioro iniciada años atrás se aceleró desde que Venezuela dejó de enviar petróleo subsidiado, en enero. Vinieron entonces crecientes sanciones y presiones estadounidenses. Todo empeoró. Sin embargo, la responsabilidad estructural del colapso es, exclusivamente, del régimen, su ineficiencia, dogmatismo, rigidez, represión y resistencia de décadas a reformas sustantivas.
Por esto, cualquier cambio de situación debe pasar por una transformación del régimen. Aún pareciera haber tiempo de que sea ordenado, producto de negociaciones y sin necesidad de una intervención militar. En buena parte dependerá de Estados Unidos, pero todavía más de la camarilla gobernante, que no ha cejado en su intransigencia.
