El escándalo del Caso Cochinilla no curó al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). La institución sigue atrapada en la sombra de la corrupción, como lo confirma un demoledor informe de la Contraloría General de la República, publicado en diciembre, donde se revela que el 92% de sus funcionarios afirma conocer “comportamientos inaceptables” dentro de la entidad y, lo que es más grave, el 60% no se atreve a denunciar por temor a represalias o miedo a que se revele su identidad.
Esos altos porcentajes proyectan un clima institucional donde las prácticas indebidas son vox populi, comentadas o hasta toleradas. Exponen, igualmente, una grave omisión de la jerarquía para ejercer el control que le corresponde. En una entidad sacudida ya por escándalos de sobornos y sobrecostos como La Trocha (2012) y Cochinilla (2021), esos antecedentes debieron traducirse en acciones firmes para identificar y erradicar actos indebidos. Mas todo indica que no ocurrió.
El resultado es una institución que sigue funcionando en la opacidad, sin aprender de sus propios traspiés en un negocio tan determinante para el desarrollo del país como lo es la contratación de millonarias obras de infraestructura pública.
Estamos hablando de que, solo este año, Conavi manejará un presupuesto de ¢160.000 millones, pero, aun así, la Contraloría detectó que carece de mecanismos para prevenir arreglos entre empresas y prácticas anticompetitivas en la conservación vial. No analiza si los requisitos de los concursos excluyen injustificadamente a posibles oferentes ni tiene una estrategia para ampliar la competencia. De hecho, tres empresas concentran el 77,6% de los contratos de conservación vial. Además, no cuenta con procedimientos para prevenir conflictos de interés, ni durante la evaluación de ofertas ni en la ejecución de los contratos. En materia de integridad, la Contraloría señala que “no se implementaron controles para garantizar el cumplimiento de las conductas éticas”.
Es más, no dispone de un canal específico para denunciar actos de corrupción que garantice, desde el inicio, la confidencialidad del denunciante. Es cierto que la institución cuenta con algunos procedimientos y formularios para atender denuncias; sin embargo, no se garantiza su efectividad, a pesar de que la Ley de protección de las personas denunciantes y testigos de actos de corrupción contra represalias laborales (N.° 10437) y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (N.° 8422) establecen salvaguardas claras para quien se atreve a denunciar.
Resulta también inconcebible que en una institución con amplio historial de corrupción, su Departamento de Contraloría de Servicios recibe quejas y denuncias únicamente a través de un canal digital que exige la identificación del denunciante y no permite denuncias anónimas. Peor aún, ese departamento tiene la discrecionalidad para negar la confidencialidad, una garantía que, según la ley, debería resguardarse durante todo el proceso. La regulación interna desincentiva la denuncia, refuerza el silencio y deja intactas las condiciones que permiten la repetición de irregularidades.
Quienes hoy gobiernan el Conavi no deberían olvidar que la denuncia anónima fue clave para destapar, en 2004, los escándalos CCSS-Fischel e ICE-Alcatel. Más recientemente, el Banco de Costa Rica confirmó que la investigación sobre la cuestionada compra del Parque Empresarial del Pacífico –adquirido por su Sociedad Administradora de Fondos de Inversión en $70,8 millones y luego valuado en $27,4 millones– se inició gracias a tres denuncias anónimas recibidas en marzo de 2021.
Y, aunque hay más ejemplos, el Caso Cochinilla también surgió a partir del reporte de un informante del Organismo de Investigación Judicial vinculado al sector construcción. Desdeñar el valor de la denuncia anónima equivale a cerrar los ojos en el combate de la corrupción.
Sin lugar a dudas, el Conavi necesita con urgencia cambios radicales. En su mandato, Luis Guillermo Solís (2014-2016) habló de “cerrar al Conavi y sus hermanitas perversas”, pero no sucedió. El presidente Rodrigo Chaves también lo prometió en campaña y pese a que en 2022 presentó un proyecto de ley, nunca dialogó con los diputados o los convenció para avanzar hacia la votación.
Carlos Alvarado, quien gobernaba cuando estalló Cochinilla, llegó a ordenar una intervención, pero sin cambios de fondo. La constante es la misma: diagnósticos, discursos duros, pero ausencia de decisiones firmes, mientras Conavi sigue exhibiendo las mismas vulnerabilidades.
Es momento de que los ciudadanos exijamos definiciones a quienes aspiran a gobernar. El país debe saber si Conavi seguirá atrapado en la penumbra, si será sometido a una transformación radical, o si se tomará la decisión de cerrarlo para dar paso a una alternativa institucional transparente, técnica, confiable y eficiente. La construcción y el mantenimiento de carreteras y puentes no pueden seguir a cargo de una entidad y en manos de funcionarios que arrastran desconfianza, con un pasado que aún huele a cochinilla.