Un informe de auditoría realizado por la Contraloría General de la República, reveló una serie de deficiencias en la planificación, ejecución y supervisión de los contratos para la conservación de la red vial que realiza el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), además, advirtió que persisten vulnerabilidades en la prevención de prácticas colusorias o anticompetitivas a lo interno de ese órgano.
El documento DFOE-CIU-IAD-00008-2025, emitido el 8 de diciembre, señala que el 92,1% de los funcionarios del Conavi, manifestó conocer “comportamientos considerados inaceptables” a lo interno de la institución.
Sobre esto, la Contraloría advirtió que pese a que la institución cuenta con mecanismos (procedimientos y formularios) para la atención de denuncias, no se garantiza su efectividad.
Esto se explica, agrega el mismo documento de la CGR, por medio de los resultados obtenidos del informe de Medición del Impacto de la Gestión Ética, el cual reveló que los funcionarios incumplían con el deber de denuncia, principalmente por posibles represalias y miedo a que se revele la identidad del denunciante (60,6% de los encuestados).
Falta de controles y estudios
El documento advierte que Conavi no cumple en su gestión apegada al marco normativo y técnico que se debe aplicar, en cuanto a aspectos como determinación y priorización de las necesidades, precios de referencia con base a estudios de mercado y elección del tipo de contrato a la hora de seleccionar las empresas y trabajos a realizar en cada zona.
Esa entidad tampoco obtuvo buena nota en el control de las empresas privadas en la ejecución y la aplicación de sanciones económicas, así como la atención de riesgos de corrupción y el uso de sistemas de información.
“La planificación del Conavi para promover en el 2022 las contrataciones de conservación vial, no se sustentó en un diagnóstico integral, sistemático y actualizado del estado de las vías, lo que derivó en un enfoque reactivo en la ejecución contractual, limitado a atender condiciones específicas de cada zona y necesidades operativas inmediatas”, destaca la CGR.
Esas contrataciones del 2022, son las que estaban vigentes hasta este año, cuando se realizó una nueva contratación para los próximos cuatro años, que entrará a regir a partir del 2026.
El informe añade que la ausencia de estudios de mercado que sustenten los precios y de documentación referente a los estudios que fundamenten la elección del tipo de contrato, refleja limitaciones en la trazabilidad y respaldo de las decisiones adoptadas.
Asimismo, el Conavi no cuenta con un análisis documentado que prevenga la incorporación de requisitos o barreras injustificadas en los pliegos de condiciones que limiten la participación ni con una estrategia oficializada para ampliar las posibilidades de participación de más oferentes y fomentar una mayor competencia.
Según la Contraloría, el 77,6% de los contratos vigentes, están concentrados en tres empresas y el 75% de las líneas de contratación carecen de inventarios de necesidades. Asimismo, tres de los cinco laboratorios de verificación no fueron visitados entre 2023 y 2025.
Eso significa, que no existieron controles por parte de la Administración sobre la supervisión que debe verificar el cumplimiento del contrato de organismos de inspección, ni de la supervisión y comunicación del cumplimiento de programas de trabajo, monto de inversiones propuestas, logros alcanzados, costos de mantenimiento por kilómetro (km) y estado actual de la red. Los controles implementados tampoco garantizan la calidad esperada de las obras y la aplicación efectiva de las sanciones económicas establecidas
El informe agrega que no se cuenta con procedimientos para prevenir conflictos de interés en el análisis, selección de ofertas y en la ejecución contractual.
Entre las disposiciones emitidas por el ente Contralor, se ordenó al Consejo de Administración, instruir al director ejecutivo para se planifique y gestione la implementación del Sistema de Gestión de Activos Viales (SGAV).
Al director ejecutivo, Mauricio Sojo, se le instruyó, a partir de la instrucción del Consejo de Administración, implementar el citado sistema, con la totalidad de los activos viales administrados por el Conavi (incluyendo carreteras, puentes y demás estructuras y elementos de la infraestructura vial), como un proyecto estratégico.
Sojo además deberá elaborar e implementar una guía institucional, para la determinación, documentación y cobro de sanciones económicas derivadas de incumplimientos de los contratos de conservación vial ejecutados por los organismos de inspección, laboratorios de ensayo y empresas constructoras.
Además realizar actividades de capacitación para identificar riesgos de corrupción y promover la cultura de denuncia entre los funcionarios.
La Nación dirigió consultas al director del Conavi, por medio de su oficina de comunicación, a fin de conocer qué medidas se están tomando a lo interno de la entidad para prevenir las conductas señaladas en el informe, así como los cambios que se implementaron en los nuevos contratos de conservación, no obstante al cierre de esta publicación no se tuvo respuesta.