El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) premió este lunes las mejores indagaciones del 2021. El primer lugar de la región central correspondió al Caso Cochinilla, el cual reveló corrupción en licitaciones para obras públicas, las cuales crearon un déficit de ¢78.000 millones en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) durante los últimos dos años y medio. Esa investigación implicó 57 allanamientos el 14 de junio que dejaron 30 detenidos y otras 44 personas investigadas.
Tras dos años y medio de investigación por parte de los agentes de la Sección de Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial, se llegó al desenlace del citado caso de corrupción en el cual se vieron involucrados funcionarios del Conavi, así como altos mandos de empresas constructoras como MECO y H Solís, entre otras.
Se le llamó Caso Cochinilla debido a que así se denomina a una plaga que se encuentra oculta en partes oscuras de las plantas y que poco a poco las daña, sin ser detectada fácilmente. La investigación se inició en agosto del 2018, por diferentes irregularidades en el Conavi. El OIJ logró determinar que funcionarios públicos involucrados en este caso, en apariencia habrían recibido dádivas tanto económicas como de otra índole, esto a cambio de favorecer a determinadas empresas y que fuesen escogidas para desarrollar proyectos de construcción.
En los allanamientos, los agentes judiciales decomisaron más de ¢34 millones , así como unos $100.000 y gran cantidad de artículos electrónicos. Esta investigación contó con más de 500 agentes del OIJ. Fue la primera vez que se logró que a una investigación por delitos funcionales se le brindara la declaratoria de crimen organizado.
En el acto de premiación, el director del OIJ, Walter Espinoza, afirmó que cuando la población percibe trabajos importantes como los casos Cochinilla, Diamante o Azteca, que permiten visualizar la mezcla entre capitales sucios y capitales estatales o la presencia del narcotráfico en medio de ellos, entienden que las cosas no son fáciles.
Añadió que el OIJ ha entendido la responsabilidad histórica que tiene y dijo que están abiertos a evaluaciones firmes y a aceptar la crítica para crecer, pues entienden que no todo lo que ese organismo hace es la verdad absoluta, de ahí que pidió a los jefes cumplir con todo lo que la ley exige. Dijo que un país sin policía profesional no puede aplicar la justicia y si esta no se aplica, no se respetan las garantías fundamentales ni los derechos humanos.
“Hay causas en las que este año hemos hecho un ingreso particular y creo que ese va a ser el tránsito del OIJ por los siguientes años, nos referimos a crimen organizado y a corrupción”, con estas palabras llamó a todos los estamentos del OIJ a esforzarse al máximo, “pues la situación del país y el entorno de lo que está aconteciendo, exigen un ojo visor y acciones para defenderlo”, puntualizó el jefe policial.
Contaminar exportaciones
El segundo lugar correspondió al caso Kaleto y también conocido como caso Turesky, iniciado el 20 de agosto del 2018, cuando ocho agentes judiciales de la Sección Especializada Contra el Crimen Organizado desarticularon una organización criminal dedicada al trasiego internacional de estupefacientes y a la Legitimación de Capitales.
Mediante la investigación, los agentes judiciales lograron establecer que esa agrupación criminal era liderada por un sujeto de apellidos James Wilson y otro de apellidos Cartín, quienes ya eran conocidos en el ámbito policial por estar relacionados con estos delitos. Esta agrupación iba a desarrollar obras de construcción en Esparza y Limón, entre otros sitios, para lo cual aparentemente buscaron favores de políticos, entre ellos se involucró al diputado Oscar Cascante, del Partido Unidad Social Cristiana.
Operaban mediante la introducción de maletines con cocaína en contenedores que llevaban productos lícitos para Europa, esto sin que la persona exportadora en Costa Rica y la persona que recibía el producto lícito en Europa, se percataran. La organización desarrolló una empresa muy bien estructurada, pues consiguió un manejo total del ilícito que abarcaba desde los productores en Colombia, el grupo logístico y de legitimación de capitales en nuestro país y sus socios en Europa.
Los tentáculos de esta agrupación delictiva llegaron hasta el ámbito policial, pues los agentes encargados del caso determinaron que esta organización reclutó a investigadores de la Policía Judicial, quienes en apariencia brindaban información sensible en cuanto a operativos, con la finalidad de que el trasiego de estupefacientes no tuviese conflictos.
Para desarticular esta agrupación los agentes del OIJ trabajaron en conjunto con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés Drugs Enforcement Administration), la Policía de Colombia y La Guardia Civil de España. Se realizaron 40 allanamientos, la detención de 24 personas y quizás uno de los mayores decomisos de dinero en el año, pues la policía se incautó más de ¢400 millones y casi $2 millones. Se contó con la participación de más de 500 agentes de diferentes sedes del OIJ a nivel nacional.
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Pistas clandestinas del narco
El tercer lugar fue para un operativo llamado Caso Patria, que concluyó en el 2020, luego de cinco años de investigación por medio de la cual se logró imputar a 70 personas como sospechosas de conformar una agrupación que traía cocaína desde Colombia, vía marítima, hasta suelo costarricense, para posteriormente enviarla vía aérea a México, en pequeñas aeronaves, las cuales salían de pistas clandestinas en Guanacaste.
Las acciones operativas de la Sección de Estupefacientes permitieron detener a 14 personas, así como incautar armas de fuego de grueso calibre, cámaras y visores nocturnos. Como parte de esta operación se detuvo al exdirector general de la Fuerza Pública, José Fabio Pizarro, condenado a 10 años de cárcel en mayo del 2018. Aunque luego pidió una reducción de la pena, la Sala III se la denegó.
Para este golpe policial se realizaron cerca de 280 vigilancias y seguimientos, trabajos en montaña y vigilancias con drones. Además, en total, durante el proceso de investigación se le decomisaron 750 kilos de marihuana, 2.800 kilos de cocaína, 31 armas de fuego, 27 vehículos y más de $184.000.
Para la desarticulación de esta estructura criminal participaron más de 1.000 funcionarios entre agentes judiciales y de los demás cuerpos policiales. Con la finalización de este caso se produjo un impacto positivo para la seguridad de nuestro país y se logró que a 51 de los detenidos se les impusiera prisión preventiva.
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Fraude informático
En esta premiación, el OIJ también reconoció los casos de oficinas regionales y el primer lugar fue para agentes de Liberia que capturaron a una agrupación dedicada al fraude informático, encabezada por un homicida recluido en un centro penitenciario, de apellidos Quirós Lara. Para desarticularla, un total de 192 investigadores realizaron 16 allanamientos con la detención de 23 personas y el decomiso de 100 tarjetas bancarias tanto de débito como de crédito, teléfonos celulares, vehículos y armas de fuego.
Con la finalización de este caso los agentes judiciales aportaron opciones de mejora al personal de seguridad bancaria e incluso uno de los bancos desarrolló un software que ayuda a prevenir este tipo de estafas.
Reclutaron policías
Los agentes del OIJ de Corredores, también fueron premiados por desarmar a un grupo delincuencial dedicado al contrabando de mercadería que contaba con la colaboración de oficiales de la Policía de Fronteras y oficiales de la Fuerza Pública, en los que incluso figuraban jefes de delegaciones policiales.
Esta agrupación, al parecer, además se dedicaba a cometer robos en locales comerciales, cajeros automáticos y viviendas, así como al tráfico internacional de droga. Una de las incautaciones más importantes que se le materializó fue el decomiso de 885 paquetes de cocaína en julio del 2020, en Playa Piñuelas de Osa, donde además se detuvo a siete personas y también se incautaron armas de fuego de grueso calibre.
Banda de Ojos Bellos
Por último, la delegación de Limón fue premiada por el caso Bananito Sur, que dio inicio en febrero del 2020 para desarticular un grupo criminal dedicado a cometer homicidios, tentativas de homicidios y amenazas agravadas. Esta organización criminal estaba al sur del casco central de Limón y se caracterizó por ser altamente violenta, donde su principal objetivo era la disputa de territorios para la venta de droga. Desde la cárcel era liderada por Dinier Estrada Jiménez, alias Ojos Bellos.
Los análisis de balística permitieron vincular a los miembros de este grupo criminal con la ejecución de cinco homicidios con seis víctimas. En este caso se realizaron vigilancias en montaña con recursos tecnológicos de visión nocturna. Los agentes judiciales le decomisaron a este grupo delictivo marihuana, cocaína, crack y armas de fuego. Participaron más de 100 agentes, se efectuaron 12 allanamientos y se detuvo a 12 personas, de las cuales once quedaran con prisión preventiva.