Escuchar
Cuando somos jóvenes, rara vez pensamos en la vejez y mucho menos nos preparamos para ella. A Costa Rica le ocurre algo parecido: durante años, el Estado ha tratado el envejecimiento como una realidad lejana, pese a que la transformación ya comenzó y sus consecuencias están a la vuelta de la esquina.
Dentro de apenas cinco años, en 2031, las personas de 65 años o más representarán el 15% de la población y prácticamente igualarán en número a las de 14 años o menos, que constituirán el 15,1% (797.000 frente a 803.000). A partir de 2032, los adultos mayores superarán a ese grupo y, para 2050, constituirán el 25%.
Aunque las cifras evidencian la magnitud del cambio que se aproxima, el país aún no prepara sus servicios de salud, cuidados, pensiones y espacios públicos para afrontarlo.
Esta no es la primera vez que La Nación llama la atención sobre este desafío. Lo hemos hecho en reportajes y, particularmente, este año, en varios editoriales. El 22 de febrero, en “Un país longevo exige un nuevo contrato social”, advertimos de que las reglas fueron concebidas para una sociedad joven que ya no existe. El 5 de mayo, en “Hospital geriátrico y la factura del tiempo perdido”, cuestionamos la postergación hasta 2038 del nuevo Hospital Nacional de Geriatría. Asimismo, el 28 de agosto apoyamos fortalecer el Régimen No Contributivo, dado que más de 32.000 personas en condición de pobreza hacen fila para acceder a una pensión de ¢82.000.
Este 22 de agosto, un reportaje del periodista Luis Enrique Brenes puso en perspectiva, con cifras, el acelerado envejecimiento de la población y el hito demográfico de 2031. La publicación se sustentó en el informe Estimaciones y proyecciones de población 1950-2100, del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), y en estimaciones del Banco Central.
Insistir en la urgencia de actuar es una responsabilidad periodística, porque las instituciones continúan funcionando como si atendieran a un país predominantemente joven, pese a que Costa Rica experimenta uno de los procesos de envejecimiento más acelerados de América Latina.
La transformación demográfica no responde solo a que vivamos más, sino también a que nacen cada vez menos niños. Desde 2006, la fecundidad está por debajo del nivel de reemplazo y, desde 2020, el país registra tasas consideradas ultrabajas. Cada nueva generación será menos numerosa que la anterior y habrá menos personas que se incorporen al mercado laboral para sostener la producción, contribuir al sistema de salud y financiar las pensiones.
Por ahora, la población de entre 15 y 64 años mantendrá el mayor peso (70% del total), pero comenzará a disminuir gradualmente a partir de 2035 y con mayor intensidad desde 2050. La base laboral y contributiva se estrechará precisamente cuando crecerán las necesidades de atención médica, pensiones y cuidados. Frente a ello, el país ya va tarde.
En materia de pensiones, la demora es angustiante. Cuanto más se posterguen los ajustes, más drásticos e injustos serán. También es vital fortalecer los sistemas complementarios y pensar en los miles de trabajadores informales que llegarán a la vejez sin pensión.
En el ámbito sanitario, el desafío va mucho más allá de atender a un número cada vez mayor de pacientes. El envejecimiento traerá consigo una mayor incidencia de enfermedades crónicas y demencia, más caídas, pérdida de autonomía y la coexistencia de varios padecimientos en una misma persona.
Por ello, la postergación hasta 2038 del nuevo Hospital Nacional de Geriatría revela una injustificable pasividad de la Junta Directiva de la CCSS ante el desafío, pues, para entonces, el 18,3% de la población tendrá 65 años o más.
Pero construir el hospital tampoco bastará. En julio de 2025, el país contaba con apenas 203 geriatras, uno por cada 4.000 adultos mayores, y con solo 51 residentes en formación. La brecha obliga a preparar desde ahora más geriatras, enfermeros, terapeutas, profesionales en salud mental y cuidadores, y a distribuirlos fuera de los principales centros urbanos.
A este panorama se suma el crecimiento de la llamada “cuarta edad”, integrada por las personas de 80 años o más. Según las proyecciones, en 2050 habrá 467.000 personas de 80 años o más, equivalentes al 8,65% de la población. Para entonces, la esperanza de vida al nacer alcanzaría los 84,27 años: 81,4 para los hombres y 87,2 para las mujeres.
Quienes tendrán 80 años en 2050 ya viven entre nosotros y hoy rondan los 56. Entre ellos puede estar usted, pero también ministros, diputados, jerarcas públicos y dirigentes políticos.
Lo que hagan o dejen de hacer ahora determinará en qué condiciones llegarán ellos y cientos de miles de costarricenses a esa etapa. Por eso, instamos a quienes gobiernan, legislan y dirigen las instituciones públicas a definir una estrategia nacional de envejecimiento, coordinada desde el más alto nivel del gobierno, con acciones, plazos, presupuesto y responsables claros, para evitar que miles de ciudadanos lleguen a la vejez sin ingresos suficientes, atención médica, cuidados ni autonomía.
Todavía es posible prepararse, pero el tiempo apremia. Y cerrar los ojos no detendrá el envejecimiento ni hará desaparecer las arrugas.
