Nunca hubo una muerte tan anunciada. Tal como sucede en la famosa novela de García Márquez, el desenlace de la historia del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) fue anunciado con años de anticipación. Más de 15 años, para ser precisos.
En aquel momento, el entonces superintendente de Pensiones, Édgar Robles, auguraba que el régimen estaría en colapso a mediados de la década de 2020, muy lejos del año 2044, según aseguraban los actuarios de la Caja y según garantizaba la Organización Internacional del Trabajo, sin ofrecer prenda alguna. El superintendente acusaba a la CCSS de maquillar los estudios actuariales con el fin de posponer reformas impopulares y políticamente costosas, necesarias para asegurar el pago futuro de beneficios de un régimen que evita que miles de adultos mayores caigan en pobreza.
Lo cierto es que las reformas aplicadas no movieron la aguja del reloj. Tras el estudio de la Superintendencia de Pensiones, se aprobaron varios cambios tímidos en el IVM: algunos, en la dirección correcta, y otros, no. A partir de 2010, las cuotas comenzaron a incrementarse 0,5% de manera tripartita cada cinco años, ritmo que se aceleró a cada tres años desde 2020, ante el insuficiente crecimiento de los ingresos. En 2017 y 2018, la cuota del trabajador aumentó adicionalmente 0,5% en cada año, luego de que no se cumplieran las proyecciones actuariales, las cuales no consideraron el aumento en la informalidad producto del mayor costo de afiliación.
Finalmente, en 2021, la CCSS aprobó tres nuevas medidas, con entrada en vigencia en 2024: la eliminación de la pensión anticipada para hombres, manteniendo la edad de jubilación en 65 años, y el aumento de la edad mínima de retiro para mujeres a 63 años; el cálculo de la pensión con base en los mejores 300 salarios, en lugar de los 240 previos, y la adición de un 1% a la pensión por cada año adicional trabajado a partir de las 300 cuotas, en vez de 240. En la práctica, las dos últimas medidas reducen las nuevas pensiones de un trabajador promedio en más del 10%.
La primera medida, por su parte, provocó una desbandada de afiliados –especialmente aquellos de mayores ingresos y con mayor estabilidad laboral– que buscaron pensionarse antes de que entrara en vigor la reforma. Esto maquilló el resultado financiero del IVM en 2024, pues los pensionados debían pagar el anticipo, pero a partir de 2025, pasaron a engrosar la lista de beneficiarios, sin que la CCSS contara con una nueva fuente de ingresos.
A pesar de todas estas reformas, la CCSS anunció que el año pasado utilizó ¢100.000 millones de la reserva y ¢215.000 millones de sus intereses para cubrir el faltante de cotizaciones para pagar beneficios. Conviene recordar que, cuando se aprobó la reforma de 2021, la Gerencia de Pensiones se vanagloriaba de que la vida del régimen se extendería más allá del año 2050. Por su parte, el estudio actuarial más reciente, antes de la reforma y con fecha de junio de 2024, indicaba que el IVM empezaría a gastar los intereses en 2030 y a utilizar la reserva en 2041, para agotarla en 2047. La realidad golpea en la cara.
Se suele argumentar que el otoño de cualquier sistema de pensiones de reparto es la demografía: poblaciones cada vez viven más y los jóvenes cada vez tienen menos hijos. No obstante, este comportamiento es conocido desde hace décadas. La causa real del problema es la desidia administrativa y proyecciones actuariales deficientes, que no incorporaron plenamente la magnitud de los cambios demográficos, el aumento en la informalidad ni la modernización del mercado laboral.
A ello se suma el incremento en la morosidad de las cuotas estatales, bajo el argumento del Ministerio de Hacienda de que nunca se analizó la viabilidad fiscal del aumento en la contribución del Estado.
Ante este problema, el gobierno recién electo propone saldar la deuda con la CCSS mediante la venta del BCR. Más allá de cuestionar el monto que eventualmente se obtendría –pago que, dicho sea de paso, debe realizarse y podría aliviar temporalmente el IVM–, dicho alivio sería efímero.
La razón es simple: nada estructural cambia con este pago. Los problemas de sostenibilidad del IVM permanecen intactos, pues no se abordan factores como el aumento en la expectativa de vida posterior a los 65 años y la caída en la tasa de fecundidad. A ello, se añade que un pensionado promedio del IVM recibe cerca del doble de la pensión para la cual cotizó. Esta fórmula fue viable en el pasado, cuando la fecundidad era alta y la esperanza de vida moderada, pero las condiciones han cambiado radicalmente desde que el sistema se creó.
Por ello, la venta del BCR para el pago de la deuda con la CSSS solo tiene sentido como respiración artificial mientras se impulsan reformas profundas que vinculen el monto de la pensión con las cotizaciones efectivamente realizadas, perseverando en el espíritu solidario del sistema, protegiendo el Régimen Obligatorio de Pensiones de propuestas populistas que buscan la entrega anticipada de los saldos acumulados, y ampliando la cobertura para reducir la pobreza en la vejez. De lo contrario, el IVM terminará como en la citada novela: el crimen es tan público que se hace inevitable.