En Costa Rica, el abandono de las personas adultas mayores se ha convertido en una herida social que crece silenciosamente. No es un fenómeno aislado ni puede recaer solo en las familias. Es reflejo de un país que, mientras presume valores de solidaridad y respeto, deja en la sombra a quienes dedicaron su vida al trabajo, el cuidado y la construcción de nuestra sociedad.
Como decía la sabiduría de nuestros abuelos: “Candil en la calle y oscuridad en la casa”. Mostramos hacia afuera la imagen de la familia funcional y la sociedad solidaria, pero ocultamos la desatención de quienes hoy dependen de nuestro compromiso ético y social.
Este abandono no solo proviene de la familia. También proviene del Estado costarricense, que con frecuencia elige mirar hacia otro lado. Un ejemplo claro es la crítica situación financiera de los hogares de larga estancia y los centros diurnos para personas adultas mayores.
Como administrador de un hogar de adultos mayores, he podido constatar que el Estado, a través de la Junta de Protección Social y el Conapam, cubre apenas cerca del 35% del presupuesto operativo anual. El otro 65% debe procurarse mediante bingos, rifas, alquileres de habitaciones, donaciones y múltiples actividades que, aunque llenas de buena voluntad, no deberían ser el pilar que sostiene una responsabilidad social tan delicada como el cuidado de la vejez.
Esta precariedad genera una sensación inevitable de injusticia. ¿Cómo es posible que el Estado, responsable por ley de la atención de las personas adultas mayores vulnerables, aporte menos de la mitad de lo necesario? ¿Cómo es que, en un país que envejece aceleradamente, seguimos sosteniendo los cuidados con buena fe, creatividad y voluntariado, en lugar de con políticas públicas sólidas?
Las preguntas se acumulan: ¿cuándo existirá justicia social en esta materia? ¿Cuándo reaccionarán la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo para asignar los recursos que permitan ofrecer cuidados dignos a estas personas?
Los diagnósticos están hechos desde hace décadas: la población adulta mayor aumentará de forma sostenida y la demanda por cuidados se multiplicará. Sin embargo, lo único que pareciera actualizarse periódicamente es la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez, sin que esa actualización se refleje en presupuestos reales, ni en una transformación sustantiva de los servicios.
Pareciera que, para nuestras autoridades, siempre hay temas más urgentes. Todo, menos enfrentar la realidad de miles de personas mayores que no pueden manifestarse, protestar o alzar su voz. Tampoco puede hacerlo el personal que las atiende, dedicado por completo a sus cuidados.
Las personas adultas mayores no son una carga; merecen atención y cuidados de calidad. Por eso, es urgente que se asignen recursos suficientes para garantizar servicios adecuados, que se profesionalice el cuidado y que se reconozca el verdadero costo de atender a quienes requieren apoyo permanente. Trabajar con personas mayores dependientes no es sencillo ni barato: exige personal capacitado, infraestructura segura, alimentación adecuada, medicamentos, insumos, transporte y, sobre todo, tiempo de calidad.
En los hogares de larga estancia, la esperanza de mis colegas es que llegue el día en que no deban angustiarse por cómo harán para pagar aguinaldos, sostener las planillas u organizar una actividad de Navidad para las personas usuarias. Eso no debería depender de rifas ni bingos. Debería ser un compromiso del Estado.
Recordemos un dato fundamental: en Costa Rica no existen hogares ni centros diurnos públicos. Las instituciones que existen, algunas con más de 100 años de servicio continuo, han sostenido a la vejez del país con recursos limitados, vocación inquebrantable y una lucha permanente por presupuesto.
No es sostenible. Y tampoco es justo.
Costa Rica afronta tiempos complejos, sí, pero la solución no puede ser delegar las responsabilidades estatales en organizaciones de bienestar social. Estas no pueden llenar eternamente la ausencia estructural del Estado.
Debemos caminar junto a la vejez. Ellos ya caminaron junto a nosotros y ahora nos toca a nosotros no soltarles la mano.
dansol20@hotmail.com
Daniel Solís Alfaro es licenciado en Trabajo Social y máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Cursa una maestría en Gerontología en la UCR.