El jueves pasado, Esteban Oviedo, uno de nuestros jefes de Redacción, publicó una columna de opinión en la que advertía: “No tenemos idea de lo que se nos viene encima” con el cambio demográfico que enfrenta el país. La frase no era retórica. El régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) enfrenta presiones que, tarde o temprano, obligarán a decisiones incómodas: aumentar la edad de retiro, elevar cotizaciones o ajustar beneficios. Pero el debate sobre el IVM es solo el síntoma visible de algo más profundo: Costa Rica está entrando en una transición demográfica que exige rediseñar su contrato social.
Durante décadas, nuestro modelo descansó sobre la premisa de que éramos un país joven. Muchas personas en edad productiva sostenían a relativamente pocos jubilados. El crecimiento poblacional acompañaba el crecimiento económico. El Estado social con salud, educación y pensiones se expandía sobre una base amplia de cotizantes. Esa estructura demográfica era el cimiento invisible del equilibrio institucional.
Hoy, ese cimiento cambió. Hace años, la tasa de fertilidad cayó por debajo del nivel de reemplazo. La esperanza de vida aumentó de forma sostenida. La proporción de personas mayores crece con rapidez y la base de trabajadores potenciales se esfuma. Costa Rica envejece más rápido de lo que sus instituciones están logrando adaptarse.
Reducir la discusión a cuánto subir la edad de retiro equivale a intentar reparar una grieta sin revisar la estructura del edificio. El envejecimiento no afecta únicamente las pensiones. Impacta el mercado laboral, la salud pública, la política fiscal, la productividad, la planificación urbana y, sobre todo, el equilibrio entre generaciones.
El contrato social implícito asumía un ciclo de vida relativamente lineal: estudiar hasta los veintitantos, trabajar durante cuatro décadas y retirarse por un periodo relativamente corto. Hoy la expectativa de vida se acerca a los 90 años y la aritmética ya no cierra.
En una sociedad longeva, la vida laboral no puede concebirse como un bloque rígido que termina abruptamente a una edad fija. Habrá que pensar en trayectorias más flexibles con reconversión profesional en la madurez, jubilaciones parciales, incentivos reales para prolongar la vida productiva sin precarizarla. No se trata de castigar con más años de trabajo, sino de rediseñar el sistema completo para que una vida laboral más extensa sea viable y digna.
El impacto tampoco se limita al empleo. El gasto público cambia de naturaleza. Si la natalidad continúa baja, la presión sobre educación básica puede estabilizarse o disminuir, mientras aumenta la demanda de servicios asociados a enfermedades crónicas y cuidados de largo plazo. El sistema de salud enfrentará una presión estructural creciente, no solo por las pensiones, sino por el costo de vivir más años.
La dimensión fiscal es igualmente delicada. Cuando disminuye la proporción de trabajadores formales respecto a los pensionados, depender casi exclusivamente de cargas sobre el trabajo se vuelve frágil. Las sociedades longevas deben diversificar sus fuentes de financiamiento y replantear la estructura tributaria con una mirada intergeneracional. De lo contrario, el peso recaerá de manera desproporcionada sobre una base contributiva cada vez más estrecha.
Existe además una dimensión política que rara vez se aborda. A medida que la población envejece, también lo hace el electorado. Las generaciones mayores, legítimamente, tenderán a proteger beneficios adquiridos. Las generaciones más jóvenes pueden percibir que financian un sistema del que no necesariamente disfrutarán en condiciones equivalentes. Si esta tensión no se gestiona con responsabilidad, se erosiona el pacto intergeneracional que sostiene la cohesión social.
La experiencia internacional demuestra que no hay soluciones indoloras ni atajos. Países que envejecieron antes que nosotros, como Japón, Corea del Sur o Alemania, han combinado aumentos graduales en la edad de retiro, incentivos al empleo sénior, políticas migratorias estratégicas e inversiones en productividad. Ninguno ha escapado a la aritmética demográfica, ya que, una vez que la natalidad se desploma, el retorno es casi imposible. La diferencia radica en si el ajuste fue anticipado y gradual, o tardío y abrupto.
Cuanto más se postergan las reformas, mayor es el riesgo de que las decisiones deban concentrarse en poco tiempo. Y cuando los ajustes se acumulan, el costo político y social aumenta. Francia demostró en 2023 que incluso incrementos moderados en la edad de jubilación (62 a 64 años) pueden provocar tensiones significativas si se perciben como rupturas del pacto social.
Envejecer como sociedad es, en muchos sentidos, un logro del desarrollo humano. Vivimos más y mejor. El desafío, sin embargo, es que nuestras reglas siguen diseñadas para un país que ya no existe.
La advertencia lanzada en esa columna de opinión sobre lo que se nos viene encima es pertinente. Pero la pregunta no se puede limitar solo a cuánto y cuándo ajustaremos el IVM. La pregunta es si estamos dispuestos a rediseñar el modelo para una sociedad longeva.