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Apoyamos el llamado de la presidenta de la República, Laura Fernández, a tramitar y discutir el proyecto de ley para fortalecer las pensiones del Régimen No Contributivo (RCN) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), las cuales se destinan a atender a población de escasos recursos. En este momento, más de 32.000 personas están en lista de espera para acceder a este ingreso básico de ¢82.000, en medio de fuertes limitaciones presupuestarias.
El plan de la administración Fernández propone destinar al RCN el dinero que hoy deben entregar los patronos al Banco Popular como parte de sus cargas laborales. La cifra equivale a un 0,25% de los salarios de cada mes.
Este rubro fue estipulado en la Ley Orgánica del Banco Popular, como una de las fuentes de financiamiento del fondo de trabajo del BP, desde 1969. En un principio, la contribución era de un 0,50%, pero empezando este siglo, en el 2000, el Congreso pasó un 0,25% al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias mediante la Ley de Protección al Trabajador.
La presidenta pidió a la Asamblea Legislativa aprobar con urgencia el plan 25721, el cual trasladaría el 0,25% al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) para que este financie las pensiones no contributivas. El mecanismo de traslado requiere garantías. Sería injusto que los fondos vayan a dar a la Caja Única del Estado y no lleguen a los beneficiarios.
Fernández argumentó que no se puede entusiasmar a los miles de adultos mayores que hacen fila por una pensión si no se identifica una fuente permanente de recursos que, a su vez, no implique subir impuestos.
El planteamiento merece ser discutido escuchando a las voces involucradas, entre ellas, evidentemente, el Banco Popular. En principio, se podría partir de que esta entidad financiera lleva 57 años percibiendo ingresos frescos mes a mes, provenientes de las planillas, lo cual habría sido suficiente para capitalizar su operación. No obstante, como corresponde en democracia, es pertinente escuchar su posición, sopesar las cifras reales y evaluar la relación costo-beneficio de retirar este aporte al banco para atender a un sector de la población.
Como lo establece el inciso 5 del artículo 140 de la Constitución Política, la mandataria ha puesto sobre la mesa legislativa una iniciativa pertinente para la formación de una ley, pero su labor no termina ahí. Si existe oposición, ya sea del banco, de fracciones de oposición o de los propios diputados oficialistas, el Ejecutivo debe negociar y pedir a los actores que planteen alternativas.
De lo que cabe poca duda es de que una parte de la población requiere apoyo para afrontar con mejores oportunidades una de las épocas más difíciles de la vida: la adultez mayor. Miles de personas, por distintas causas históricas, sociales y estructurales, nunca lograron cotizar lo suficiente para obtener una pensión. Las razones son numerosas y variadas; incluyen el trabajo informal y el trabajo no remunerado del hogar, por citar dos ejemplos.
Además, es bien sabido que Costa Rica está entrando en un proceso de envejecimiento acelerado. Un reciente reportaje del periodista Luis Enrique Brenes expuso que, en solo cinco años y por primera vez en la historia, el grupo de personas mayores de 65 años igualará en cantidad a las personas menores de 14. En el año 2031 habrá en el país 800.000 adultos mayores.
No todos los adultos mayores tienen la posibilidad de vivir dignamente, con una pensión o con el apoyo de hijos o nietos. El país tiene el esquema de pensiones no contributivas desde 1974, pero la demanda ha crecido con fuerza y el presupuesto se ha reducido.
También es necesario señalar que las pensiones del Régimen No Contributivo atienden a otros sectores que el Estado y la sociedad deben proteger. Se trata de personas con discapacidad, parálisis cerebral profunda y casos especiales, como viudas en desamparo, huérfanos o habitantes que viven en la extrema pobreza. Además del subsidio mensual, se les da aguinaldo y cobertura del seguro de salud.
Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) señaló que, para este 2026, el RNC tiene el presupuesto más bajo desde 2021, con ¢166.961 millones. Esto representa una reducción del 15% respecto a 2025 y responde directamente a una disminución en las transferencias del Gobierno Central.
A su vez, los ingresos del Gobierno se están deteriorando, lo que amerita una discusión y exigencia de cuentas por separado, pero tal deterioro sin duda impacta todos los programas sociales del país.
Por ahora, en esta materia del RNC de la CCSS, lo cierto es que el Poder Ejecutivo planteó una alternativa que, como dice la presidenta, debe tramitarse con urgencia. Esperamos ver a la bancada oficialista y a la oposición sentarse a conversar para dar prioridad a este tema.
