“Si no identificamos una fuente permanente de recurso, que no implique nuevos impuestos, o que no implique una promesa sin contenido económico, qué gano yo con entusiasmar a 30.000 adultos mayores en Costa Rica que hoy están en lista, esperando por esa pensión del Régimen No Contributivo, si no cumplo con mi deber y presento las reformas legales para encontrar el contenido económico que nos permita materializar esa meta nacional”, externó Fernández.
La mandataria hizo el llamado al Congreso, dominado por la bancada oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO), con 31 integrantes, durante la presentación del Plan Nacional de Desarrollo del periodo 2027-2030.
Fernández ligó el proyecto de ley con su propuesta de cerrar el periodo con una tasa del 14,4% de hogares en condición de pobreza por línea de ingresos. Esa cifra supondría una disminución de 0,8 puntos porcentuales respecto al valor base de 15,2% registrado en 2025.
Según la gobernante, la pobreza estructural está acentuada entre los adultos mayores, muchos de los cuales no pertenecieron al mercado formal de trabajo y, por lo tanto, no cotizaron para una pensión.
Fernández señaló que el país enfrenta una dicotomía, pues esta población tiene una esperanza de vida “gigantesca”, pero carece en muchos casos de los medios económicos necesarios para hacer frente a esa etapa de su vida.
¿En qué consiste la propuesta?
Actualmente, los patronos pagan al BP un 0,5% sobre el monto de la planilla. De este aporte, un 0,25% se queda en el Banco y el otro 0,25% se redirige a las cuentas del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC) luego de 18 meses.
El proyecto 25.721, presentado por el Poder Ejecutivo, establece que el 0,25% de las remuneraciones que actualmente corresponde al aporte patronal al Banco Popular se destinaría al Régimen No Contributivo (RNC) de la CCSS desde el momento de su recaudación.
No obstante, los recursos no serían transferidos directamente a la CCSS para su administración. El proyecto establece que el dinero se destine al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), desde donde se financiarían las nuevas pensiones.
El expediente fue presentado el pasado 18 de agosto, por lo que apenas inicia su trámite en el Congreso. Sin embargo, la bancada oficialista podría reunir los siete votos que le hacen falta para alcanzar los 38 necesarios para aprobar una moción de dispensa de trámite y, de esa manera, agilizar su discusión legislativa.
Iniciativas similares ya se han presentado
Esta no es la primera vez que se presenta ante el Congreso una propuesta para redirigir el 0,25% de las remuneraciones que recibe el Banco Popular hacia otro destino.
Durante el periodo legislativo anterior, el entonces diputado, Alejandro Pacheco, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), presentó un proyecto similar, aunque planteaba destinar esos recursos al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS.
El texto, además, era idéntico al que habían presentado los exdiputados socialcristianos Pedro Muñoz Fonseca y María Inés Solís Quirós durante el periodo 2018-2022. Esa iniciativa recibió un dictamen afirmativo unánime de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa; sin embargo, fue archivada en setiembre de 2023.
¿Qué son las pensiones del RNC?
El RNC fue creado en 1974 y su objetivo es brindar una pensión a las personas que no hayan cotizado a ningún fondo básico como el IVM, el del Poder Judicial o el del Magisterio Nacional.
Al cierre de abril pasado, el RNC cubría a 159.274 beneficiarios. El beneficio contempla un pago mensual de ¢82.000, aguinaldo y cobertura del Seguro de Salud.
Aunque el programa es administrado por la CCSS, su financiamiento proviene principalmente del Fodesaf, adscrito al Ministerio de Trabajo, que aporta un 10,35% de sus ingresos totales.
El sistema también se nutre de impuestos sobre licores, cervezas y cigarrillos, transferencias del Ministerio de Hacienda mediante el Presupuesto Nacional, entre un 9% y un 9,5% de las utilidades de la lotería y recursos obtenidos por multas establecidas en el Código de Trabajo.
